‟Estas acusaciones carecen de fundamento" — Últimas palabras de Dolors Bassa, Ministra de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalidad de Cataluña, en el juicio político celebrado en Madrid el 12 de junio de 2019

Dolors Bassa fue diputada del Parlamento de Cataluña desde 26 de octubre de 2015 hasta 22 de marzo de 2018. Después la votación fallida para la investidura de Jordi Turull como presidente de la Generalidad de Cataluña, debido a una decisión presuntamente ilegal del juez Pablo Llarena, renunció, como también Carme Forcadell y Marta Rovira, al acta de diputada del Parlamento de Cataluña. Como Ministra [Consejera] de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalidad de Cataluña, fue declarada cesada por España el 28 de octubre de 2017 en violación de una ley orgánica del Estado español — y sin base legal suficiente en la Constitución española — y posteriormente fue encarcelada por el poder judicial español en una cooperación claramente colusoria con el gobierno español desde el 23 de marzo de 2018, sin que existiera ninguna base reconocible para ello en el derecho penal español. Es una presa política destacada en España y, por tanto, también en la Unión Europea, cuya suerte se sigue con compasión en todo el mundo.

Según el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, la detención de Dolors Bassa es arbitraria. El proceso penal contra ella, que se lleva a cabo en la primera y única (!) instancia ante el Tribunal Supremo de Madrid, carece de fundamento. Viola el derecho internacional vinculante (ius cogens), el derecho europeo y el derecho español. La forma en que España priva a Dolors Bassa de sus derechos civiles recuerda claramente la injusticia del nacionalsocialismo alemán y del franquismo español.

Según el órgano competente de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria creado por el Consejo de Derechos Humanos, España ha violado, en el caso de Dolors Bassa, los artículos 2, 9 a 11 y 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 14, 19, 21, 22, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Dolors Bassa está detenida en España por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política. Su encarcelamiento viola el principio de la igualdad de todos los seres humanos porque estaba justificado por su opinión política. Los procedimientos penales incoados contra ella ni siquiera ofrecen las garantías básicas para un juicio adecuado y justo ante un tribunal competente e imparcial y para una defensa adecuada. El juicio contra ella y otros presos políticos catalanes, una farsa barata, es una vergüenza para España y para la Unión Europea en su conjunto, que tolera tácitamente estas graves violaciones de los Derechos Humanos.

Que todas las personas de bien escuchen las palabras finales de Dolors Bassa en el juicio político de Madrid!

Y la Unión Europea está en silencio y no hace nade!

Últimas palabras de Dolors Bassa ante el Tribunal Supremo de Madrid el 12 de junio de 2019:

«¡Muchas gracias, presidente!
¡Buenas tardes, señorías!

Llegamos al final de más de cincuenta jornadas de juicio, con idas y venidas, en mi caso de Alcalá Meco, ustedes de la calle. Todos cansados, todos con la vista puesta en el “qué pasará ahora”, pero además de estas idas y venidas, con 478 días en la mochila con un encarcelamiento en una celda en la prisión.

¿Cómo me he sentido? Pues es un juicio que durante las jornadas, a veces me he indignado, a veces me he escandalizado y a veces, entristecido, la mayoría de las veces, entristecido, y todo debido y a la vista de las acusaciones, argumentaciones de las acusaciones que es verdad que han hablado de hechos, hechos que pueden haber sido verdad o que han sido falsos sin tenerlo en cuenta. Han hablado de la intensidad de estos hechos y de la intencionalidad, pero nunca, ni una sola vez, han hablado de derechos o de vulneración de derechos a muchos de los ciudadanos.

Es verdad que no tengo formación jurídica, ni mucho menos el nivel de cualquiera de ustedes, pero debo decir que en mi opinión, hablar de un desorden público determinado, de una persona en concreto y en particular en un momento dado, no debería poder ser imputable a una rebelión ni de un gobierno legítimo ni de una organización civil. Que hablar del decreto de unos servicios esenciales de una huelga convocada formalmente en tiempo y forma, con el apoyo y convocada por los sindicatos, pero también con el acuerdo de las patronales, no debería poder ser inducida a prueba de acusación como han hecho las fiscalías. O bien a un error o bien una falsedad, probable y comprobable fácilmente que ha sido en la exposición pública no podría ser considerada prueba afectiva como se pretende.

