Justicia por las mujeres explotadas sexualmente en Mar del Plata

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CARTA ABIERTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES:

Nos dirigimos a usted tras los hechos de público conocimiento en torno al anterior centro clandestino de explotación sexual conocido como "Madaho’s" en la ciudad de Mar del Plata. Habiéndonos anoticiado tanto de la entrega provisoria del inmueble a una entidad sin fines de lucro así como de las cortas penas otorgadas a los tres hombres hallados culpables por el delito de explotación de la prostitución ajena y, por sobre todo, teniendo constancia en primera persona del estado de abandono y necesidad, en muchos casos extrema y urgente, de sus víctimas, nos vemos en la necesidad de remitir a usted la presente carta desde el lugar de activistas y veladoras por los derechos de las mujeres y niñas que somos.

En primer lugar, hallamos sumamente importante recordar que conforme al Artículo 12 de la Ley N° 27.508 de Creación del Fondo Fiduciario Público, Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, los decomisos aplicados en los casos de trata y explotación de personas así como aquellos decomisos originados en causas de lavado de activos provenientes de este tipo de delito deben tener “como destino específico un Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas”. Comprendemos que la entrega del inmueble donde otrora funcionara Madaho’s a la Asociación Mundo Igualitario es de carácter provisorio y que el local podrá ser rematado una vez que el proceso judicial alcance una sentencia firme. De todos modos, creemos importante recordar que llegado este momento el inmueble deberá ser efectivamente subastado y el dinero obtenido destinado al Fondo Fiduciario puesto que tal es el deber de la justicia conforme a la ley. De igual manera debe destinarse al Fondo el valor de los demás bienes incautados a los culpables del delito, entre los cuales la prensa ha contado casas, autos y hasta una embarcación, todos ellos producto de la explotación y la violación de los derechos humanos de al menos dieciséis mujeres. 

Entendemos que, por muy justa y socialmente benigna que sea la labor de la organización a la cual se ha otorgado el inmueble, mientras no se cumpla con su remate y mientras las víctimas estén (como efectivamente están) en una situación de abandono y necesidad, tal entrega no constituirá otra cosa que una pantalla publicitaria, encubridora de la desidia del Estado Nacional y del fracaso de la Justicia en su deber de resarcir a las víctimas y respetar sus derechos. Es el derecho, por ley, de todas esas mujeres, ser asistidas en todas las etapas del proceso (con o sin sentencia firme) con recursos del Fondo Fiduciario, al cual debe destinarse todo el dinero obtenido a partir del remate del inmueble donde esas mujeres fueron explotadas y a partir de los bienes de lujo adquiridos a costa de su explotación. Tal es el destino que la Ley de Fondo Fiduciario prevé para los inmuebles y para todo tipo de bien secuestrado en el proceso. 

El Fondo Fiduciario existe con la finalidad de asistir a las víctimas del delito de trata de personas y explotación sexual tanto durante el proceso judicial como posteriormente, y debe componerse del dinero resultante del embargo y la posterior liquidación de todos los bienes provenientes de los delitos de explotación sexual en todo el país. Es obligación del Estado a través del Consejo Federal garantizar que el embargo y la liquidación de los inmuebles y los bienes intervinientes en general se efectivicen y que el dinero obtenido sea destinado sin excepción al Fondo Fiduciario. Asimismo, es obligación del Estado acompañar a todas y cada una de las mujeres que han sido víctimas de semejante violación de sus derechos humanos, hayan estas mujeres recibido o no una indemnización, y tal acompañamiento debe financiarse, precisamente, con el dinero del Fondo. Todos los bienes embargados en el marco de delitos de explotación sexual deben tener como destino el Fondo Fiduciario para posibilitar su finalidad específica de brindar asistencia a todas las víctimas de trata y explotación sexual de nuestro país. Cualquier otro destino de esos bienes, por muy benigno que parezca, es un atropello a lo que dispone nuestra ley y es por sobre todas las cosas un atropello a los derechos humanos de todas las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual de nuestro país.

En definitiva, por muy reconfortante que pueda sonar la noticia de la entrega de un ex prostíbulo a una Asociación Civil o su conversión en un Centro de Memoria (como acaba de ocurrir con otro ex prostíbulo marplatense otrora denominado Casita Azul) la realidad es que, mientras tanto, las víctimas de esos mismos lugares permanecen excluidas del “reparto”, en una situación de extremo abandono y necesidad, con todo tipo de problemas psicológicos y de salud y sobreviviendo a partir de las donaciones de organizaciones como las firmantes, que se ponen al hombro la tarea de cumplir una función que el Estado está dejando vacante.

Por estas razones, solicitamos al Ministerio Público Fiscal, al juez federal Santiago Inchausti y al Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, no sólo un compromiso real con la subasta de los inmuebles mencionados (el ex Madaho’s y el ex Casita Azul) una vez que el proceso alcance sentencia firme, sino también y de manera urgente el inmediato cumplimiento de su deber actual de acompañar, asistir y restituir a las víctimas rescatadas. Como ya mencionábamos, es el derecho de estas mujeres recibir asistencia y que tal asistencia sea financiada con el dinero del Fondo Fiduciario, es decir, con el dinero proveniente de la liquidación de los inmuebles y de todos los bienes involucrados en este y en todos los delitos afines. Tal asistencia es contemplada por la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y su modificatoria, donde se expresa el derecho de las víctimas a “recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, con el fin de garantizar su reinserción social”, “recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal”, “recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo”, garantías todas cuyo cumplimiento es deber del Estado Nacional. Es decir, es el derecho de estas mujeres ser asistidas en todas las etapas del proceso, con el dinero proveniente precisamente del Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Solicitamos el debido cumplimiento de la asistencia completa a las víctimas, la cual es su derecho y se halla contemplada por la ley citada.

