Decision Maker

Rafael Catalá Polo

Ministro de Justicia. Diputado del Partido Popular por Cuenca.


Does Rafael Catalá Polo have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Rafael Catalá Polo, Jean Alain Rodriguez, Alfonso Dastis, Miguel Vargas Maldonado, Mariano Rajoy, Danilo Medina, SM el Rey Don Felipe VI, SM la Reina Doña Letizia, Susana Díaz, Esperanza Perez Feli...

Que Ana Julia Quezada Cruz sea obligada a cumplir condena en la República Dominicana.

El 27 de Febrero de 2018 Ana Julia Quezada Cruz, pareja sentimental de Ángel Cruz, secuestró, toturó y asesinó a sangre fría al hijo de éste, Gabriel Cruz Ramirez, de 8 años, en Las Hortichuelas, Níjar, Almería. Durante once (11) días, estuvo junto a su pareja y a miles de voluntarios y efectivos de emergencias buscando al pequeño por las cercanías de donde desapareció; llegando, incluso, a manipular las pruebas sobre el terreno para distraer la atención de los investigadores. El 11 de Marzo de 2018, once días después de la desaparición, y tras dos multitudinarias concentraciones de apoyo a la familia del pequeño(en una de las cuales la mujer difundió una fotografía de ella con Gabriel pidiendo encontrarlo) la Guardia Civil halla en el maletero del vehículo de Ana Julia el cadáver del pequeño Gabriel. El Lunes 12 de Marzo la infanticida confiesa el crimen ante las autoridades, presionada por las imágenes de las grabaciones de la Guardia Civil en las que aparece ella cargando el cuerpo del niño en su vehículo. Por tanto, sabiendo que la justicia española resultará ser insuficiente castigo y demasiado complaciente para con esta asesina, incluso si se le impusiera la pena de 150 años de prisión o cadena perpetua, ya que se encontraría con el confort  de cualquiera de las cárceles españolas, SOLICITAMOS: Que Ana Julia Quezada Cruz sea reclamada por el Departamento de Justicia de República Dominicana, de donde es originaria ella, y sea obligada a cumplir pena de prisión perpetua en alguna de las cárceles de su país de origen por el presunto asesinato del pequeño Gabriel Cruz Ramirez. Y a su vez solicitamos también que Ana Julia Quezada Cruz sea considerada persona non grata en todo el territorio español porqué ¡No es justicia que, además, tengamos que mantenerla con nuestros impuestos! 

Iban Gutiérrez
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Petitioning Rafael Catalá Polo, Cristina Cifuentes, Comunidad de Madrid

Concedan la nacionalidad española a nuestros niños (nacidos en España)

Somos cinco familias que tenemos en situación de acogida a siete menores de entre 7 y 15 años. Todos ellos han nacido en España, pero sus padres biológicos no. Los países de origen de sus padres no quieren reconocerlos, así que los niños no tienen la nacionalidad de esos países. Tampoco son españoles, porque aunque han nacido en España y viven aquí, nuestras leyes impiden que lo sean.  En definitiva, nuestros hijos de acogida, nacidos en España, se encuentran “sin nacionalidad”. Y lo que parece una simple denominación legal esconde un auténtico drama para ellos. Situaciones tan cotidianas como entregar un papel para una guardería o un colegio, solicitar la cartilla sanitaria, federarse para poder jugar al fútbol con sus compañeros o viajar al extranjero (o incluso a las islas españolas), se convierten en nuestro caso en un verdadero batallón de preguntas. ¿Por qué su hijo no tiene la nacionalidad? Tenemos que demostrar una y otra vez que los niños han nacido en España y que además residen en España. Por favor, firma para pedir a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Justicia que reconozcan legalmente como españoles a nuestros hijos de acogida, nacidos en España. No estamos pidiendo nada en contra de la legislación: nuestros hijos tienen derecho a que se les otorgue la nacionalidad española. ¿Por qué no la tienen aún? Los siete están tutelados por la Comunidad de Madrid desde hace más de dos años (desde hace 13 años, incluso, en el caso de uno de los menores). Tras varios años luchando, conseguimos que en 2015 la Comunidad de Madrid (que es quien tiene su tutela legal) presentara los expedientes para solicitar la nacionalidad en el Registro Civil correspondiente. Los expedientes salieron entonces hacia el Ministerio de Justicia pero ahora, un año y medio después, todavía no sabemos en qué situación están esos expedientes ni por qué la Comunidad de Madrid no es capaz de averiguarlo. Necesitamos vuestras firmas para pedirle a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Justicia que den trámite a los expedientes de nuestros hijos en acogida y les concedan la nacionalidad española que les corresponde.

