Les hablamos desde los territorios, desde los páramos, las selvas, las montañas, los humedales, las costas y las comunidades que sostienen diariamente la vida en este país. Les hablamos desde la preocupación, pero también desde la esperanza.

Colombia atraviesa un momento decisivo. Hoy vemos con claridad dos caminos posibles para el futuro ambiental de nuestra nación: uno que insiste en profundizar el extractivismo, el fracking, la flexibilización de licencias ambientales y la explotación indiscriminada de la naturaleza en nombre del crecimiento económico; y otro que entiende que no puede existir desarrollo real si se destruyen las fuentes mismas de la vida.

No hablamos desde posiciones ideológicas vacías. Hablamos desde la ciencia, desde los conocimientos ancestrales, desde el derecho ambiental, desde las voces de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, desde las comunidades que han protegido históricamente el agua, la biodiversidad y los territorios incluso en medio de la violencia.

Nos preocupa profundamente que se siga presentando el fracking y la expansión extractiva como soluciones inevitables para el país, a pesar de la amplia evidencia científica que advierte sus impactos sobre el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y la salud humana. En plena crisis climática global, insistir en modelos energéticos fósiles significa comprometer el futuro ambiental y económico de las próximas generaciones.

El agua no puede seguir siendo entendida como una mercancía subordinada a intereses económicos de corto plazo. El agua es vida, territorio, alimento y dignidad. Defender páramos, cuencas, humedales y ecosistemas estratégicos no es un obstáculo para el desarrollo: es la única forma de garantizar un país habitable.

También rechazamos las propuestas que reducen la protección ambiental a un simple “trámite burocrático”. Las licencias ambientales existen para prevenir daños irreversibles y proteger a las comunidades. Debilitar estos mecanismos significa poner en riesgo ecosistemas fundamentales y profundizar conflictos sociales y territoriales que históricamente han golpeado a las regiones más vulnerables del país.

Creemos en una transición energética justa que democratice la energía y fortalezca alternativas sostenibles como la agroecología, la bioeconomía, el turismo ambiental responsable y las economías comunitarias. El futuro no puede construirse sobre territorios sacrificados ni sobre la exclusión de quienes habitan y defienden la tierra.

Asimismo, hacemos un llamado urgente a garantizar la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú y la protección de los líderes y lideresas ambientales. En Colombia, defender el agua y el territorio sigue costando la vida. Ningún país puede llamarse democrático mientras quienes protegen la naturaleza continúan siendo perseguidos, amenazados o asesinados.

Hoy más que nunca necesitamos escuchar a las comunidades, a la academia, a la juventud, a la ciencia y a los pueblos ancestrales. Necesitamos una política ambiental basada en la responsabilidad, la justicia ecológica y el cuidado de la vida.

La historia juzgará las decisiones tomadas en este momento. Las generaciones futuras heredarán las consecuencias de destruir nuestros ecosistemas o el valor de haberlos protegido.

Porque defender el territorio es defender la vida.