Comienzo aquí una serie de actualizaciones, en las que narro cómo se generó este desastre de las Administraciones públicas, entre las que cuento la de Justicia. El motivo por el que sufrí un expediente disciplinario, con 14 meses de suspensión de empleo y sueldo, estuvo en mi negativa a redactarle discursos políticos a un director general. Durante toda mi vida laboral he procurado actuar responsablemente y colaborar en la mejora de los servicios que desde el sector público le prestamos a la ciudadanía. Incluyo el apoyo a la imagen de los altos cargos, para los que he redactado infinidad de intervenciones y documentos, siempre que esto resulte compatible con mi conciencia y con la función por la que la sociedad me paga. Mi negativa en aquel momento a redactar discursos políticos se basaba, por una parte, en que estaba fuera de mis funciones, dado que esta labor le corresponde al personal de confianza, del que nunca he formado parte. Por otra, en el hecho de que el director general pretendía -con hechos documentados, no con palabras- que me dedicase en exclusiva a su servicio, y abandonase mi actividad como responsable de un equipo de trabajo. Como había ganado el puesto por concurso de méritos, le resultaba inviable removerme de él, por lo que me amenazó con transformarlo en otro de libre designación, en el que pondría a quien quisiese. Esto consta en la documentación del procedimiento, que la Xunta de Galicia se niega a facilitarme, so pretexto de que ya me la entregaron hace 13 años, por lo que mi pretensión la consideran una reiteración inaceptable. Alguien debió de disuadir al director de su propósito, pero optó por la vía del expediente disciplinario: acumuló una serie de cargos disparatados -entre ellos, mi negativa a traducir de castellano a gallego 10.000 páginas ya traducidas por otro órgano que, además, tenía la competencia-, que redundaron en la sanción que he comentado. En la vía judicial quedó anulado el expediente, pero los daños ocasionados por más de un año sin ingresos podéis fácilmente imaginar adónde llegaron. Tuve que vender en unas condiciones desastrosas la vivienda que había adquirido: me quedaban 30€ de ahorros el día en que llegué a un acuerdo, con las condiciones que me ofrecieron, que pasaban por una rebaja de alrededor del 40% del precio que alcanzaría en el mercado. Allí se quedó el mobiliario que había adquirido -no tenía adónde llevarlo-, los muebles de obra, la cocina y todo lo que necesita cualquier vivienda para resultar habitable. Imaginaréis fácilmente que, además del daño económico, sufrí el de verme en la calle, consumiendo lo que me había quedado de la venta, y perdido el patrimonio que había logrado honradamente. Pero hay más aspectos, que contaré más adelante. Solamente os adelanto que el total de los daños económicos asciende a unos 100.000€, por actuaciones que considero gravísimamente irresponsables por parte de las Administraciones públicas. Muchas gracias por vuestro apoyo. Estoy seguro de que caminamos hacia un sistema verdaderamente al servicio de la ciudadanía, libre de déspotas y de abusos tan absurdos como intolerables.