CARMEN PARRA
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Petitioning Presidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Ana Pastor, Rafael Catalá Polo, Rafael Hernando, Margarita Robles

#eldolornoprescribe NO A LA PRESCRIPCION de los Delitos Sexuales

Si el dolor de una víctima de violación nunca prescribe y la culpa del abusador tampoco, ¿por qué sí prescribe el delito a los 5 años? Una persona que sufre abusos o agresiones sexuales puede tardar años en estar psicológicamente preparada para asumir el horror vivido y poder reunir la fuerza suficiente para denunciar al agresor. Son innumerables los casos de personas - la mayoría mujeres aunque en muchas ocasiones también son niños - que tras años de silencio y de atravesar todo un infierno y una lucha personal por entender su propia situación, deciden acudir a los Tribunales para acusar a sus agresores, maltratadores o violadores. Entre las razones por las que las víctimas no denuncian lo sucedido en el momento en que ocurren estos abusos o violaciones está el miedo, la vergüenza o el sentimiento de culpa. Miedo hacia el abusador y sus represalias. Miedo hacia el proceso judicial o a no ser creídas. A ser señaladas. Vergüenza por contar lo sucedido. Miedo ante las repercusiones negativas que pueda traer la denuncia en su familia o trabajo. Cuando la víctima se decide a denunciar en la mayoría de los casos el delito ya ha prescrito. Los plazos que hoy marca la ley son de 5 años para los abusos sexuales y 10 años para la agresión sexual. De esta forma muchos delitos se quedan sin castigo y, de nuevo, muchos abusadores quedan libres mientras que las víctimas quedan indefensas o atemorizadas. Por eso te pedimos tu firma, para pedir a todos los grupos políticos en el Congreso y al propio Gobierno de España que promueva una modificación del Código Penal para que estos delitos de abusos y agresiones sexuales no prescriban nunca. Quienes hemos iniciado esta campaña sabemos de lo que hablamos. 32 mujeres llegamos a presentar por escrito nuestro testimonio denunciando los abusos y las agresiones sexuales que sufrimos por parte del psiquiatra Javier Criado. Durante años estuvimos calladas. Ocho de nosotras reunimos la fuerza suficiente como para acudir a los Tribunales, pero el juez dio por cerrado el caso para la mayoría de las denuncias sin entrar en el fondo de la cuestión porque esos delitos habían prescrito. La Fiscalía había destacado, tajantemente, “los serios indicios de culpabilidad concurrentes en el presente caso”. Lo que nos pasó, no puede repetirse. Como nos ocurre a nosotras, en España puede haber cientos de mujeres que, al igual que lo que está ocurriendo con las actrices de Hollywood o incluso con las empleadas y altas funcionarias del propio Parlamento europeo, deciden alzar su voz tras años de silencio y vergüenza. Pero para ello deben contar con el respaldo de la Justicia, que no puede darles la espalda basándose en una Ley que se ha quedado obsoleta. Firma para pedir a los dirigentes políticos que promuevan una modificación del Código Penal para que los delitos de abusos y agresiones sexuales no prescriban. 

Asociación Veritas
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Petitioning Rafael Catalá Polo

Dimisión de R. Catalá por perseguir a las fiscales que investigan al presidente murciano

