Al pueblo soberano de Chile:

El 15 de noviembre de 2019, un grupo de partidos políticos de derecha, centro e izquierda, nos anunciaron que habían firmado un acuerdo para comenzar un proceso para cambiar la Constitución.

El acuerdo se aprobó sin mediar participación ciudadana y sin oír a organización social alguna.

El objetivo, desde el punto de vista partidista estaba cumplido: lograr unidad en la clase política.

Pero, ¿en qué beneficia esto a los millones de ciudadanos no militantes, que siguen ganando pensiones miserables, siguen quedando excluidos de las decisiones y siguen viendo como todo se resume en acuerdos y arreglos políticos entre cuatro paredes?

El proceso que ellos planearon no da garantías de efectiva participación ciudadana. Los plazos parecen demasiado lejanos, como si de una simple estrategia dilatoria se tratase. Las opciones que nos dan son muy acotadas. Y para colmo de males, le pusieron el nombre que a ellos les pareció mejor: "convención constitucional".

Entonces, considerando:

1. Que el clamor popular por una Nueva Constitución surgió hace ya muchos años desde la sociedad civil y no desde la clase política, la cuál sólo se conformó con reformarla parcialmente en estos 30 años de gobiernos posteriores a la dictadura.

2. Que el poder constituyente radica en el pueblo y cuando surje para crear una nueva Carta Política, es decir, en su carácter de originario, goza de primacía sobre los demás poderes y órganos del Estado, de consecuencia no puede ser limitado ni encausado bajo las reglas de la institucionalidad que se pretende cambiar.

3. Que la clase política y las instituciones están profundamente deslegitimadas ante la sociedad por su corrupción, inoperancia y falta de servicialidad a los ciudadanos.

4. Que las autoridades en actual ejercicio llegaron al poder mediante un fraude electoral de refichajes ilegales en 2017.

5. Que además ejercen función pública en virtud o a razón de la Constitución ilegítima de 1980.

6. Que el supuesto cambio se habilitó por una reforma a la actual Constitución, de consecuencia, el texto de reemplazo será un derivado de la misma.

7. Que se está engañando a la ciudadanía, presentando como proyecto de nueva Constitución a un proceso que en el fondo es una mera reforma, puesto que se pone en marcha mediante una reforma a la sección de la actual Constitución que regula justamente la reforma constitucional.

8. Que el proceso contempla, en contra de la voluntad de las mayorías, un quórum irrisorio de 2/3 que permite a una minoría imponerse a la mayoría, quitándonos toda esperanza de cambios favorables para el pueblo y eliminando toda garantía de verdadera y auténtica democracia en el proceso.

9. Que de marchar todo como la clase política ha planeado, el nuevo texto llevaría la firma de Sebastián Piñera, Presidente implicado en casos de violación sistemática a los DDHH.

10. Que al aplicar al proceso el sistema electoral para elegir diputados, lo cual implica aplicar el Sistema D'Hondt, tendremos las típicas listas de partidos que terminan ganando todos los cupos disponibles en desmedro de los independientes que compiten en forma personal, los cuales además no disponen de los mismos recursos que tienen los partidos políticos para poder difundir sus candidaturas e ideas, creando así el escenario perfecto para que la constituyente esté integrada solamente por esa minoría de ciudadanos militantes de los partidos políticos (menos del 5% de la ciudadanía). De consecuencia, este proceso tal como está no se ajusta al estándar internacional y se constituye per se en un ícono del abuso de poder de la clase política, la partitocracia y la violación sistemática de derechos políticos, derechos que también están protegidos por sendos tratados internacionales en materia de DDHH.

Por tanto, en ejercicio de nuestro derecho de petición del Art. 19 N° 14 de la Constitución y de los tratados internacionales vigentes que garantizan el ejercicio del derecho a la libre determinación y de consecuencia, del poder constituyente
originario, tal como indica el Art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado y vigente en Chile desde 1989, obligatorio para el Estado Chileno a tenor del Art. 5 inc final de la Constitución, exijimos los siguiente:

• Primero: Que el gobierno de Chile y el congreso nacional, para validar su proceso y plebiscito ante la ciudadanía y ganar su favor, agreguen un tercer mecanismo para redactar la Nueva Constitución en caso de ganar la opción SI, escenario más probable según los actuales pronósticos.
• Segundo: Que dicha tercera opción o mecanismo sea: "Asamblea Constituyente".
• Tercero: Que dicha Asamblea Constituyente sea descentralizada, territorial, sin representantes, sino con vocales elegidos en forma aleatoria y con participación activa de la ciudadanía mediante plebiscitos y consultas ciudadanas vinculantes durante el proceso, trabajando en conjunto con los colegios profesionales de Chile y las Universidades Públicas.
• Cuarto: Que, en caso de no acceder a esta petición, los firmantes no reconocerán
  el acuerdo de la clase política ni su proceso constituyente.
• Quinto: Hacemos presente esta petición al Gobierno de Chile y el Congreso Nacional, con una solicitud especial adicional de intercesión a la Organización de Naciones Unidas y la Corte Suprema de Justicia de Chile, por ser este un tema de DDHH.

Creemos con total convicción que un cambio real, estructural, institucional, idóneo y urgente para Chile, necesariamente debe pasar por un ejercicio de mayor democratización, sobre todo en proceso de esta naturaleza. Creemos que se debe asegurar mayor participación ciudadana mediante mecanismos de democracia directa, cuya posibilidad y nuevo paradigma también se constituyen como derecho fundamental garantizado en el Art. 23 N° 1 letra a, de la Convención Americana de Derechos Humanos, vigente en Chile desde el año 1991.

Invitamos a todos nuestros compatriotas a sumarse a esta iniciativa por una auténtica democracia y para el libre ejercicio del poder constituyente.