Los asesores de los ministros y del presidente del Gobierno son un secreto de estado. Sus nombres –y, más importante aún, su preparación- no son públicos, pese a que trabajan para nosotros.

El pasado verano, varios medios (aquí y aquí, por poner sólo dos ejemplos) recogían una misma noticia: el ministro Soria contrata como asesora a una presentadora de Intereconomía. La fuente de la misma no fue la página oficial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ni siquiera el Registro Central de Personal del Gobierno, el anexo de personal del departamento en los Presupuestos o el BOE, sino la página de Linkedin de la protagonista de la historia, que fue eliminada poco después de hacerse público su nombramiento. No es un caso aislado. Javier de Paz, amigo de Zapatero, ha sido citado en prensa (aquí y aquí, por ejemplo) como asesor personal del expresidente pero, ¿ostentó ese cargo de manera oficial?

¿Cómo podemos saber si estas noticias son ciertas? ¿Desde cuándo y hasta cuándo fueron asesores? ¿Están preparados para ejercer esa función? Imposible llegar al fondo porque esa información se esconde a la ciudadanía.

El proyecto de presupuestos para 2014 incluye una importante partida destinada a pagar los sueldos de este tipo de trabajadores públicos: 41,46 millones de euros. Además, esas mismas cuentas incluyen 644 personas contratadas como personal eventual sólo en los 13 ministerios. Tenemos derecho a saber quiénes son y cuál es su trayectoria.

No es imposible. Algunas administraciones públicas, como la Generalitat de Catalunya, publican en su boletín oficial el nombramiento de asesores (por ejemplo, aquí) tal y como lo marca el Decreto sobre el Régimen Jurídico del Personal eventual aprobado en 2005, que obliga a hacer públicos los nombres de los cargos de confianza de los consellers y el presidente de la Generalitat.

Los nombramientos a funcionarios elegidos por libre designación para un puesto, así como los altos cargos del Estado, aparecen en el BOE. ¿Por qué la elección del personal eventual se mantiene oculta?

Esta opacidad no es exclusiva de los ministerios: no existen documentos oficiales que acrediten el cargo de Ángel Carromero como asesor en el Ayuntamiento de Madrid como no los hubo en el caso de Ignacio Varela en el Ayuntamiento de Collado Villalba, por poner sólo dos ejemplos. El nombramiento de todo el personal que trabaje en las administraciones debe ser público y vamos a presionar porque así sea, empezando por los cargos más importantes de la Administración General del Estado. 

Firma para que el Gobierno publique el nombre y curriculum completo de los asesores de todos los ministros y del presidente del Gobierno, porque trabajan para nosotros y tenemos derecho a saber quiénes son.

Foto: La Moncloa