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, señaló el pasado lunes, 13 de febrero, al presidente de Murcia, el conservador Pedro Antonio Sánchez, como uno de los implicados en la trama corrupta por presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información. El anuncio del juez Velasco se produjo pese al desacuerdo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales asignadas al caso. Pedro Antonio Sánchez, además, supo antes que García y Gálvez que la cadena de mando de la Fiscalía del Supremo se había pronunciado en bloque en contra de su imputación. En una entrevista en la Cadena Cope, Sánchez presumió de saber quién había firmado su informe favorable, a pesar de que el dato no era público. Según señaló el diario La Verdad de Murcia, Catalá se reunió con Sánchez antes de que éste presumiera de conocer la información reservada sobre su caso. Pese a que el ministro calificó esa reunión como "casual", unas imágenes grabadas por La Sexta muestran al ministro intentando localizar por teléfono a "Pedro Antonio" durante el Congreso del PP celebrado en Madrid en vísperas del auto del juez Velasco. Ante la concatenación de acontecimientos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, únicamente valoró como "anómalo" que las fiscales del caso Púnica se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Antocorrupción y, además, que la discrepancia se haya divulgado. "Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", apuntó el ministro. Respecto al presidente murciano, este último martes Catalá defendió que "no es el momento" de exigirle responsabilidades políticas. Las tres principales asociaciones de fiscales ya han condenado las palabras del ministro, e incluso la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido también su dimisión.

infoLibre
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Petitioning Gobierno de España, Ministerio de Justicia, Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Rafael Catalá Polo

Reforma de la Ley Electoral para que los huidos de la Justicia no puedan ser candidatos.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General otorga a todos los ciudadanos la capacidad de ser elegidos en un proceso electoral. Las limitaciones a este Derecho fundamental se encuentran tasadas en la propia Ley, y en el ámbito penal se circunscriben a determinadas condenas por la comisión de delitos, no anticipándose la imposibilidad de ser elegidos a estadios previos en el proceso penal (pueden ser elegidos cargos públicos, por tanto, los investigados, los acusados, e incluso los condenados, con algunas excepciones, cuando la sentencia no es firme). Si bien desde distintas opciones políticas se ha planteado la necesidad de aumentar las causas de inegibilidad de manera amplia, introduciendo un interesante debate sobre la idoneidad y proporcionalidad de la medida (por ejemplo conviertiendo en inelegibles a todos los investigados en causa penal), esta propuesta se limita exclusivamente a ampliar las causas de inegibilidad a aquellos sujetos que, encontrándose en situación de investigados, se sustraen de la acción de la Justicia, huyendo de la misma y evitando su enjuiciamiento. La regulación de esta causa de inegibilidad responde a una situación extraordinaria, pero ciertamente real, como es la de que una persona que se encuentra huida de la justicia pueda concurrir a unas elecciones, resulte ser elegida y, por tanto, pueda disfrutar de todas las prerrogativas que acompañan al cargo (inviolabilidad, aforamiento, sueldo, etc.) manteniéndose huida y sin estar, por tanto, sometida a la natural rendición de cuentas que cabe exigir a todo representante público, así como impidiendo la normal actividad de las instituciones democráticas. Es, ciertamente, una limitación del Derecho de sufragio pasivo, pero que se limita únicamente a los investigados en causa penal y que citados formalmente, huyen de la acción de la Justicia y, por tanto, se entiende perfectamente adecuada y proporcionada a los fines que persigue, que no son sino la normal actuación de las instituciones democráticas y la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito de la actividad política. Hoy, en enero de 2018, tenemos tiempo más que suficiente para poner en marcha esta reforma de cara al ciclo electoral que comienza en 2019. ¿Estás de acuerdo?  

Jorge Alexandre González
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Petitioning Rafael Catalá Polo

Ministro de Justicia de España: Las organizaciones de Defensa Animal tenemos entre nuestros fines perseguir penalmente a los maltratadores de animales

Según ha publicado la prensa, desde el Ministerio de Justicia se ha encargado un informe jurídico para acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, entre otras muchas modificaciones, dejaría sin poder personarse como acusación popular a las organizaciones de defensa animal en los procesos penales, es decir, se impediría ser parte en aquellos procesos penales por delitos que atenten contra bienes jurídicos cuya protección constituye un interés legítimo para estos colectivos ciudadanos. En el caso de las organizaciones de defensa de los animales, ya no podríamos ser parte ni perseguir penalmente a los maltratadores de animales.  Esta exclusión de los movimientos sociales a la Justicia Penal para la defensa de los intereses públicos y legítimos constituiría de llevarse a cabo la reforma, un atropello sin precedentes en un Estado Social y Democrático de  Derecho. No podemos consentir que se impida a los colectivos ciudadanos defender aquellos intereses por los que nadie se preocupa, como es el caso de los animales, de los sin voz, que sólo tienen la nuestra y que ahora quieren silenciar y atar de pies y manos. Levantemos nuestra voz por los que no la tienen y defendamos sus derechos por encima de otros intereses.  No permitiremos que a los defensores de los animales no nos dejen hacer nuestra función legal y constitucionalmente amparada. De salir adelante esta reforma supondría impedir a miles de Asociaciones y Fundaciones de Defensa Animal personarse como Acusación Popular en procesos penales por delitos de maltrato animal. Dado que los animales no pueden defenderse por sí mismos, se crearía una indefensión aún mayor para ellos y supondría mayor impunidad para los maltratadores de animales, que no serían perseguidos por sus delitos ni sentados ante los Tribunales. No podemos permitir este despropósito de consecuencias nefastas para los animales y para el progreso ético de este país en la lucha contra el maltrato animal.

