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Conselho de Direitos Humanos—Grupo de trabalho contra a detenção arbitrária: Parecer nº 6/2019 (II)

Prof. Dr. Axel Schönberger
Germany

Jun 17, 2019 — 

Conselho de Direitos Humanos:

Grupo de trabalho contra a detenção arbitrária:

Parecer nº 6/2019 (II) (em espanhol)

«Deliberaciones

96. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Estado por el envío de la información correspondiente.

97. El Grupo de Trabajo tiene por mandato investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente que le son sometidos a su conocimiento, para lo cual se remite a las normas internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal y el Pacto.

98. El Gobierno solicitó, con fundamento en la Regla 33 de los métodos de trabajo, que parte de la presente queja sea remitida al Comité de Derechos Humanos, pues este se encontraría en consideración del caso. Se indica que este estaría examinando elementos relativos a la participación política, a los derechos de asociación y reunión, de libertad de opinión y expresión, y que se trata de los mismos hechos y mismas personas.

99. A ese respecto, el Grupo de Trabajo desea recordar que la Regla 33, incisos a) y d), fracción ii), busca fortalecer la coordinación eficaz de los distintos órganos de derechos humanos, tanto de los procedimientos especiales como los órganos de tratados.

100. En ese contexto, el Grupo de Trabajo recibió información de las partes sobre los hechos y el derecho aplicable, con miras a determinar si se violó el derecho a no ser abitrariamente privado de libertad, ello incluye algunos elementos vinculados a los derechos a la participación política, a la asociación y reunión, así como a la libertad de opinión y expresión. El Gobierno no estableció que el reclamo presentado ante el Comité se refieren al derecho a la libertad personal y no ser sujeto de detención arbitraria. A partir de lo anterior, se considera que en el presente caso no se satisface el supuesto previsto en la Regla 33 inciso d) fracción ii), al no ser coincidentes los mismos hechos y los mismos derechos presuntamente violados.

101. Habiendo establecido su posición en torno a esa cuestión procedimental conforme a sus métodos de trabajo y a su práctica [Opinión No. 89/2018, párr. 64-67], el Grupo de Trabajo reafirma su competencia para conocer del presente caso.

102. El Grupo de Trabajo, ha establecido en su jurisprudencia la manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de la normativa internacional sobre la libertad personal, constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno, en caso de que desee refutar las alegaciones [Véase A/HRC/19/57, párr. 68].

103. El Grupo de Trabajo constató que los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras son figuras públicas, reconocidas por su trabajo a favor de la independencia de Cataluña, que se han desempeñado en cargos de asociaciones, partidos políticos y en la función pública.

104. De la misma forma, corroboró que los Sres. Cuixart y Sánchez fueron citados el 6 de octubre de 2017 y posteriormente detenidos bajo la figura de prisión preventiva por Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional. El Sr. Junqueras fue detenido después de se rendir declaración por orden del Juzgado de Instrucción, el 2 noviembre de 2017.

Categoría II

105. La fuente alega que la detención de los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras es el resultado del ejercicio de derechos y libertades garantizados en los artículos 19 a 21 de la Declaración Universal y los artículos 19, 21, 22 y 25 del Pacto.

106. El Grupo de Trabajo destaca que toda persona tiene derecho a libertad de expresión, lo que comprende el derecho a difundir información e ideas de toda índole, sea oralmente o por cualquier otra forma. Además, el Grupo también reitera que el ejericio de ese derecho puede estar sujeto a restricciones, expresamente fijadas por la ley y necesarias para asegurar el respeto a los derechos o reputación de los demás, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público o la moral pública [Opinión 58/2017, párr. 42].

107. El Grupo de Trabajo coincide con el Comité de Derechos Humanos, en que la libertad de opinión y de expresión son indispensables para el pleno desarrollo de la persona y constituyen la piedra angular de las sociedades libres y democráticas [CCPR/C/GC/34, párr. 2]. Ambas libertades constituyen la base para el pleno goce de otros derechos humanos, como por ejemplo para el disfrute de la libertad de reunión y de asociación, y para el ejeercicio del derecho a la participación política [CCPR/C/GC/34, párr. 4].

