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Conselho de Direitos Humanos: Grupo de trabalho contra a detenção arbitrária: Parecer nº 6/2019 (I)

Prof. Dr. Axel Schönberger
Germany

Jun 17, 2019 — 

Conselho de Direitos Humanos

Grupo de trabalho contra a detenção arbitrária:

Parecer nº 6/2019 (I) (em espanhol)

«A/HRC/WGAD/2019
Versión Avanzada sin Editar

Distr. general
27 de mayo de 2019

Original: Español


Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opinión núm 6/2019, relativa a Jordi Cuixart I Navarro, Jordi Sanchez I Picanyol y Oriol Junqueras I Vies (España)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 33/30.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 8 de agosto de 2018 al Gobierno de España una comunicación relativa a los señores Jordi Cuixart I Navarro, Jordi Sanchez I Picanyol y Oriol Junqueras I Vies. Luego de haber solicitado una extensión del plazo de contestación, el Gobierno respondió las alegaciones el 8 de noviembre de 2018. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

(a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

(b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

(c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales ertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

(d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso admnistrativo o judicial (categoría IV);

(e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llebar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Jordi Cuixart I Navarro, es miembro y Presidente de la asociación Òmnium Cultural, que busca proteger la cultura y el lenguaje de Cataluña.

5. Jordi Sánchez I Picanyol, fue Presidente de la Asamblea Nacional Catalana, organización cuyo objetivo es la independencia de Cataluña a través de medios democráticos y pacíficos, organizó dos grandes protestas el 11 de septiembre de 2012 y el 11 de septiembre de 2013. El Sr. Sánchez fue electo miembro del Parlamanto de Cataluña para el período a iniciar en 2018. Lideró un movimiento de defensa de la lengua, la cultura y la nación catalana entre 1983 y 1994.

6. Oriol Junqueras I Vies, fue el Vicepresidente del Gobierno de Cataluña y Ministro de Economía y Finanzas. Fue Alcalde de San Vicente dels Horts entre 2011 y 2015 y Miembro del Parlamento Europeo entre 2009 y 2012. En 2011 fue electo presidente de Esquerra Republicana, en 2012 miembro del Parlamento de Cataluña, reelecto en diciembre de 2017.

7. Según la información recibida, el 20 y 21 de septiembre de 2017 tuvo lugar una manifestación pública en Barcelona, a favor de un referéndum por la independencia de Cataluña.

8. El 22 de septiembre de 2017, la Fiscalía General presentó denuncia por sedición ante los hechos ocurridos durante la manifestación. El 27 de septiembre la Audiencia Nacional de Madrid se declaró competente para conocer el caso y el 3 de octubre citó a los Sres. Cuixart y Sánchez a declarar, en calidad de investigados, para audiencia del 6 de octubre de 2017.

9. El 16 de octubre de 2017 el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional de Madrid, luego de haber tomado sus declaraciones, ordenó la prisión provisional de los Sres. Cuixart y Sánchez, quienes apelaron la decisión. En el auto, el Juez afirmó su competencia y decidió en favor de la detención, sobre la base de la gravedad de la pena.

10. El 6 de noviembre de 2017 fue rechazada la apelación. La fuente destaca que la sentencia del tribuanl de apelación no fue unánime. Un juez consideró desproporcionada la detención ante la imprecisión de los alegatos y la vaguedad de su clasificación legal, por contravenir estándares mínimos de certeza jurídica.

11. El 27 de octubre de 2017, el Parlamento Catalán aprobó una declaración unilateral de independencia. Como respuesta, el Gobierno de España, ese mismo día, invocó el artículo 155 de la Constitución y acordó la suspensión de todos los miembros del Parlamento y la disolución de este órgano.

12. El 30 de octubre de 2017, la Fiscalía presentó una denuncia por rebelión, sedición y malversación, contra de los recién removidos miembros del Gobierno de Cataluña, incluyendo el Sr. Junqueras. La fuente alega que la denuncia no especificó los hechos que constituían delitos.