Observatorio Justicia y Defensa Animal
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Petitioning Manuela Carmena, Ayuntamiento de Madrid, Cristina Cifuentes, Comunidad de Madrid, Dolors Montserrat, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Rafael Catalá Polo, Ministerio de Justicia...

Impidamos la celebración de 'SurroFair' en Madrid (6 y 7 de mayo 2017)

La llamada 'gestación subrogada' o 'maternidad subrogada' consiste en que personas de alto poder adquisitivo que no pueden engendrar por sus propios medios alquilan, a través de empresas intermediarias, el útero de mujeres en situaciones de vulnerabilidad social y económica para 'incubar' a sus hijos/ as.  Aunque las empresas que ofrecen estos servicios tienen sus sedes sociales en países del llamado "primer mundo" y los ofrecen a personas del mismo, las mujeres usadas para estos fines pertenecen a países empobrecidos y, en muchos casos, en situación de conflicto armado y/ o civil, como es el caso de Ucrania. Los procesos de implantación del embrión o fecundación asistida (según el caso), gestación y parto o cesárea tienen lugar en los países de origen de las mujeres que alquilan su útero, en cuestionables condiciones de seguridad, asistencia médica e higiene. Las cláusulas contractuales de esta clase de servicios establecen que es posible la interrupción del proceso en cualquier momento del mismo a petición de la parte contratante (los futuros padres y madres), incluso si la gestación se encuentra avanzada, sin importar el posible riesgo o daño para la salud de la gestante. Así mismo cabe destacar que una vez finalizado el proceso (sea a los nueve meses, o antes con la interrupción del mismo), la mujer 'alquilada' deja de recibir revisiones o atenciones médicas automáticamente, con las complicaciones en su salud que ello puede y suele conllevar.  La "gestación subrogada" no es legal España y, sin embargo, se organizan desde hace varios años este tipo de ferias comerciales donde se ofertan numerosas posibilidades de subrogación en terceros países donde, o bien está permitida, o bien existe un vacío legal al respecto, a todas aquellas personas que deseen tener descendencia con su propio linaje genético, pero estén incapacitadas para conseguirla por sí mismas, y se lo puedan permitir, ya que el alquiler de úteros es altamente costoso (entre 29.000 y 49.000 € los precios más asequibles). La mayor parte del montante económico invertido por los/ as contratantes no beneficia finalmente a las mujeres "contratadas", sino a las empresas intermediarias que ofrecen los "servicios", planifican los procesos, escogen a las mujeres, concretan y habilitan los medios legales y técnicos, interceden ante las autoridades y funcionariado público de los países en los que operan y proveen de recursos sanitarios y médicos suficientes para llevar a cabo las intervenciones con una cierta apariencia de calidad y seguridad. Por todo lo anteriormente expuesto y porque la adopción, así como el acogimiento, son opciones muy viables, infinitamente más generosas y altruistas, y éticamente mucho menos cuestionables para ser madres y padres para todas aquellas personas que deseen serlo, independientemente de la capacidad biológica o la carencia de ella, os invitamos a firmar esta petición dirigida a todos los cargos públicos e instituciones que pueden tener parte en este asunto, tanto en lo que atañe a la concesión de permisos para la celebración del acto, como a los visos de ilegalidad y posible vulneración de los derechos fundamentales que creemos encierra de fondo el contenido del acto. Por favor difundid a través de correo electrónico, redes sociales y boca a boca para que vuestros/ as amigos/ as y familiares también apoyen esta iniciativa. Del mismo modo os animamos a promover cualquier otra iniciativa pacífica para impedir que este "evento" planificado para los días 6 y 7 de Mayo de 2017 en Madrid llegue a tener lugar. Mil gracias por vuestra firma.

