Nosotros, los firmantes del más grande manifiesto creado por la UNAD, la megauniversidad de los colombianos, que llega a 1.026 municipios de los 1.123 del territorio nacional y que cuenta con más de 200 mil estudiantes, invitamos al Gobierno Nacional a trabajar en conjunto por una reforma integral de la educación en Colombia.

Somos conscientes que un trámite legislativo de reforma como el pretendido ya en anteriores oportunidades, genera múltiples tensiones, en escenarios no siempre académicos, dificultades de agenda e intereses, a veces alejados del propósito de brindar la buena educación que este país merece y sueña.

Por ello, estimamos que sólo en la medida en que se logre una participación argumentada, con metodologías probadas para el diálogo, la escucha y la retroalimentación asertiva, en torno de cuál es la educación que Colombia necesita y debe fomentar, será viable su firme propósito y el de la señora Ministra.

A manera de clamor y solicitud, y como producto de la reflexión de nuestra comunidad Unadista, sugerimos, señor presidente, que el análisis de una verdadera “propuesta de reforma integral a la Ley 30 de 1992”, parta de los siguientes diez principios:

1. Dado que la educación es un derecho de todos, que permite dignificar vidas, elevar los escenarios de democracia y potenciar el desarrollo personal y profesional, Colombia debe tener una sola ley, estatutaria, que proteja constitucionalmente el acceso al conocimiento, la continuidad educativa, la articulación, el bienestar, la protección para la formación integral de estudiantes, la dignidad de los docentes y la modernización de todas las instituciones públicas y privadas en todos los ciclos y niveles de la educación colombiana.

2. La definición de actores, instituciones, niveles de formación, metodologías y organización de programas y servicios deben estar precedidas de consensos nacionales sobre los propósitos y fines de un sistema educativo integral que aporte a lo social para que el país consolide una política educativa nacional, de Estado, que defina claramente y a largo plazo, su visión y derrotero sustituyendo planes periódicos de gobierno y de sector que tan solo han dado dejado impactos y acciones inmediatistas y no atención real a la crisis del sector. 

3. La educación superior debe ser pensada y gestionada dentro de la integralidad que demanda la totalidad del sistema educativo, atendiendo a unos principios y fines axiológicos, teleológicos y epistemológicos. Su calidad e impacto serán más pertinentes para el país en la medida en que ésta esté debidamente articulada con la educación inicial, básica y media, la formación para el trabajo y el desarrollo humano, y las más variadas modalidades y ofertas que probadas por su impacto favorezcan la calidad formativa de cara a los desafíos de la sociedad del conocimiento.

4. Todo el sistema educativo colombiano debe concebirse y confirmarse como un dispositivo de movilidad social, científica y cultural. Sea cual sea el nivel de oferta debe tener una orientación sobre el contexto al que sirve, el fomento al ejercicio de la democracia, el arraigo de los valores constitucionales y de afianzamiento, para que las prácticas de innovación y de emprendimiento sean fuentes de trabajo, de riqueza y de servicio solidario, fomentando así una visión de país que privilegie el orgullo del ser colombiano.

5. Más allá de las características, niveles, estructura y modelo académico de las instituciones, los proyectos educativos deben ser innovadores y reconocer el contexto social y económico de sus educandos, la diversidad de formas de aprendizaje y las realidades para aportar desde sus egresados a la evolución dinámica de sus entornos. Solo así se puede coadyuvar de manera efectiva el cierre de brechas que dificultan el acceso y la permanencia en la educación superior.

Conoce el manifiesto completo aquí

¡Construyamos juntos una reforma integral de la #Ley30 que responda a la educación que necesitamos y esperamos los colombianos y colombianas!

MAS UNAD MAS EQUIDAD �