13. Según la información recibida, el 31 de octubre de 2017 la Audiencia Nacional se consideró competente en el caso del Sr. Junqueras y lo citó a comparecer dos días después para declarar. El 2 de noviembre de 2017 el Sr. Junqueras rindió declaración ante el tribunal y quedó detenido por orden del Juzgado Central de Instrucción.

14. La fuente destaca que, en su decisión de imponer la prisión provisional, el Juzgado consideró que el Sr. Junqueras había contado con tiempo y medios para preparar su defensa, a pesar de que su abogado estaba ausente y de que los hechos que se le imputaban no fueron especificados.

15. Los casos de los Sres. Cuixart y Sánchezu fueron acumulados con el del Sr. Junqueras, ante el Tribunal Supremo, en virtud del fuero personal de este último, como miembro [del] Gobierno de Cataluña. El 22 de noviembre de 2017, el Juzgado de Instrucción remitió información al Tribunal Supremo. Según la fuente, el Juez describió una organización compleja, que tenía como fin la secesión de Cataluña y la alteración de la forma de organización política del Estado.

16. La fuente indica que los hechos que se remitieron al Tribunal Supremo, lejos de estar limitados a la acusación (referidos al 20 y 21 de septiembre de 2017), se remontaron al 2015. No obstante, no se atribuyó la comisión de hechos específicos y concretos, sino actos que no constituyen agravios o ilícitos.

17. El 24 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo, decidió a favor de la acumulación de las causas y el 4 de diciembre de 2017 confirmó la detención.

18. Como consecuencia de la disolución del Parlamento de Cataluña, el 21 de diciembre de 2017 se celebraron nuevas elecciones, los Sres. Sánchez y Junqueras resultaron electos.

19. El 9 de enero de 2018 el Sr. Junqueras solicitó su traslado a un lugar de detención más cercano a Barcelona y su liberación temporal, para participar en la sesión inaugural del Parlamento, el 17 de enero. El 12 de enero fue negada la solicitud, indicando que existía riesgo de un enfrentamiento ciudadano.

20. La fuente destaca que, el 24 de enero de 2018, otro detenido y coacusado en el juicio, quien había sido electo Miembro del Parlamento, renunció a su cargo y se comprometió a no participar en actividades políticas y a no formar parte del Gobierno de Cataluña. Se alega que ello fue con el propósito de conseguir su liberación.

21. El 5 de marzo de 2018 el Sr. Sánchez aceptó la nominación para ser investido como Presidente del Gobierno de Cataluña. En consecuencia, solicitó ser liberado para acudir a la ceremonia. Tal posibilidad fue negada el 9 de marzo de 2018. El Sr. Sánchez tuvo que renunciar a su nominación.

22. El 21 de marzo de 2018, el Sr. Sánchez solicitó medidas provisionales al Comité de Derechos Humanos, que fueron concedidas el 23 de marzo de 2018. El Comité pidió al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que el Sr. Sánchez pueda ejercer sus derechos políticos. Según la fuente, el Gobierno no cumplió con las medidas.

23. El 21 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo emitió auto de procesamiento por rebelión contra los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras, confirmando su detención.

24. Según la fuente, la defensa de los detenidos ha presentado varios amparos, que han sido denegados o no respondidos. Todas las solicitudes de libertad han sido rechazadas en términos generales, sin individualizar, simplemente estableciendo que los deseos de independencia generan riesgo de re-ofender.

25. Se argumenta que a los detenidos no se les haya podido atribuir la comisión, planificación o instigación de violencia. Se alega que el auto de acusación, del 21 de marzo de 2018, reconoce que la actuación de los imputados consistió en participar en manifestaciones públicas. La violencia de pocos individuos, no relacionados con los acusados, no puede atribuirseles a estos.

26. La fuente aporta una decisión de una Corte Superior de Alemania que, al estudiar una solicitud de extradición del coacusado Ex-presidente del Gobierno de Cataluña, no encontró elementos de violencia necesarios en el delito de rebelión. Se indica que el acusado no había planificado o efectivamente usado violencia o fuerza, sino más bien embarcado en el uso de medios democráticos, como el referéndum.

27. La fuente alega que la detención es el resultado del ejercicio de derechos o libertades garantizados en los artículos 18 a 21 de la Declaración Universal y los artículos 19, 21, 22 y 25 del Pacto.