108. La importancia del derecho a la libertad de opinión es tal, que ningún gobierno puede restringir otros derechos humanos por las opiniones — políticas, científicas, históricas, morales o religiosas — expresadas o atribuídas a una persona. No es compatible con la Declaración, ni con el Pacto, calificar como delito la expresión de una opinión, lo que implica que no están permitidos el acoso, la intimidación o estigmatización de una persona, incluida su detención, prisión preventiva, enjuiciamiento o reclusión, en razón de sus opiniones [CPR/C/GC/34, párr. 9-10].

109. También es relevante señalar que la libertad de opinión y de expresión comprende la posibilidad de manifestar la forma en que los pueblos pueden determinar libremente su sistema político, su constitución o gobierno, lo que evidencia el vínculo con otros derechos humanos. El comité de Derechos Humanos ha señalado que «[l]os derechos consagrados en el artículo 25 están relacionados con el derecho de los pueblos a la libre determinación, aunque son distintos de él. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 1, los pueblos gozan del derecho a determinar libremente su condición política, y del derecho a elegir la forma de su constitución o gobierno. El artículo 25 trata de los derechos de las personas a participar en los procesos de dirección de los asuntos públicos [CCPR/C/21Rev. I,/Add. 7, párr. 2].

110. El Grupo de Trabajo, al mismo tiempo que constató que el referéndum está permitido en España para una amplia gama de temas, incluso el relacionado al presente caso, considera que los llamados a celebrar procesos de participación ciudadana, sean por individuos o a través de organizaciones, son expresiones legítimas del ejercicio de la libertad de opinión y de expresión.

111. El Grupo de Trabajo constató que el 20 y 21 de septiembre de 2017 se celebró una manifestación pública a favor de celebrar un referéndum por la independencia de Cataluña. En ese contexto, se presentaron incidentes o conflictos entre los manifestantes y la policía. También se constató que esos hechos concretos no han podido ser atribuidos a los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras.

112. Los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras fueron acusados por sedición, en relación a la protesta social pacífica del 20 y 21 de septiembre de 2017, en la que participaron además miles de personas. La acusación fue modificada posteriormente con el delito de rebelión.

113. El Grupo de Trabajo verificó que el elemento de violencia es esencial para calificación penal de los delitos imputados. En su respuesta, el Gobierno ofreció información sobre el proceso independentista, pero no presentó información sobre acciones concretas de los acusados que puedan haber involucrado violencia y, por lo tanto, constituir delito conforme al derecho aplicable, incluido el derecho internacional.

114. El Grupo de Trabajo constató que las acciones de los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras, anteriores o posteriores a la celebración de la protesta social del 20 y 21 de septiembre de 2017, no fueron violentas, tampoco incitaron a la violencia, y sus conductas no han dado como resultado hechos u actos de violencia. De lo contrario, consistieron en el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación. Incluso se recibió información sobre el testimonio de un Juez que señaló que los eventos atribuibles a los acusados son expresiones del legítimo ejercicio del derecho a protesta pacífica [Voto particular del magistrado José Ricardo de Parada Solaesa de fecha 07 de noviembre 2017].

115. En este sentido, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, mostró preocupación por estos arrestos, al «estar directamente relacionadas con los llamamientos a la movilización y participación ciudadana realizados en el ámbito del referéndum.» También expresó preocupación por que «la imputación de un delito de rebelión pudiera ser desproporcionado y por tanto incompatible con las obligaciones de España en el marco de las normas internacionales de derechos humanos [Al. ESP 1/2018].

116. El Grupo de Trabajo, además, toma nota de la resolución de un tribunal alemán, que al analizar la extradición del Sr. Carles Puigdemont (coacusado), no encontró elementos de violencia en los hechos imputados, necesarios para el delito de rebelión, y confirmó que sus acciones no pueden considerarse un intento de derrocamiento político violento del Gobierno. Indicó aque los acusados buscaban la independencia por medios democráticos [Decision of the Higher Regional Court of Schleswig-Holsteinisches [=Schleswig-Holstein], 12 July 2018].