Por otra parte, conforme estará al tanto, Mario Alberto Sasaín, Mario Alejando Lafalce y Daniel Alberto Fay -los responsables de llevar adelante el prostíbulo conocido como Madaho’s- recibieron una pena de tres años de prisión condicional en los dos primeros casos, mientras que Fay fue condenado a sólo uno. Encontramos por lo menos inadecuadas estas penas, que constituyen una total falta de respeto a las mujeres por ellos explotadas durante años y cuyos derechos humanos estos hombres violaron recurrentemente sometiéndolas a violaciones diarias a cambio de dinero; además de un atropello al compromiso con los Derechos Humanos de la sociedad en general y de las mujeres en particular. 

Teniendo en cuenta que el delito de Trata de Personas es reconocido como crimen de lesa humanidad, es necesario que el criterio de aplicación de las condenas responda no sólo a una finalidad punitiva, de simple castigo, sino también y más importante aún a los fines de desalentar el ejercicio del delito a los ojos de los potenciales proxenetas y tratantes. Si por obtener tan delirantes cantidades de dinero a costa de la captación, el tráfico, la explotación sexual y la violación, en definitiva, de los derechos humanos de las mujeres la respuesta de la justicia es la irrisoria pena de uno o tres años de prisión condicional, se demuestra a los criminales la posibilidad de operar sin grandes riesgos, al tiempo que se envía a la sociedad argentina en general el mensaje de que los derechos humanos de las mujeres no son valiosos, importantes ni defendibles. Como mujeres y en nombre de nuestra trayectoria en la defensa de nuestros derechos remarcamos la necesidad, por lo tanto, de establecer condenas ejemplares comprendidas mínimamente entre los quince y los veinticinco años de prisión. Entendemos, en esta línea, que no seremos una sociedad comprometida de manera real y efectiva con la igualdad entre mujeres y hombres mientras los proxenetas y tratantes continúen gozando de la impunidad y el aval que tan leves condenas representan.

Recordamos, además, que las mencionadas penas no se hallan siquiera en consonancia con lo dispuesto por la Ley Nacional 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, cuyo artículo 10 incorpora al Código Penal el artículo 145 bis que contempla una pena de cuatro a diez años cuando el delito de explotación sexual fuera cometido “por tres o más personas en forma organizada” y cuando “las víctimas fueren tres o más”, supuestos ambos que se corresponden con las características del caso.

Por el momento, el Estado ha otorgado una “reparación” de $350 mil sólo a aquellas mujeres víctimas del Madaho’s que han colaborado con la causa brindando testimonio o presentándose como querellantes. Esa sola reparación parcial, recordamos, no le exime de cumplir con lo dispuesto por las leyes mencionadas, esto es, con la asistencia a las víctimas contemplada por la ley 26.364 y su modificatoria, así como con la destinación de los recursos obtenidos a partir de los bienes incautados al Fondo Fiduciario (ley 27.508) que permite concretar tal asistencia. Recordamos que el Artículo 6 de la ley 26.364 y su modificatoria establece, concretamente, que los derechos de las víctimas (a recibir asistencia psicológica y médica, alojamiento apropiado y alimentación, ayuda en la búsqueda de empleo, entre otros) deben ser garantizados por el Estado “con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente”.

Como activistas por nuestros derechos humanos decimos no a la explotación y a la violencia institucional y de cualquier otro tipo contra las mujeres. Por lo tanto, no podemos aceptar bajo ningún término que haya decenas de mujeres que han sido sistemáticamente explotadas teniendo que sobrevivir sin alojamiento apropiado, sin garantías de alimentación ni salud y sin asistencia de ningún tipo como resultado del abandono por parte de un Estado que en el pasado no supo prevenir semejante delito de lesa humanidad y que hoy les da la espalda en claro atentado contra la legislación nacional y contra el respeto hacia los Derechos Humanos. No podemos permitir que, mientras las víctimas apenas sobreviven, los funcionarios que deberían velar por ellas hagan un espectáculo del reparto de los inmuebles que deben ser destinados al Fondo Fiduciario para su asistencia; ni podemos permitir que los responsables de la tortura física y emocional y del grave deterioro en las condiciones de vida de todas estas mujeres continúen moviéndose en la impunidad que tan ridículas penas suponen. No podemos permitir, en definitiva, un Estado cómplice con el proxenetismo y las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

Solicitamos una respuesta inmediata que, en consonancia con la ley, consista en la revisión de las penas a los delincuentes; el compromiso con el futuro remate de los inmuebles así como con la liquidación de todos los bienes intervinientes y su destinación al Fondo Fiduciario; y el otorgamiento de asistencia inmediata, urgente y debida a todas y cada una de las mujeres rescatadas de aquellos centros clandestinos de explotación sexual.