28. La fuente reclama que, en auto del 16 de octubre de 2017, que acordó la detención por el delito de sedición, los únicos hechos en los que el Ministerio Público basó su acusación se relacionan con los eventos del 20 y 21 de septiembre de 2017. No obstante, la orden de detención se refiere a hechos de amplio rango, que ocurrieron antes, durante y después.

29. En relación a la participación de los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras en los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017, la investigación solo reveló, según la fuente, que estos habían ejercitado libremente de su derecho a protestar. Para la fuente, ello no constituye base legal para una detención, sino que más bien está protegido por los derechos humanos.

30. Según la fuente, las manifestaciones fueron convocadas por muchos individuos y organizaciones, sindicatos, universidades, partidos políticos y asociaciones, sin que estén siendo objeto de un proceso penal o de una detención. Las manifestaciones fueron a favor del derecho de autodeterminación, a través de un referéndum.

31. La fuente indica que el Sr. Cuixart hizo llamados a la calma y la paz en las manifestaciones. Él y el Sr. Sánchez son reconocidos por sus llamados a la no violencia. Ninguna de las protestas organizadas por la asociación Òmnium Cultural, en sus 56 años, han sido violentas. De acuerdo con la fuente, la Audiencia Nacional aceptó que Òmnium Cultural tenía objetivos legítimos.

32. Se señala que un juez de la Audiencia Nacional consideró que los eventos del 20 y 21 de septiembre de 2017 consistieron en el legítimo ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, de acuerdo a la ley: Se llamaba a la moviliziación de la ciudadania para protestar ante una situación que se estaba produciendo y que no comjpartían. La concentración no tenía como intención desacatar e incumplir los mandamientos judiciales, sino ejercer su derecho a la protesta. Se trataba por tanto del ejercicio de un derecho legítimo y dentro de las vías legales, que compartían personalmente y con sus organizaciones.

33. El auto menciona, como parte del proceso criminal, otras acciones que no son punibles y son protegidas por los artículos 21 y 22 del Pacto, tales como la organización de movilizaciones masivas, pacíficas, puntuales, ágiles y espectaculares; el llamado a huelga; concentraciones y manifestaciones. Es decir, el ejercicio legítimo de una actividad política, que no justifica la detención.

34. Por otro lado, la fuente argumenta que la detención es una consecuencia del ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión y de expresión, que se alega fue criminalizado. La detención fue el resultado de haber expresado pública y pacíficamente el deseo de independencia.

35. La fuente destaca que el llamado a apoyar un referÁéndum fue despenalizado en España, a travÁés de la Ley Orgánica 2/2015, pues constituye un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, bajo los artículos 20 y 21 de la Constitución.

36. Los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras han expresado su opinión política sobre la situación de Cataluña de forma pacífica y repetitiva. no hay evidencia de que sus acciones fuesen violentas, que hayan incitado a la violencia o que de hecho hayan ocasionado violencia. Los únicos actos de violencia en la acusación es aquella de la policía española, que no puede ser atribuida a los acusados.

37. Se indica que la opinión política de los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras es la base para su detención, como fue implícitamente establecido en el auto del 5 de enero de 2018. El juez indeicó que la detención del Sr. Junqueras no se justifica en su peligrosidad, sino en la probabilidad de que adopte la misma conducta, en relación a sus actividades políticas. Ello se equipara a mantener a alguien detenido por sus opiniones y creencias.

38. Se alega que la detención es resultado del ejercicio del derecho a participar en asuntos políticos. Para la fuente, hay un amplio consenso sobre el derecho de los enjuiciados, y los ciudadanos en general, a votar en el referéndum del 1 de octubre de 2017. La detención tiene como objetivo y consecuencia la restricción del derecho a comunicar ideas, incluyendo el llamado a votar, así como impedir la posibilidad de ser candidato y asumir el mandato, en caso de ser electo.

39. Se señala que, en diferentes decisiones, los jueces concluyeron que el riesgo de actividad criminal está vinculado con las responsabilidades políticas, indicando que el propósito material de la detención es evitar que participen en asuntos públicos.