117. El Grupo de Trabajo recibió información convincente, que no refutada por el Gobierno, sobre la situación del Sr. Forn, detenido y acusado en este caso, y que fue persuadido de suprimir su activismo, en favor de la causa independista, a cambio de ser liberado.

118. Un proceso penal como el del presente caso se vuelve inverosímil si se analiza con el momento político convulso en el que se presenta la acusación y en fechas cercanas a la posible celebración de un referéndum, cuando Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras llevan años de trayectoria política impulsando la independencia de Cataluña. A ello se adicionan las declaraciones de altos funcionarios de Gobierno (aque se desarrollarán en el apartado siguiente) que hablan de descabezar a los líderes del movimiento independentista y pretender calificar la conducta de los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras de violenta ante una protesta social.

119. La inexistencia del elemento de violencia y la ausencia de información convincente sobre hechos atribuibles a los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras, que los involucren en conductas constitutivas de los delitos imputados, han generado la convicción en el Grupo de Trabajo de que las acusaciones penales en su contra tienen por objeto coaccionarlos por sus opiniones políticas en torno a la independencia de Cataluña e inhibirlos de continuar con esa pretensión en el ámbito político.

120. El Grupo de Trabajo fue convencido de que las acusaciones penales contra los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras tuvieron por objeto justificar su detención como resultado del ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política, en contravención de los artículos 18 a 21 de la Declaración Universal y los artículos 19, 21, 22 y 25 del Pacto, por lo que es arbitraria conforme a la categoría II.

Categoría III

121. En vista de los hallazgos bajo la categoría II, el Grupo de Trabajo considera que no existieron bases para la detención preventiva y el juicio. Sin embargo, en vista de que el mismo esta siendo llevado a cabo, y considerando las alegaciones de la fuente, el Grupo de Trabajo procederá a analizar si durante el curso de dicho procedimiento judicial se han respetado elementos fundamentales de un juicio justo, independiente e imparcial.

Presunción de inocencia

122. La Declaración Universal, en su artículo 11.1 y el Pacto en su artículo 14.2, reconocen el derecho de toda persona acusada a que se le presuma su inocencia. Ese derecho impone obligaciones a las instituciones del Estado, de que el acusado sea tratado como inocente hasta que se haya dictado sentencia, más allá de toda duda razonable. Ese derecho obliga a todas las autoridades públicas de un país a evitar prejzgar el resultado de un juicio lo que implica abstenerse de hacer declaraciones públicas que afirmen la culpabilidad del acusado [CCPR/C/GC/32, párrafo 30].

123. El Grupo de Trabajo ha determinado que las injerencias públicas que condenan abiertamente a los acusados, antes de la sentencia, vulneran la presunción de inocencia constituyen una injerencia indebida que afecta a la independencia y la imparcialidad del tribunal [Opiniones 90/2017 y 76/2018].

124. En similar sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha indicado que las declaraciones públicas de altos funcionarios violan el derecho a la presunción de inocencia de las personas cuando éstas son señaladas como responsables de un delito por el cual aún no han sido juzgadas, y con ello pretender convencer al público de su responsabilidad, así como por preuzgar la valoración de los hechos por la autoridad judicial competente [Corte Europea de Derechos Humanos, Allenet de Ribemont v. France, § 41; Daktaras v. Lithuania, § 42; Petyo Petkov v. Bulgaria, § 91; Peča v. Croatia, § 149; Gutsanovi v. Bulgaria, §§ 194-198; Konstas v. Greece, §§ 43 and 45; Butkevičius v. Lithuania, § 53; Khuzhin and Others v. Russia, § 96; Ismoilov and Others v. Russia, § 161].

125. Ante las alegaciones de la fuente sobre la violación a la presunción de inocencia, el Gobierno indicó que declaraciones efectuadas por el Poder Ejecutivo no eran relevantes, ya que en su opinión no existe ningún indicio de que hayan influido en la toma de decisiones del poder Judicial.