No sé si estamos en un juicio político o no, no soy yo quien tiene que decirlo, pero lo que sí que puedo afirmar es que ante la exposición de estos argumentos de las fiscalías, estamos en un juicio en el que subyace un gran fondo político.

Ante ustedes está una persona que, como he dicho, no tiene formación jurídica, es una persona que de profesión es profesora, que me considero republicana, feminista, independentista y demócrata, cuyo compromiso social y político me viene de mi paso por el sindicalismo, en este caso la Unión General de Trabajadores. Mantengo estas ideas y estas convicciones más allá de que antes de entrar en la cárcel dejé mi acta de diputada y, por tanto, no he vuelto a los comicios y no tengo ninguna representación política institucional, pero sigo siendo la misma. A partir de esta premisa, quería informarles, decirles claramente, tres ideas.

Primera, que niego los hechos que me han sido imputados, soy inocente y lo quiero decir con voz clara y alta, soy inocente. Ninguna de las pruebas presentadas que hagan referencia a una actuación mía delictiva han podido ser comprobadas, han sido los abogados defensores, y en especial, la argumentación de mi abogado defensor Sr. Mariano Vergés — a quien le agradezco, no solamente la profesionalidad, sino el acompañamiento que me ha hecho personal durante todo este difícil tiempo de cárcel — , que las han desmontado, las han desacreditado, y, por tanto, estas acusaciones carecen de fundamento.

Segundo, que quería decirles, durante los 22 meses del cargo de ‘Consellera del Govern de la Generalitat’, que yo creo que es el mayor honor que puede tener cualquier persona, de servidora pública, lo he hecho honestamente. He hecho de servidora pública de manera que sirviera para el cien por cien de la ciudadanía, me he encargado y he liderado la ‘Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies’, intentado acordar los mejores avances sociales para toda la ciudadanía. Hemos conseguido un avance social que en estos últimos comicios, gran parte de los políticos, gran parte de los programas políticos, llevaban, y en Cataluña lo hemos conseguido, un acuerdo de todos los partidos, lo digo así porque esta es mi forma de ser, intentar acordar. Pero tampoco podíamos desobedecer, y en mi caso personal, no quería desobedecer, la demanda del 80% de la población que pedía votar. Y esto es lo que hemos hecho, porque así ha sido el mandato democrático, y desobediencia hubiera sido presentarnos con un programa y no cumplirlo, nosotros lo hemos cumplido. Quiero decir que mi mentalidad negociadora del sindicalismo, si algún día hubo tensión, si en algún momento hubo tensión política, siempre creí que era un conflicto político transitorio, y nuestra manera de avanzar era conseguir negociar, por tanto muy lejos de lo que algunos nos han acusado de poner en jaque un orden constitucional. Por tanto, siempre, siempre, he rechazado la violencia y jamás la he promovido. Pero es verdad que no encontrarán nada exactamente, ni una palabra, ni una argumentación, ni en las redes, ni en ninguna entrevista que haga referencia a la violencia o que la promueva, por tanto, en todo caso lo que habrá son palabras de diálogo y democracia. Es por ello que aspiro a una sentencia absolutoria y al mismo tiempo pido mi libertad para esperar la sentencia en casa.

Pero, señorías, quiero añadir algo que para mí es importante, pertenezco a la generación, los que tenemos 60 años, que en Cataluña escuchamos a nuestros abuelos que nos contaban algo llamado ‘El Procés a Catalunya’, algo difícil y complicado, que igual en los libros no estaba escrito. Todos sabemos que la historia no se escribe en los libros, porque a veces los libros de historia los escriben los poderosos y los vencedores, pero sí que se transmite por vía oral de nuestros ancestros. Yo no querría por nada del mundo, que mi nieta de cuatro años, que se llama Senda, tenga que escuchar algo referente a un ‘Procés a Catalunya’ o cómo de horroroso puede ser un ‘Procés contra Catalunya’. Las generaciones que vienen dependen de su sentencia. Su sentencia, señorías, no sólo determinará la etapa final de mi vida, no sólo determinará lo que pueda hacer a partir de ahora, sino que puede ser el principio de una solución para muchas personas. Les pido que piensen en ello, les pido y les hago reflexionar de que su sentencia no será sólo mi libertad, sino que será la libertad en mayúscula de muchas generaciones.

Muchas gracias, señoría, no sólo por haberme oído, sino por haberme escuchado.

¡Muchas gracias!»

La transcripción fue amablemente proporcionada por la revista L'Unilateral — El digital de la República Catalana.