40. El Sr. Sánchez, como candidato a las elecciones del Parlamento del 21 de diciembre de 2017, no pudo participar en la campaña y votación, a pesar de su rol y subsecuente triunfo. Posteriormente, fue impedido de asumir su cargo parlamentario. La detención tiene como objetivo, y consecuencia, privarlo de su participación política.

41. Según la fuente, el Sr. Junqueras, igualmente privado de su derecho a participar en la campaña y a ser electo, fue impedido de asumir su cargo parlamentario y de participar en la sesión inaugural del Parlamento.

42. La fuente informa sobre el caso de otro líder catalán, también detenido y enjuiciado, que renunció a su rol político a cambio de la promesa de liberación. Su detención lo habría forzado a renunciar a sus derechos, con la esperanza de alcanzar su libertad.

43. Se argumenta que el objetivo del Gobierno lo demuestran las declaraciones de la entonces Vicepresidenta de España, cuando felicitó al Primer Ministro por tener éxito al decapitar y liquidar a los líderes independentistas. la fuente también llama la atención a las declaraciones del Ministro del Interior, en las que amenazó con enjuiciamiento y detención a otros dos políticos por haber preparado las listas para las elecciones de diciembre de 2017.

44. La fuente alega que la detención es arbitraria por ser violatoria de los estándares internacionales de los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal, 9 y 14 del Pactoy, y del Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier formja de detención o prisión.

45. Se alega además la falta de competencia de la Audiencia Nacional, cuando es cometida con el objetivo de cambiar la organización territorial del Estado, debe ser considerado como una ofensa contra la forma de gobierno y, por lo tanto, la Audiencia Nacional tendría jurisdicción. No obstante, se argumenta que esta sería una errónea interpretación de la legislación, para da jurisdicción a la Audiencia Nacional bajo el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

46. Se argumenta que la ofensa sobre la cual la Audiencia Nacional tiene jursidicción sólo ha sido utilizada en relación con un ataque contra la forma de gobierno eswtablecida en la Constitución: Monarquía Parlamentaria, no siendo aplicable a una situación de cambio y reorganización en las bases de la estructura regional. Es novedoso e injustificable que se extienda el significado de la ofensa para cubrir los alegatos contra los detenidos.

47. Para la fuente, la Audiencia Nacional sólo tiene competencia sobre ciertas ofensas específicas, lo cual no incluye la sedición. Una sentencia de ese mismo tribunal, del 2 de diciembre de 2008, determinó que la rebelión nunca ha recaído bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional. El tribunal no ha ofrecido motivos para justificar ese cambio de criterio.

48. Se argumenta que la transferencia del caso al Tribunal Supremo no subsana las irregularidades anteriores, orque fue la Audiencia Nacional la que dictó la orden privativa de libertad y porque, a todo evento, el Tribunal Supremo no es más competente. El tribunal con competencia sería el Tribunal Superior de Cataluña, pues el supuesto crimen habría sido cometido en ese territorio.

49. Para la fuente, los hechos descritos demustran que los tribunales que mantienen detenidos a los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras no son competentes, independientes e imparciales. Se alega que la declaración de la Vicepresidenta del Gobierno indica claramente la falta de independencia del proceso, no solo por su referencia a la decapitación de los líderes políticos, sino al calificar dicha acción como un logro del Primer Ministro.

50. Para la fuente, la falta de competencia y jurisdicción de los tribunales sobre estos asuntos, así como su falta de independencia e imparcialidad, afectó sus decisiones, incluyendo aquella de detener a los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras. como resultado, su privación de libertad constituiría una violación de los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal y 9 y 14 del Pacto.

51. En relación a los Sres. Cuixart y Sánchez, el juez ordenó su detención sobre la base de los alegatos de sedición, en conexión con los eventos del 20 y 21 de septiembre de 2017, no obstante, hizuo referencia a una sucesión de eventos antes y después, y a lugares en los que los acusados no estaban presentes. La defensa legal del Sr. Cuixart, en audiencia del 11 de enero de 2018, pidió al juez que le informase sobre los hechos concretos y crimenes imputados, pues estos permanecían en duda. ÄEsta solicitud no ha sido respondida.