126. En el presente caso, se recibió información creíble sobre las declaraciones de la Vicepresidenta de España a través de las cuales felicita al Primer Ministro por haber logrado decapitar a los partido independentistas de Cataluña, mediante los arrestos de sus líderes. A ello se suman declaraciones del Ministro del Interior, en las que se refirió a los líderes del movimiento independentista como imprudentes, peligrosos y rebeldes.

127. Por otro lado, la Cámara de Apelaciones de la Audiencia Nacional indicó que ciertos hechos atribuibles a los acusados son de conocimiento común y no necesitan ser probados. Por ejemplo, para dicho tribunal el hecho de que el Sr Cuixart, el 20 de septiembre de 2017, se haya parado en un vehículo de la Policía Nacional constituye un acto conocido. Sin embargo, el Grupo de Trabajo recibió información convincente que los Sres. Cuixart y Sánchez, hicieron llamados a disolver la manifestación de manera tranquila en ese momento.

128. Vistos los pronunciamientos de altos funcionarios del Estado que han mostrado a la ciudadanía una anticipada responsabilidad penal de los detenidos, pudiendo llegar a influir sobre la imagen de en los mismos ante los órganos judiciales, el Grupoe de Trabajo fue convencido de que se violó el derecho a la presunción de inocencia de los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras, en contravención a lo dispuesto en los artículos 11.1 de la Declaración Universal y 14.2 del Pacto.

Prisión Preventiva

129. Es una norma establecida de derecho internacional que la detención preventiva debe ser la excepción y no la regla, y que debe ordenarse por el menor tiempo posible. El artículo 9, párrafo 3, del Pacto requiere que una decisión judicial motivada examine los méritos d la prisión preventiva en cada caso. Esta disposición además establece que la «liberación puede estar sujeta a garantías de comparecer a juicio, en cualuier otro lugar, eetapa de los procedimientos judiciales y, en caso de surgir, para la ejecución de la sentencia». De ello se deduce que la detención debe ser una excepción en interés de la justicia. Las disposiciones contenidas en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto pueden resumirse de la siguiente manera: cualquier detención debe ser excepcional y de corta duración, se debe favorecer la liberación cuando existan medidas que garanticen la presencia del acusado en el juicio y la ejecución de la sentencia; en caso de prolongarse la prisión preventiva, debe incrementar la presunción en favor del juicio en libertad.

130. En el presente caso, los acusados fueron detenidos en octubre y noviembre de 2017 y han permanecido en prisión preventiva durante el juicio, que no ha concluido. La fuente ha indicado que las negativas de libertad condicionada han sido motivadas en el supuesto peligro de reincidir en el llamdo independentista, pues podría causar nuevas manifestaciones populares. El Grupo de Trabajo concluyó que la detención es arbitraria por ser el resultado del ejercicio del derecho a las libertades de opinión, expresión, asociación, reunión y participación. Por otro lado, no se ha podido constatar que los jueces o el Gobierno hayan analizado y concluido, conforme al Pacto, que existan bases legítimas, necesarias y proporcionales para restringir esos derechos humanos, a través de la privación de libertad, desde octubre y noviembre de 2017 y durante el transcurso del juicio. En consecuencia, el Grupo de Trabajo debe concluir que la prisión preventiva ha sido en contravención del artículo 9.3 del Pacto.

Derecho a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial

131. Según el artículo 14.1 del Pacto, toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías or un tribunal competente, independiente e imparcial, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal en su contra. El Grupo de Trabajo coincide en que los jueces no deben permitir que su flalo se vea influido por sesgos o prejuicios personales, tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto bajo su consideración, o comportarse de forma indebida que romueva intereses de las partes [CCPR/C/GC/32, párr. 21].

132. El Grupo de Trabajo no fue convencido de que los actos atribuibles a los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras hubieran sido violentos. Por el contrario, constató que se llevaron a cabo como ejercicio de libertad de opinión, expresión, reunión, asociación y participación política, a lo largo de varios años.

133. De la misma forma, el Grupo de Trabajo encontró elementos que permiten suponer que jueces que han tenido conocimiento del asunto han tenido ideas preestablecidas sobre el mismo. Ello se constata, por ejemplo, con los señalamientos derivados del proceso ante la Cámara de Apelaciones de la Audiencia Nacional, en que se hizo referencia a que ciertos hechos son de conocimiento común y no necesitan ser probados.

