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Berlín, 18 de mayo de 2021

COMUNICADO DE LOS COLOMBIANOS RESIDENTES EN BERLÍN A LA OPINIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FRENTEA LA CRISIS HUMANITARIA EN COLOMBIA

PEDIMOS LA ATENCIÓN Y APOYO INTERNACIONAL PARA GARANTIZAR LA VIDA EN COLOMBIA, UN DERECHO QUE HA SIDO VIOLADO REPETIDAMENTE, TODO HA QUEDADO EN VIDEOS COMO MATERIAL PROBATORIO.

Los colombianos y colombianas en Berlín hoy nos sumamos a una masiva jornada de protestas en nuestro país, y en otras partes del mundo, en solidaridad con nuestro pueblo que se moviliza en contra del gobierno autoritario de Iván Duque.

La ciudadanía colombiana se encuentra en paro nacional indefinido desde el día 28 de abril de 2021, convocado por diferentes sectores de la sociedad civil como los sindicatos, organizaciones de derechos humanos, entre otros, para manifestarse en contra de una reforma tributaria regresiva que castiga desproporcionadamente a la clase trabajadora en medio de una pandemia global. Como consecuencia, la gente ha salido masivamente a las calles a protestar de forma pacífica, haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta social.

Sin embargo, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el partido de gobierno, Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez han decidido dar tratamiento de guerra a una situación que debería resolverse por la vía del diálogo social. El día 1 de mayo decidió activar la figura de Asistencia Militar para incrementar la represión sobre los manifestantes en contra de la reforma tributaria y de las personas en desacuerdo con sus políticas. Ayer, 17 de Mayo ordenó nuevamente el despliegue de toda la capacidad militar para la represión de la protesta.

Además del descontento con la reforma tributaria, la población colombiana se ha manifestado en contra de la reforma a la salud, de la reforma pensional en proyecto, el asesinato de líderes sociales durante el gobierno vigente y la intensión declarada de impedir la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC. El descontento también se suma a la impunidad frente a los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos durante el mandato del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, los problemas irresueltos durante el Paro Nacional de 2019 y el abuso policial ocurrido el 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, donde se constató la actuación irregular y criminal de la Policía Nacional. Aunque ya se anunció el retiro de la reforma tributaria, la población se mantiene en las calles contra los abusos autoritarios, la falta de voluntad real de negociación frente al resto de problemas sociales y la ruptura del Estado de Derecho.Entre el 28 de abril y el 12 de mayo, según la ONG Temblores se reportaron:

-       2110 casos de violencia policial

-       362 víctimas de violencia física por parte de la policía

-       39 víctimas de violencia homicida por parte de la policía y varios casos se encuentran en proceso de verificación de otros 7 homicidios,

-       1055 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes

-       442 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública

-       30 víctimas de agresión en sus ojos

-       133 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía

-       16 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública

Además, la Guardia Indígena ha sido estigmatizada por el partido de gobierno, y ha sido víctima de ataques con armas de fuego por parte de particulares. Dichos ataques han sido registrados en video y circulan públicamente, evidenciando la presencia de la Policía Nacional durante los hechos. A pesar de eso, la justicia colombiana no ha operado, y a la fecha no hay ninguna orden de captura o judicialización al respecto. Este hecho constituye un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma, que la comunidad internacional debe rechazar inmediatamente.

Denunciamos internacionalmente que el candidato presidencial y Senador por el Polo Democrático Alternativo (partido de oposición), Alexander López Maya, ha recibido amenazas de muerte sobre su vida y la de su familia, obigándolo a dejar el país. El grado de precisión de las amenazas sugieren la colaboración de organismos de inteligencia del Estado Colombiano, como ha ocurrido en el pasado. Todo esto da cuenta de que en Colombia, el partido de Gobierno no brinda garantías mínimas para el ejercicio de la oposición política y el  desarrollo de la democracia.

Finalmente rechazamos y desmentimos de forma contundente la acusación de Álvaro Uribe Vélez, que criminaliza y estigmatiza a los colombianos en el exterior que participamos en la jornadas pacíficas de protestas alrededor del mundo. Esta gravísima acusación constituye una calumnia irresponsable que pone en riesgo nuestras vidas y las de nuestras familias en el marco de la situación actual.

 

La  diáspora colombiana manifiesta su rechazo a la violación sistemática de los derechos humanos que se viene cometiendo por el Gobierno Nacional, y las provocaciones al uso de armas de fuego en contra de la población civil emitidas por Álvaro Uribe Vélez desde su cuenta de Twitter. En consecuencia, se ha roto el orden constitucional que deja a la población civil indefensa ante la concentración de poder, y que lesiona profundamente la democracia.

 

Por todo lo anterior,  instamos a la comunidad internacional a:

-       Presionar al Gobierno Colombiano para la judicialización de los responsables de los ataques a la Guardia Indígena, en cuanto esto constituye un crimen de lesa humanidad.

            -  Rechazar enfáticamente la sistemática violación de los protocolos internacionales de Derechos Humanos de los cuales el Estado colombiano es signatario.