52. La fuente alega que la sedición requiere de una alzamiento público y tumultuario, lo cual es distinto de una declaración de independencia o de las manifestaciones pro-referéndum. Se indica que la doctrina española ha establecido que es imposible que el legislador hubiese criminalizado la oposición pacífica y colectiva a la ejecución de la ley o de la función pública. Apoyar la autodeterminación no constituye un crimen, sino un derecho, protegido por los artículos 16 y 22 de la Constitución.

53. Según la fuente, los Sres. Cuixart y Sánchez clamaron por una manifestación cívica y pacífica, insistiendo en que cualquier acto violento debía ser evitado. Los daños a vehículos que les atribuyeron, fueron el resultado de acciones de individuos no identificados y que no guardan relación con los detenidos. La Guardia Civil reconoció que otros en la movilización intentaron proteger vehículos del daño.

54. Se destaca que, en una opinión disidente, uno de los jueces de la Audiencia Nacional instó a sus colegas a ser prudentes al establecer los hechos, objetiva y penalmente, y a no desviarse por presunciones, subjetivismo y prejuicios de los hechos. En un análisis de los hechos no es posible identificar un posible delito.

55. Según la fuente, el Sr. Junqueras fue detenido por rebelión, que tampoco puede probarse. Bajo el artículo 472 del Código Penal, la rebelión la cometen quienes se alcen violenta y públicamente para, entre otras cosas, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. El delito sólo puede existir si se ha producido en el contexto de un enfrentamiento armado, o al menos violento.

56. Se informa que el anterior fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña destacó que el comportamiento democrático de más de un millón de ciudadanos, ejercitando su derecho a manifestar pacíficamente, no podía constituir violencia, y menos rebelión.

57. Según la fuente, declarar la independencia de una parte del territorio no encuadra en la definición de rebelión. Para que se constituya ese crimen, se requiere violencia. Se alega que no hubo violencia en ninguna etapa del proceso, excepto la de la Policía Nacional, por la que los detenidos no son responsables.

58. La sedición, por su parte, es una ofensa prevista en el artículo 544 del Código Penal, que requiere un levantamiento violento y colectivo para derogar las leyes. La fuente argumenta que una protesta pacífica no puede constituir sedición. Desde 2005, los actos de convocar o participar en un referéndum han sido despenalizados.

59. Se informa que los Tribunales de Cataluña, durante años, han recibido quejas de sedición relacionadas con actos pro-independencia (por ejemplo, decisiones de 24 de marzo de 2014 y del 8 de enero de 2015). Desde 2014, estos tribunales, que tienen competencia territorial exclusiva sobre dichas denuncias, las han rechazado debido a la ausencia de violencia y la falta de atribución personal de acciones específicas.

60. Para la fuente, el juez consideró que el Sr. Junqueras era responsable de la violencia, pero que él no participó, anticipó y provocó la misma. La orden de detención no particularizó el comportamiento alegado contra el Sr. Junqueras y no pudo establecer si su actuación amerita la privación de libertad.

61. La fuente destaca el estándar según el cual la presunción de inocencia es vulnerada si una declaración oficial sobre un acusado da la impresión de culpabilidad, cuando esta no se haya determinado judicialmente. Dicha vulneración habría sucedido cuando el Primer Ministro describió al movimiento de independencia y sus líderes como rebeldes imprudentes e incluso peligrosos. Además, cuando la Vicepresidenta anunció que el Gobierno había triunfado en la decapitación de sus líderes.

62. Se agrega que, contrario a la presunción de inocencia, la Cámara de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha declarado que ciertos hechos son de conocimiento común y no necesitan ser probados. Por ejemplo, indicó que el hecho de que el Sr. Cuixart se haya parado en un vehículo de la Policía Nacional constituye una acto conocido. Sin embargo, ese hecho debe interpretarse en su contexto, pues no hay acuerdo sobre el mismo: el Sr. Cuixart estaba en este vehículo pidiéndole a la multitud detener la manifestación, por lo tanto, ese actuar no puede ser usado en contra de él, sin antes aclarar el contexto.