134. Por otro lado, el Grupo de Trabajo ha considerado que el enjuiciamiento criminal de individuos acusados por delitos cometidos en un determinado territorio, por parte de tribunales ubicados en otra jurisdicción, constituye una violación del derecho a ser juzgado por el juez competente, cuando la legislación nacional le atribuye expresamente la competencia a la jurisdicción de la localidad donde se cometió el supuesto delito [Opinión No. 30/2014].

135. El Grupo de Trabajo, en el presente caso, fue convencido de que la jurisdicción territorial, personal y material que le compete investigar y juzgar posibles actos delictivos eran los tribunales de Cataluña, debido a que los crímenes presuntamente fueron cometidos en territorio de Cataluña, así como por funcionarios de Gobierno y parlamentarios catalanes. Además, el Grupo de Trabajo recibió información convincente de que los tribunales de Cataluña han conocido denuncias relacionadas con el proceso de independencia de España. Por otro lado, el Grupo de Trabajo no fue convencido de que el juez natural para juzgar los presuntos delitos referidos en el presente caso le corresponde a los tribunales que actualmente conocen de ellos.

136. Por las razones anteriores, el Grupo de Trabajo considera que fue inobservado el derecho a ser juzgados por tribunal competente e imparcial de los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras, reconocidos en los artículos 10 de la Declaración Universal y 14.1 del Pacto.

Derecho a contar con tiempo y medios adecuados para la defensa

137. El artículo 14.3 b) del Pacto reconoce el derecho de toda persona a «disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa», lo cual constituye una garantía importante para un juicio justo y para el principio de igualdad de armas [CCPR/C/GC/32, párr. 32]. Contar con los medios adecuados para la defensa incluye, entre otras, la posibilidad de acceder con anticipación a todos los materiales, documentos y otras pruebas que las fiscalías tengan previsto presentar ante el tribunal [CCPR/C/GC/32, párr. 33].

138. El Grupo de Trabajo comparte la apreciación de que cuando los abogados reclaman que el tiempo ofrecido para la preparación de la defensa no es suficientemente razonable pude solicitar un aplazamiento, y las autoridades en principio deben aceptar dichas solicitudes. Es importante señalar que «existe la obligación de aceptar las solicitudes de aplazamiento que sean razonables, en particular cuando se impute al acusado un delito grave y se necesite más tiempo para la preparación de la defensa» [CCPR/C/GC/32, párr. 32].

139. En el presente caso, el Grupo de Trabajo fue convencido de que los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras no contaron con tiempo suficiente para preparar su defensa, al haber existido un tiempo muy breve entre la notificación y la audiencia, teniendo en cuenta el tamaño del expediente y las distancias. Además, se constató que a los acusados no se les concedió más tiempo para preparar su defensa y que ello implicó una afectación al acceso irrestricto a los medios adecuados para su protección legal. Ello implica la inobservancia del derecho reconocido en los artículos 11.1 de la Declaración Universal y 14.3.b) del Pacto.

140. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo fue convencido de que la privación de libertad de los señores Cuixart, Sánchez y Junqueras se llevó a cabo en detrimento de garantías fundamentales del debido proceso y un juicio justo, en particular la presunción de inocencia, ser juzgado por tribunal comjpetente e imparcial y a la defensa adecuada, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración, y 9 y 14 del Pacto, y es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario conforme a la categoría III.

Categoría V

141. La fuente alega que la detención de los señores Cuixart, Sánchez y Junqueras fue discriminatoria, pues resulta de su defensa del derecho a la autodeterminación. El Grupo de Trabajo ha considerado arbitraria la privación de libertad cuando esta es destinada a reprimir a miembros de grupos políticos para silenciar su reclamo en favor de la autodeterminación [Opinión No. 11/2017].

