Racionalidad en la Ley del IRPF

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Nos puede pasar a cualquiera, con un daño muy grave para nuestra economía.

A quienes se nos ha privado injustamente de nuestro sueldo, si lo recuperamos por la vía judicial, Hacienda nos exige una tributación extraordinaria, que se incrementa en función directa al daño que hayamos sufrido.

La Agencia Tributaria me ha cobrado casi 10.000€ -además de la retención normal- por haber recuperado 14 meses de sueldo a través de una sentencia judicial, y también se ha quedado con las desgravaciones que me corresponderían en los ejercicios en los que tendría que haber percibido mis retribuciones.

Tanto el Defensor del Pueblo* como el Consejo General para la Defensa del Contribuyente**, ante las quejas formuladas por personas que nos hemos visto perjudicadas, han expresado en este tema su discrepancia con el criterio de la Administración tributaria, pese a lo cual esta lo mantiene, con argumentos como ‘la simplificación de trámites’ o la ‘comodidad’ que reporta a quien lo sufre.

De acuerdo con la ley estatal del IRPF, cualquier persona que padezca una retención ilegítima de su remuneración puede sufrir un daño económico grave por parte de la Administración tributaria, por lo que creo que esta norma necesita adaptarse inmediatamente a una sociedad igualitaria y justa, integrada por seres humanos. Según su artículo 14.2, los rendimientos del trabajo percibidos en períodos distintos a aquellos en que fueron exigibles se imputan a estos; sin embargo, los ‘percibidos por sentencia judicial se imputan al momento en que esta adquiere firmeza’, lo que puede derivar en una tributación tan desproporcionada como arbitraria.

Semejante situación creo que carece de cabida constitucional, ya que la igualdad parece muy poco compatible con que unas personas tributen según los ingresos de cada ejercicio, con sus desgravaciones, mientras otras, por el hecho de que se nos hayan retenido en contra de nuestra voluntad, debemos declarar cantidades incrementadas desproporcionadamente, con el consiguiente perjuicio económico.

En mi caso, recuperar los salarios de 14 meses íntegros supuso que la Agencia Tributaria me remitiese dos años después una ‘propuesta’ de liquidación provisional, relativa al ejercicio en que se me restituyeron, que incrementaba a bastante más del doble la base imponible, con lo que el saldo a pagar se elevaba de 38 a 7.483 € (7.445 € más).

A esto se le sumaban intereses de demora y una sanción próxima a los 2.000 €, por lo que me obligó a satisfacer un total de 9.784 €.

La cuota pasaba, en números redondos, de 4.600 € casi a cuadruplicarse, sin contar los recargos citados.

Esto significó también la pérdida de las desgravaciones de los ejercicios en que, oficialmente, mis ingresos habrían hibernado, por lo que amortizar la totalidad de la hipoteca (34.000€) que tenía en aquel momento –me había visto obligado a vender precipitadamente mi vivienda, para subsistir y pagar una deuda que no podía afrontarno generaba compensación alguna en la cotización.

Además de evitar un daño económico severo, que los poderes públicos acepten un trato ponderado para todas las personas que recuperamos cantidades atrasadas significa un paso más hacia una legislación verdaderamente comprometida con la sociedad y la justicia, y hacia una convivencia verdaderamente democrática, en la que, desde el punto vista de la hacienda pública, contribuyamos en la forma equitativa que proclama la Constitución.

Creo que la Justicia debe aparecer como un medio legítimo para recuperar derechos, libre de cargas extraordinariasderivadas del simple hecho de que nos asista la razón–, dentro de los cauces normales de convivencia y equidad.

Para resolver esta situación, basta con eliminar esa discriminación arbitraria que establece la Ley del IRPF, respecto de quienes recuperamos derechos económicos a través de una sentencia judicial y quienes lo hacen por cualquier otro medio, o a quienes simplemente se les satisfacen sus salarios en el momento que corresponden.

Así mismo, resulta necesario que, a quienes hemos padecido esta situación anómala, se nos repare el daño que se nos ha causado.

Si conseguimos este cambio, toda la sociedad sentirá mayores garantías a la hora de acudir a la justicia, ya que, en este caso, el éxito en la vía judicial conducirá a una recuperación normal de lo perdido, con la tributación que le corresponde; para toda la sociedad, significa un paso adelante para que los poderes públicos respeten plenamente a la ciudadanía, y para que los órganos de defensa de nuestros intereses resulten verdaderamente efectivos.

 

 *La comunicación de 4 de agosto de 2017 que recibí indica que el Defensor del Pueblo dejará ‘constancia en el informe que anualmente se presenta a las Cortes Generales, de la disconformidad de esta institución con el criterio adoptado.’

**Consejo para la Defensa del Contribuyente, Memoria 2015, pág. 61 (http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabSEHacienda/CDC/Memorias/MemoriaCDC2015.pdf).



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