- Presionar por el retiro de la asistencia militar de las calles de Colombia, cuya participación según la CIDH debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada para cumplir con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

            -  Enviar una misión de observación de emergencia para garantizar el cese de la violencia cometida por parte de las fuerzas armadas en contra de la población colombiana

            -  Exigir el respeto del derecho a la legítima protesta por parte del Gobierno Nacional y el partido de gobierno, Centro Democrático. Este derecho está consagrado en la Constitución Nacional de 1991 y es una libertad fundamental constitutiva del espíritu democrático que fundamenta el sistema jurídico internacional vigente.

            -  Establecer un proceso de observación continuo para garantizar el respeto de los derechos humanos por parte del Gobierno de Iván Duque.

            -  Usar todos los mecanismos diplomáticos a su alcance para que se garantice el compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la judicialización de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la presente jornada de protestas masivas, y en general los asesinatos a otros líderes sociales que la justicia Colombiana no ha investigado. Especialmente, pedimos al parlamento Europeo a revisar la cláusula de Derechos Humanos presente en el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, como medida de presión real y decisiva frente a la coyuntura actual.

Firma:


COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS RESIDENTES EN BERLÍN 


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Berlin, den 18. Mai 2021

 

OFIZIELLE MITTEILUNG DER KOLUMBIANISCHEN BEWOHNER*INNEN BERLINS AN DIE INTERNATIONALE ÖFFENTLICHE GEMEINSCHAFT ZUR HUMANITÄREN KRISE IN KOLUMBIEN.

 

WIR BITTEN UM INTERNATIONALE AUFMERKSAMKEIT UND UNTERSTÜTZUNG UM DAS RECHT AUF LEBEN IN KOLUMBIEN ZU GEWÄHRLEISTEN, EIN RECHT, DAS BISHER WIEDERHOLT VERLETZT WURDE, WAS UNTER ANDEREM IN VIDEOS ALS BEWEISMATERIAL FESTGEHALTEN WORDEN IST.

 

Die Kolumbianer und Kolumbianerinnen in Berlin schließen sich heute einer massiven Protestwelle in unserem Land und in anderen Teilen der Welt an, in Solidarität mit unserem Volk, das sich gegen die autoritäre Regierung von Iván Duque mobilisiert.

 

Die kolumbianische Bevölkerung befindet sich seit dem 28. April 2021 in einem unbefristeten landesweiten Streik, zu dem verschiedene Gruppen der Zivilgesellschaft wie Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen, u.a. aufgerufen haben, um gegen eine rückschrittliche Steuerreform zu demonstrieren, die die Arbeiterklasse mitten in einer globalen Pandemie besonders hart treffen würde. Infolgedessen sind die Menschen massenhaft auf die Straßen gegangen, um friedlich zu demonstrieren und von ihrem legitimen Recht auf sozialen Protest Gebrauch zu machen.

 

Der Präsident der Kolumbianischen Republik, Iván Duque Márquez, und die Regierungspartei „Centro Democrático“, an dessen Spitze der ehemalige Präsident Álvaro Uribe Vélez steht, haben jedoch beschlossen, eine Situation, die durch sozialen Dialog gelöst werden sollte, wie einen Krieg zu behandeln. Am 1. Mai beschloss Duque, die Militärhilfe zu aktivieren, um die Unterdrückung der Demonstranten gegen die Steuerreform und derjenigen, die mit seiner Politik nicht einverstanden sind, zu verstärken. Gestern, am 17. Mai, ordnete er erneut den Einsatz aller militärischen Kapazitäten an, um den Protest zu unterdrücken.

 

Neben der großen Ablehnung der Steuerreform hat die kolumbianische Bevölkerung auch gegen die Gesundheitsreform, das Projekt der Rentenreform, die Ermordung sozialer Anführer während der aktuellen Amtszeit und die erklärte Absicht, die Umsetzung des 2016 unterzeichneten Friedensabkommens mit der FARC-Guerilla zu verhindern, demonstriert. Die Unzufriedenheit ist außerdem eine Folge der fehlenden Strafverfolgung der 6.402 Fälle von außergerichtlichen Ermordungen, die während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez begangen wurden, der ungelösten Fälle, die sich aus dem Nationalstreik von 2019 ergaben und der polizeilichen Gewalt, die am 9. September 2020 in Bogotá verübt wurde, wo sich die irregulären und kriminellen Handlungen der Nationalen Polizei bestätigt haben. Zwar wurde die Steuerreform inzwischen von der Regierung zurückgezogen, doch die Bevölkerung geht weiterhin gegen autoritäre Übergriffe, den Mangel an echter Verhandlungsbereitschaft angesichts anderer sozialer Probleme und den Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit auf die Straßen. Zwischen dem 28. April und dem 12. Mai wurden nach Angaben der NGO „Temblores“ folgende Fälle gemeldet:

 

-       2110 Fälle von Polizeigewalt

-       362 Opfer von physischer Gewalt durch die Polizei

-       39 Opfer von Tötungsdelikten durch die Polizei und mehrere Fälle von 7 weiteren Tötungsdelikten sind im Prozess der Überprüfung,

