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Registrada Queja al Defensor del Pueblo

Manuel Fanega
Spain

Jan 24, 2019 — 

Con fecha de hoy he presentado en el Registro del Defensor del Pueblo la siguiente queja, que transcribo:

 

Excelentísimo Defensor del Pueblo:

Las Administraciones públicas tienen la competencia para emplear a personas que den respuesta, de manera eficaz, al círculo de las políticas públicas (103 CE). Como sabe, la Universidad está formando en herramientas y enfoques interdisciplinares sobre el fenómeno delictivo. De los actuales grados en Criminología egresan cada año alrededor de un millar de personas dispuestas a encarar los problemas de violencia e inseguridad, a encontrar mejores fórmulas de atención y protección a la víctima y, en general, al estudio y tratamiento de políticas para la prevención y reducción del delito.

La Administración de Justicia, y en España la de Interior, lleva a cabo la ejecución de la sanción penal y para ello se dota de profesionales formados en solo tres disciplinas. Dejando a un lado el derecho a la salud o a la educación, en la función diferenciadora que tiene la Administración penitenciaria (25.2 CE) intervienen el Derecho, la Psicología y el Trabajo Social, y ninguna de ellas está especialmente diseñada para tratar holísticamente el fenómeno delictivo.

A pesar de la insistencia de la doctrina y de asociaciones académicas, de estudiantes y de profesionales de Criminología hacia la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias manifestando la idoneidad de esta disciplina, que complementa las anteriores citadas, hasta el momento no se han efectuado políticas de personal que la incluya.

Como ejemplos de su pertinencia, sabemos que en Derecho subjetivo se han derivado obligaciones hacia los Estados en forma de un trabajo permanente en acciones que incidan en la reinserción social, según reciente jurisprudencia del TEDH, que consideró la falta de tratamiento penitenciario como una violación del art. 3 del CEDH, esto es, prohibición de la tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes (Fanega, 2018). La REC(2006)2 señala la “importancia de la calidad de la política criminal en el ámbito penitenciario, mediante la investigación y evaluación del objeto de la privación de la libertad, su papel en el marco general de la política criminal y la manera en que el sistema penitenciario trabaja para que se cumplan esos objetivos” (Fanega, 2016, p. 44). García-Pablos añade la necesidad de la evaluación como una de las funciones de la Criminología “ponderando la calidad de la intervención que los diversos sistemas existentes arbitran; sus presupuestos, fundamentos y efectos” (1996, p. 269). En la misma línea, Muñoz Conde destaca “la necesidad de comprobar si el Derecho penal consigue eficazmente las consecuencias que pretende, [luego]convierte la verificación empírica de las consecuencias en un elemento fundamental […]”(1990, pp. 173-4). Incluso el Defensor del Pueblo recomendó dar entrada a profesionales penitenciarios especialistas en Criminología (2017, p. 152).

Como consecuencia, en mi nombre, se ha lanzado una campaña de concienciación en la plataforma “change.org” que cuenta hasta el momento con cerca de dos millares de adhesiones. Aunque los profesionales en Criminología deberían estar en las Relación de Puestos de Trabajo de todas las instituciones públicas que operan directa o indirectamente en el fenómeno delictivo, en esta campaña nos hemos dirigido al Departamento penitenciario, dependiente del Ministerio del Interior.

Por todo ello, le pedimos inste al Ministerio del Interior a:

I. Suprimir la limitación de disciplinas, para que otras, como la Criminología, puedan intervenir en la Administración penitenciaria; II. Crear (en número no inferior al que ya tienen los juristas y en el subgrupo A1 del EBEP) puestos de Licenciados/as-Graduados/as en Criminología en la RPT de cada centro o unidad y en los servicios centrales de la Administración penitenciaria; III. Valorar la titulación oficial en Criminología como mérito en la promoción horizontal o en sistemas de provisión como el concurso, para aquellos puestos relacionados con el fenómeno delictivo; IV. Imbricar al empleado público penitenciario, Licenciado/a-Graduado/a en Criminología, en el análisis de la política penitenciaria-criminal.

Es de justicia lo que se pide a su Excelentísimo.

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BIBLIOGRAFÍA CITADA:
Defensor del Pueblo (2017). Informe anual 2016 y debates en las Cortes Generales. Madrid.
Fanega, M. (2016). La idoneidad del criminólogo en la Administración penitenciaria. Palma de Mallorca: Criminología y Justicia Editorial.
Fanega, M. (2018). Jurisprudencia del TEDH : ¿Derecho a tratamiento penitenciario? Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, (50/2018).
García-Pablos de Molina, A. (1996). Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos para juristas, Valencia: Tirant lo Blanch. 

Muñoz Conde, F. (1990). El papel de la Criminología en la formación del jurista. Eguzkilore, no 3 ext.


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