63. Para la fuente, queda en evidencia que la detención viola la presunción de inocencia, protegida por los artículos 11.1 de la Declaración Unviersal y 14.2 del Pacto.

64. La fuente, además, destaca la vulneración del derecho a la defensa, que implica que el individuo tenga tiempo y medios para preparar argumentos y pruebas en su favor. Respecto a ls Sres. Cuixart y Sánchez, se destaca que fueron citados el 3 de octubre de 2017 para comparecer en una audiencia el 6 de octubre. Al Sr. Junqueras se le concedió incluso menos tiempo, fue citado el 1 de noviembre de 2017, para rendir declaración y luego ser detenido el 2 de noviembre de 2017. A pesar de ello, la orden del 2 de noviembre de 2017 determinó que el acusado se había beneficiado del tiempo necesario para preparar su defensa, sin considerar el hecho de que su abogado no estaba presente.

65. La fuente explica que el tribunal recibió la denuncia del Ministerio Público el 31 de octubre. Al día siguiente, (1 de noviembre, día festivo), el Sr. Junqueras recibió una citación, por lo que él y su abogado debían viajar, sin demora, la distancia entre Barcelona y Madrid (630 km), para comparecer en la audiencia. Se señala que ello no permitió tiempo suficiente a la defensa para consultar, procesar y responder a la acusación de 117 páginas, mucho menos el expediente entero.

66. El abogado del Sr. Junqueras no pudo estar presente, ya que también era defensor de otros miembros del Parlamento, convocados el mismo día ante el Tribunal Supremo, algo que la Audiencia Nacional ignoró. Lejos de aplazar la audiencia, el juez procedió en ausencia del abogado defensor. Todos los acusados plantearon, ese día, su incapacidad para preparar su defensa dentro del tiempo disponible.

67. Finalmente, la fuente alega que, debido a que la detención se debe a la defensa del derecho de los catalanes a la autodeterminación, esta constituye una discriminación basada en la opinión política. Se destaca el vínculo entre las personas encarceladas y la situación política. Los detenidos están públicamente asociados con el movimiento independentista. Además, los hechos en cuestión y su arresto tuvieron lugar en esa región. Esto proporciona una base adicional sobre la cual se afirma que la detención de los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras es arbitraria y viola sus derechos fundamentales.

68. La fuente concluye solicitando que declare [que] la detención es arbitraria bajo las categorías II, III y V.

Respuestas del Gobierno

69. El 8 de agosto de 2018, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno, solicitándole que, antes del 8 de octubre de 2018, suministrara información detallada sobre las bases jurídicas y fácticas de la detención, así como la compatibilidad de ésta con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. El Gobierno solicitó una prórroga al lapso de contestación, que fue concedida hasta el 8 de noviembre de 2018.

70. En su respuesta, el Gobierno señala que la detención de los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras ha sido ordenada en una causa penal que se sigue ante el Tribunal Supremo, a la que se acumuló la que inicialmente se seguía ante la Audiencia Nacional. El Juez Instructor adoptó, y la Sala Penal del Tribunal Supremo confirmó, la detención mientras se tramita la causa, en la cual todavía no se ha dictado sentencia.

71. El Gobierno indica que la Constitución Española prevé la posibilidad de adoptar la medida de prisión provisional en su artículo 17, y la Ley de enjuiciamiento criminal atribuye a los jueces la capacidad de imponer la medida cautelar de prisión provisional cuando se verifican las causas previstas en los artículos 503 y 504.

72. El Gobierno indica que, en España rige el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes, por lo que en las decisiones adoptadas por el Poder Judicial (en este caso el Tribunal Supremo) no han intervenido el Poder Legislativo ni el Ejecutivo.

73. De acuerdo con el Gobierno, observaciones presentadas basan en las resoluciones contenidas en la causa penal, que son manifestación del poder del Estado (en el presente caso el Judicial), que decidió las detenciones. Por ello, refiere el Estado, no son relevantes los comentarios de los miembros del Poder Ejecutivo o de los partidos políticos, ya que ni uno ni otros han adoptado las medidas de detención, ni existe indicio de que hayan influido en las decisiones del Poder Judicial.