T Rei
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Petitioning Rafael Catalá Polo, Ismael Moreno Chamarro, Jutjat Central d'Instrucció núm. 2 Madrid, Ministerio de Justicia, Gobierno de España, Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, Prensa Minis...

Libertad para Hamza Yalçin

[English] /  [Català] QUE NADA NOS HAGA CÓMPLICES DEL RÉGIMEN DICTATORIAL DE RECEP TAYYIP ERDOGAN El escritor y periodista sueco de origen turco Hamza Yalçin fue detenido, el pasado día 3 de agosto, en el aeropuerto del Prat, y desde entonces está encarcelado en Can Brians. La policía española lo detuvo ejecutando una orden de búsqueda dictada por Recep Tayyip Erdogan, que acusaba al escritor de pertenecer a una organización terrorista, que ya no existe, y de injuriar al presidente turco a través de alguno de sus artículos. El pasado 24 de agosto, la Audiencia Nacional desestimó la petición de libertad de Hamza hasta la resolución de la causa de extradición. Las organizaciones y entidades abajo firmantes, profundamente sorprendidas y preocupadas por la detención y encarcelamiento de Hamza, pedimos su liberación inmediata y la no extradición por los motivos que reseñamos: Hamza Yalçin es un periodista de larga y fructífera trayectoria, que tuvo que abandonar Turquía por su lucha en defensa de los derechos civiles y políticos. Fue perseguido por su militancia e ideología, y obtuvo el asilo político y la nacionalidad sueca. Ahora es perseguido fuera de su país por ejercer su trabajo: explicar la realidad de Turquía, donde cada vez hay menos derechos y menos garantías para la población que no comulga con el régimen de Erdogan. Cómo con todos los profesionales del periodismo y de la escritura, hay que garantizar siempre su derecho a la libertad ideológica y de expresión. Así como también hay que preservar la libertad de prensa y el derecho a la información de todos los ciudadanos. Cuando un periodista no se puede expresar libremente, es toda la sociedad quién sale perdiendo. Entendemos que esta detención se enmarca dentro de la campaña represiva del presidente turco Erdogan que, sobre todo desde el golpe de estado fallido de julio de 2016, ha encarcelado jueces, abogados, fiscales, miembros de organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, periodistas y escritores bajo falsas acusaciones de terrorismo, con el propósito de enmudecer las voces incómodas para su gobierno. Y continúa ejerciendo la represión sobre todos aquellos estamentos que no contribuyan al mensaje que él dicta. En este sentido, uno de los colectivos más perjudicados ha sido el de la prensa y los profesionales de la información, quienes han visto cómo han encarcelado más de dos centenares de periodistas en poco tiempo, que están a la espera de juicios que nunca llegan. También han asistido al cierre continuo de medios de comunicación, bajo el amparo legal de la legislación antiterrorista. El otro colectivo que ha sufrido esta represión ha sido el de los profesores. Hoy son miles los encarcelados en Turquía de manera arbitraria y sin ninguna garantía, esperando juicio. Turquía ha sido definida por el también periodista turco Can Llevändar como “la prisión más grande de Europa”. Nos preocupa que el Estado español esté asumiendo el papel de cómplice en la represión de la prensa libre y en el encarcelamiento de las voces disidentes hacia el régimen turco. Es grave que un estado democrático pueda estar jugando una peligrosa complicidad con las autoridades turcas, ejecutando una orden de la Interpol que no tenía obligación de ejecutar. Otros estados europeos no han hecho caso de las peticiones de Turquía y se han negado a colaborar con sus autoridades en el encarcelamiento y represión a la disidencia política. Queremos denunciar la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que debería que velar por el riguroso cumplimiento de los Derechos Humanos y no bajo criterios políticos y corporativos. Su representación no ha puesto en evidencia los graves peligros que subsisten en el presente procedimiento tanto para Hamza Yalçin cómo para la libertad de prensa y de expresión. En todo momento ha tenido un papel absolutamente contrario a la libertad de Hamza, manteniendo el ingreso en prisión hasta la resolución de la extradición y oponiéndose sistemáticamente a la petición de libertad hecha por la defensa. Solicitamos, por