Antes del expediente disciplinario arbitrario que os conté la semana pasada, había alcanzado el máximo nivel posible por concurso de méritos. Tenía valoraciones muy positivas respecto de mi trabajo, recogidas incluso en el propio expediente de forma reiterada. Como consecuencia del procedimiento, había sufrido los daños de verme privado durante 14 meses del sueldo ganado honradamente, pero, al tratar de reincorporarme al puesto de trabajo que ocupaba, me encontré con una nueva sorpresa preparada por la Administración. La respuesta al intento de ejercer normalmente mis derechos laborales consistió en indicarme que ese puesto había desaparecido, y que me pasaban a un puesto base –el nivel mínimo; 300€ menos cada mes–. La explicación –un auténtico ejercicio de despotismo cínico– consistía en que, en mi ausencia, se había tramitado una modificación, que permitía mi continuidad; sin embargo, en el momento en que pretendo reincorporarme, la Xunta de Galicia descubre que esa modificación tenía tal calado que debía considerarse como una amortización. Los procedimientos tienen vías muy distintas: la amortización requiere la audiencia de la persona interesada, para que pueda defender sus derechos, y también un informe preceptivo de los órganos de representación del personal. Ninguno de estos requisitos se había cumplido, pero respetar la legalidad constituía una cuestión intrascendente para la Administración. Lo más sangrante del caso lo veo en que, ante el despropósito evidente, acudí a la justicia de nuevo. Contra cualquier garantía de legalidad, la sentencia le daba la razón a la Xunta de Galicia, sin importar que se cumpliese o no la ley; que yo pudiese defender mis derechos o que los órganos de control quedasen ignorados en el ejercicio de sus funciones. Aquí tenéis el enlace a la sentencia, por si queréis comprobar lo que os cuento: https://www.facebook.com/groups/200168157378467/ Esto, hasta hoy, representa otros 17.000€ de pérdidas que añadir a los daños, además de las costas judiciales, de los que Hacienda tampoco sabe nada cuando me reclama los 10.000 de los que trata esta solicitud de Change. Desde un principio he insistido en que se cumpla no solamente la legalidad, sino también las garantías mínimas de que vivimos en un Estado de derecho, donde las instituciones públicas velan por la calidad de la convivencia, antes que por amparar abusos, atropellos y desmesuras. He pedido que se me dé el mismo trato que a las demás personas a las que se les ha ‘modificado’ la plaza. He encontrado casos en los que las modificaciones han sido más profundas, sin que se considerasen los suyos puestos amortizados. He acudido a la Valedora do Pobo –Defensora del Pueblo de Galicia–, que ha comprobado el trato gravemente discriminatorio en mis derechos laborales y, una vez confirmada la la veracidad de mi versión, se ha quedado en silencio. Con resultar muy grave lo expuesto, la semana que viene os relataré lo más duro. Hechos en los que veréis hasta dónde llega el despotismo y la arbitrariedad de las instituciones que pagamos desde la sociedad, y que olvidan su función de defender la convivencia.