74. El Gobierno precisa que: este no asumió las competencias del Parlamento de Cataluña, acordada su disolución y convocadas elecciones, sus funciones siguieron siendo ejercidas por la Diputación Permanente del Parlamente de Cataluña; se indica el rechazo del Comité de Derechos Humanos de medidas provisionales a favor del Sr. Sánchez en términos del artículo 92 de su Reglamento; refiere que el Tribunal Regional Alemán ha considerado que en España no hay persecución por motivos políticos y que no existen presos de consciencia; y que los amparos presentados han sido admitidos a trámite y están aún en término para su resolución, de acuerdo con criterios del Comité de Derechos Humanos [El Gobierno hace referencia a la Comunicación 1341/2005, Zündel c. Canadá, del Comité de Derechos Humanos].

75. El Gobierno destaca que la Constitución Española permite su modificación completa al no exigir el principio de «democracia militante» y establece un procedimiento específico para ello, en su artículo 168.

76. Agrega el Gobierno que, en consecuencia, en España son legales los partidos políticos que promueven la separación de Cataluña del resto de España y la Constitución recoge mecanismos que permiten llegar a esa situación, en el marco del Estado de Derecho. Así fue reafirmado por la sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, en la que señala que «el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña» debe articularse a través de los principios de legitimidad democrática, de diálogo y de legalidad, todo ello en el marco de la Constitución y de los procedimientos de reforma en ella establecidos.

77. De acuerdo con el Gobierno, el movimiento independentista, al no contar con las mayorías requeridas, optó por no respetar el Estado de Derecho y actuar de forma unilateral. Según el Tribunal Constitucional:

«(...) atentado tan grave al Estado de derecho conculca por lo demás, y con pareja intensidad, el principio democrático, habiendo desconocido el Parlamento que el sometimiento de todos a la Constitución es otra forma de sumisión a la voluntad popular, expresada esta vez como un poder constituyente del que es titular el pueblo español, no ninguna fracción del mismo. (...)»

78. El Gobierno refiere que tampoco se contaba con las mayorías para modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que exige mayorías de dos tercios del Parlamento de Cataluña para aprobar una reforma.

79. Según el Gobierno, el movimiento independentista, aprovechándose del control de la Presidencia, y con el apoyo de las instituciones dirigidas por los Sres. Sánchez y Cuixart, impulsó un referéndum inconstitucional y aprobando leyes inconstitucionales, que llevaban hacia una declaración de independencia, sin contar con la mayoría de votos, y tampoco con la mayoría suficiente de escaños en el Parlamento de Cataluña.

80. De acuerdo con el Gobierno, en el referéndum de aprobación de la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978, votaron a favor el 90,346 % de los electores en Cataluña, siendo el índice de participación del 68 % del censo electoral, por lo que votaron a favor del sí a la Constitución el 62 % de los catalanes con derecho a voto. En cambio, señala el Gobierno, el movimiento independentista nunca ha tenido la mayoría de votos en Cataluña.

81. El Gobierno señala que desde que España recuperó la democracia plena, en 1977, se ha consolidado como un país de alta calidad democrática, en el que se garantizan los derechos y las libertades de todos sus habitantes, de conformidad con las más prestigiosas instituciones internacionales. Destaca como hecho notorio el reconocimiento internacional de la transición democrática, cuyo punto esencial fue la Constitución de 1978.

82. Según el Gobierno, las actuaciones judiciales del presente caso no pueden entenderse como una reacción a la aspiración política legítima de separación de Cataluña, sino exclusivamente con una medida judicial, por unos hechos concretos, llevados a cabo al margen del Estado de Derecho.

83. A decir del Gobierno, desde el momento en que se adoptaron las decisiones judiciales de detención, y ante solicitud y recurso de las personas afectadas, las resoluciones judiciales han confirmado la detención, manteniendo la misma por riesgo de reiteración delictiva.

84. El Gobierno indica que las detenciones de los Sres. Sánchez y Cuixart se acordaron inicialmente por autos de la Juez Instructora de la Audiencia Nacional, el 16 de octubre, y la del Sr. Junqueras el 2 de noviembre de 2017. Posteriormente fueron confirmadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y resoluciones del Juez Instructor, dando respuesta a las peticiones de libertad y/o permisos solicitados.