-       1055 willkürliche Verhaftungen von Demonstranten

-       442 gewaltsame Eingriffe durch die Sicherheitskräfte

-       30 Opfer von Angriffen auf die Augen

-       133 Fälle von Schussverletzungen durch die Polizei

-       16 Opfer von sexueller Gewalt durch die Sicherheitskräfte

 

Darüber hinaus wurde die Indigene Schutztruppe (Guardia Indígena) von der Regierungspartei

stigmatisiert und wurde Opfer von Schusswaffenangriffen durch Privatpersonen. Diese Angriffe wurden auf Videos aufgezeichnet und öffentlich verbreitet, was die Anwesenheit der kolumbianischen Nationalen Polizei während der Ereignisse beweist. Trotzdem hat die kolumbianische Justiz nicht gehandelt, und bis zum heutigen Tag gibt es weder einen Haftbefehl noch eine richterliche Anordnung in diesem Zusammenhang. Dies stellt nach dem Römischen Statut ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar, das die internationale Gemeinschaft sofort ablehnen muss.

 

Wir klagen auf internationaler Ebene an, dass der Präsidentschaftskandidat und Abgeordnete des „Polo Democrático Alternativo“ (kolumbianische Oppositionspartei), Alexander López Maya, Morddrohungen gegen sein Leben und das seiner Familie erhalten hat, die ihn dazu veranlassten, das Land zu verlassen. Der Präzisionsgrad der Drohungen lässt auf eine Zusammenarbeit mit staatlichen kolumbianischen Geheimdiensten schließen, wie es in der Vergangenheit bereits vorgekommen ist. All dies beweist, dass die Regierungspartei in Kolumbien keine Mindestgarantien für die Ausübung der politischen Opposition und die Entfaltung der Demokratie bietet.

 

Schließlich weisen wir die von Álvaro Uribe Vélez erhobene Anschuldigung zurück, die Kolumbianer*innen im Ausland, die an friedlichen Protesten in der ganzen Welt teilnehmen, kriminalisiert und stigmatisiert und lehnen sie entschieden ab. Diese sehr schwerwiegende Anschuldigung stellt eine unverantwortliche Verleumdung dar, die unser Leben und das unserer Familien im Kontext der aktuellen Situation in Gefahr bringt.

 

 

 

Die kolumbianische Diaspora bringt ihre Ablehnung gegenüber den systematischen

Menschenrechtsverletzungen der nationalen Regierung und den Aufforderungen zum Schusswaffengebrauch gegen die Zivilbevölkerung zum Ausdruck, die Álvaro Uribe Vélez über seinen Twitter-Account verbreitet. Infolgedessen wurde die konstitutionelle Ordnung gebrochen, wodurch die Zivilbevölkerung der Machtkonzentration schutzlos ausgeliefert ist und die Demokratie schweren Schaden nimmt.

 

Aus allen oben genannten Gründen fordern wir die internationale Gemeinschaft auf:

-       Druck auf die kolumbianische Regierung auszuüben, damit die Verantwortlichen für die Angriffe auf die indigene Schutztruppe strafrechtlich verfolgt werden, da dies ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.

 

-       Die systematische Verletzung von internationalen Menschenrechtsprotokollen, zu deren Unterzeichnern der kolumbianische Staat gehört, nachdrücklich zurückzuweisen.

 

-       Auf den Abzug der militärischen Unterstützung von den Straßen Kolumbiens zu drängen, deren Beteiligung nach Ansicht der Internationalen Kommission für Menschenrechte (IACHR) außerordentlich, untergeordnet, begleitend, geregelt und überwacht sein sollte, um den internationalen Menschenrechten nachzukommen.

 

-       Eine Notbeobachtungsmission zu entsenden, um die Beendigung der von den Streitkräften gegen die kolumbianische Bevölkerung ausgeübten Gewalt zu gewährleisten.

 

-       Die Einhaltung des Rechts auf legitimen Protest durch die nationale Regierung und die Regierungspartei „Centro Democrático“ zu fordern. Dieses Recht ist in der Landesverfassung von 1991 verankert und ist eine Grundfreiheit, die den demokratischen Geist begründet, der der aktuellen internationalen Rechtsordnung zugrunde liegt.

 

-       Einen Prozess der kontinuierlichen Beobachtung einzuführen, um die Einhaltung der Menschenrechte durch die Regierung Iván Duque zu gewährleisten.

 

-       Alle ihr zur Verfügung stehenden diplomatischen Mechanismen zu nutzen, um den Einsatz für die Aufklärung der Fakten und die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen für die Menschenrechtsverletzungen, die im Zuge der Massenproteste begangen wurden, und generell für die Ermordung anderer sozialer Führer, die die kolumbianische Justiz nicht untersucht hat, zu gewährleisten. Insbesondere fordern wir das Europäische Parlament auf, die Menschenrechtsklausel im Freihandelsabkommen zwischen Kolumbien und der Europäischen Union zu überprüfen, um in der aktuellen Situation wirksam und entscheidend Druck auszuüben.

 

Unterzeichnet von:
IN BERLIN ANSÄSSIGEN KOLUMBIANERINNEN UND KOLUMBIANERN