142. En este caso, la detención de los señores Cuixart, Sánchez y Junqueras se efectuó a partir de acciones concertadas del aparato nacional de procuración e impartición de justicia, en contra de ciertos dirigentes del movimiento independentista catalán, que a su vez contó con el respaldo político de altos funcionarios del Gobierno Español, incluso a través de pronunciamientos que apoyaban la decapitación de dicho movimiento. La detención de los señores Cuixart, Sánchez y Junqueras se llevó a cabo en detrimento del principio de igualdad de los seres humanos al haber estado motivada por su opinión política, en detrimento de lo dispuesto en los artículos 2 de la Declaración Universal y 3 del Pacto, lo cual hace la detención arbitraria conforme a la categoría V.

143. El Grupo de Trabjo, conforme al párrafo 33.a) de sus métodos de trabajo, remite la información relativa a los derechos a la libertad de opinión y de expresión, así como de reunión y asociación del presente caso, al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, así como al Relator Especial de libertad de opinión y de expresión.

Decisión

144. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de los señores Jordi Cuixart, Jordi Sanchez y Oriol Junqueras es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 9 a 11, así como 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 3, 14, 19, 21, 22 y 25 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II, III y V.

145. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los Sres. Cuixart, Sanchez y Junqueras sin dilacin y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal y el Pacto.

146. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a los Sres. Cuixart, Sànchez y Junqueras inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

147. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los Sres. Cuixart, Sanchez y Junqueras y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

148. De conformidad con el párrafo 33.a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación, así como al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión.

149. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

150. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respetco de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

(a) Si se ha puesto en libertad a los Sres. Cuixart, Sanchez y Junqueras y, de ser así, en qué fecha;

(b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a los Sres. Cuixart, Sanchez y Junqueras;

(c) Si se ha investigado la violación de los derechos de los Sres. Cuixart, Sanchez y Junqueras y, de ser así, el resultado de la investigación;

(d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de España con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

(e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

151. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabjo.

152. El Grupo de Trabjo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como, en su caso, de las deficiencias observadas.

153. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado [21: Véase la resolución 33/30 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 3 y 7].

[Aprobada el 25 de abril 2019]»

Fonte:

http://exteriors.gencat.cat/web/.content/Noticia/afers_exteriors/2019/2019/20190529-DictamenONUPresos.pdf

O Grupo de Trabalho das Nações Unidas contra a Detenção Arbitrária é reconhecido pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), com sede em Estrasburgo, como um «Organismo Internacional dos Direitos do Homem». Quando o Grupo de Trabalho das Nações Unidas contra a Detenção Arbitrária tiver sido contactado por uma das partes e tiver sido tomada uma decisão, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem remeterá normalmente para ele e não tomará a sua própria decisão ao abrigo da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Só no início de junho de 2019 é que a CEDH rejeitou as queixas dos dois cidadãos turcos Çetin Doğan e Cem Aziz Çakmak, uma vez que já tinha sido tomada uma decisão pelo Grupo de Trabalho contra a Detenção Arbitrária das Nações Unidas enquanto autoridade internacional superior:

https://bianet.org/bianet/hukuk/209138-aihm-balyoz-davasini-usulden-reddetti

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aihm-dogan-ve-cakmakin-basvurusunu-kabul-edilemez-buldu/1498069

O público tem ignorado até agora a natureza explosiva do parágrafo 147 acima. O Estado espanhol é instado a «tomar medidas adequadas contra os responsáveis pela violação dos seus direitos». Isto pode levar a processos penais e, em alguns casos, à destituição de juízes, procuradores públicos e políticos espanhóis, como Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría ou Pablo Casado, perante um tribunal espanhol ou, se necessário, perante um tribunal internacional — recorde-se, por exemplo, o processo contra o antigo Presidente da República Federal da Jugoslávia, Slobodan Milošević, perante o Tribunal das Nações Unidas para os Crimes de Guerra de Haia.

Além disso, há aqui apenas três casos das mais graves e massivas violações dos direitos humanos ocorridas na Europa Ocidental nas últimas décadas, cometidas pelo Estado espanhol desde, pelo menos, 2017!

https://www.stern.de/politik/ausland/puigdemont-festnahme-und-der-katalonien-konflikt--ein-interview-mit-axel-schoenberger-7918952.html

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