85. En relación a los elementos de hecho, el Gobierno hace referencia a lo establecido por el Juez Instructor el 21 de marzo de 2018, recogido por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por el que se procesa a los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia y por los que acuerda el mantenimiento de la detención, por no haber desaparecido el riesgo de reiteración delictiva, además de la existencia de riesgo de fuga.

86. El Gobierno señala que la resolución del 21 de marzo de 2018 del Juez Instructor recoge los antecedentes fácticos del caso calificándolos, en lo que aquí interesa, como delito de rebelión. El Gobierno precisa que inicialmente se calificaron los hecho como delito de sedición, si bien a medida que avanzaba la instrucción el juez instructor consideró que los hechos indiciariamente se integraban en el tipo de la rebelión.

87. El Gobierno indicia que el Poder Judicial consideró que concurrían los supuesto previstos en el art. 503 Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la detención y su mantenimiento, a saber: i) los hechos presentan los caracteres de delito sancionado con penas superiores a 2 años de prisión; ii) motivos bastantes para entender criminalmente responsable a persona determinada; iii) apreciación de la existencia de riesgo de fuga y reiteración delictiva.

88. Según el Gobierno, la prisión preventiva en España es legítima siempre que se fundamente conforme al Estado de Derecho y en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el presente caso, las medidas no se adoptan con objeto de limitar derechos, sino como consecuencia de la actuación de las personas afectadas, que el juez competente valora como posiblemente constitutivas de delitos muy graves, contrarios al Estado de Derecho.

89. En relación con la alegada falta de competencia y jurisdicción de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, por considerar que los delitos han sido cometidos en Cataluña, el Gobierno señala que debe considerarse — como lo hizo lo Tribunal Supremo — que algunos de los comportamientos que se han desplegado han desbordado el territorio: la agenda intervenida a José María Jové, el Libro Blanco para la independencia de Cataluña y, en relación con el referéndum, la compra de urnas y la impresión de las papeletas para la votación en el extranjero (Francia).

90. El Gobierno remite a lo expuesto respecto de la tipificación que hace el Tribunal Supremo de los hechos imputados a los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras.

91. En relación a la vulneración de la presunción de inocencia, el Gobierno indica que esta solo puede ser quebrantada por el Poder Judicial, y que no se puede atribuir ésta a las declaraciones de miembros del Poder Ejecutivo.

92. Sobre el alegato de falta de tiempo parar la preparación de la defensa, se indica que la suspensión no fue pedida por el Sr. Junqueras al inicio de su declaración, sino que se limitó a presentar por registro general una petición de suspensión, que llegó a la Juez instructora después de celebradas las declaraciones, no antes de éstas.

93. Respecto de los Sres. Cuixart y Sánchez, en el Auto de la Juez Instructora, del 16 de octubre de 2017, en el que se les detiene, no existe ninguna queja ni petición de suspensión vinculada a no haber tenido tiempo de preparar la defensa. En el recurso de apelación resuelto por Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 6 de noviembre, no se indica como motivo de impugnación la falta de tiempo para la defensa. Así mismo refiere que en las sucesivas peticiones de libertad y recursos presentados, no han alegado la existencia de límites a su defensa.

94. El Gobierno señala que no existe discriminación en el presente caso y refiere los argumentos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una resolución del 5 de enero de 2018, donde, al negar una petición de libertad del Sr. Junqueras, se indica que el juicio no busca perseguir la disidencia política.

Información adicional de la fuente

95. La fuente presentó comentarios adicionales sobre las expresiones no violentas de las opiniones políticas de los Sres. Cuixart, Sánchez y Junqueras, así como por haber ejercido sus derechos a la libertad de asociación, reunión y participación en los asuntos públicos de su país, lo que las transforma en arbitrarias. De la misma forma, profundizó con elementos relativos a las violaciones a los derechos al debido proceso legal de los detenidos.»

Fonte:

http://exteriors.gencat.cat/web/.content/Noticia/afers_exteriors/2019/2019/20190529-DictamenONUPresos.pdf

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