lo tanto, a la Audiencia Nacional, que actúe de forma independiente a los intereses políticos del gobierno español y vele por el estricto respecto a los Derechos Humanos, acordando la inmediata puesta en libertad de Yalçin y denegando la extradición. Así mismo pedimos que el gobierno del Estado español, de quien depende en última instancia la resolución de la extradición de Yalçin, deniegue la extradición del periodista sueco, con un claro e inequívoco compromiso en la defensa de los Derechos Humanos, derechos que Turquía vulnera sistemáticamente. Finalmente, hay que recordar que Hamza Yalçin es ciudadano europeo, que tuvo la condición de refugiado político en 1987, hasta que consiguió la nacionalidad sueca en 2006. La protección internacional brindada por Suecia respondió al hecho de haber sido una persona perseguida en su país de origen por sus ideas y su lucha política y haber sido torturado durante el periodo de cautiverio en Turquía, así como haber sido condenado a muerte en Turquía. Pedimos a las autoridades españolas que de ninguna manera contemplen la posibilidad de extradirtarlo a Turquía. En primer lugar porque no corresponde, puesto que las acusaciones se fundamentan en falsas atribuciones enmarcadas en una campaña de represión a la prensa libre. Aceptar como cierta la farsa judicial iniciada por las autoridades de Turquía, representaría establecer un grave precedente para aquellas personas que han escogido las letras para luchar por la libertad en sus países de origen. Todas aquellas personas que quieren explicar el mundo a través de la palabra, que se ven obligadas a buscar refugio en nuestros países. En segundo lugar, porque no hay ningún tipo de garantía que su integridad física y moral sea respetada. Turquía ha suspendido la aplicación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y existen denuncias de múltiples organismos internacionales sobre la existencia de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Habiendo sido Yalçin condenado a muerte en Turquía, nada garantiza que sus autoridades no ejecuten esta condena, puesto que el ejecutivo turco se está replanteando restaurar la pena de muerte. Por todo ello, pedimos la liberación inmediata y sin condiciones de Hamza Yalçin, y la denegación de extradición en Turquía, así como el cese inmediato del colaboracionismo del Estado español con el Gobierno turco, que carece de garantías democráticas y de respecto a los Derechos Humanos. FIRMAS: PEN CATALÀ COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA ALERTA SOLIDÀRIA AELC- Associació d’Escriptors en Llengua Catalana ACAT – Cristians per a l’Abolició de la Tortura ACEC- Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya ASIL.CAT ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES EUROPEUS DE CATALUNYA AZADÍ – Plataforma de Solidaritat amb el Kurdistan COORDINADORA PER A LA PREVENCIÓ I DENÚNCIA DE LA TORTURA EDICIONS BELLATERRA GRUP BARNILS IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA ITACA – Organització Internacionalista dels Països Catalans LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀL’AVENÇ NOVACT – Institut Internacional per l’Acció No Violenta OBSERVATORI DEL SISTEMA PENAL I ELS DRETS HUMANS PEN INTERNACIONAL PEN SUEC RAIG VERD EDITORIAL RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GÉNERO SICOM SPC- SINDICAT DE PERIODISTES DE CATALUNYA TIGRE DE PAPER EDICIONS WAN-IFRA XARXA INTERNACIONAL DE DONES PERIODISTES

PEN Català
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Petitioning Rafael Catalá Polo, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias

Justicia para Diego.

Sr. Ministro de "justicia"  dirigimos a usted está petición de firmas para poder aclarar el suicidio de un niño de 11 años, llamado Diego Gonzalez. Decidió perder su corta vida tirándose desde una ventana una mañana del 14 de Octubre de 2015, porque no quería asistir al colegio. Tras pasar dos años y medio todavía no ha sido aclarado. Hace menos de un mes nos han comunicado que han archivado el caso el juzgado de instrucción 14 de Madrid. Como verá le pongo entrecomillado lo de "justicia" ya que eso no existe, si tras todos los indicios, testimonios y sobre todo la carta que dejó el pequeño antes de suicidarse. Han dejado pasar el tiempo sin Investigar lo suficiente para aclarar lo ocurrido. Yo no soy juez, ni investigador, ni abogado, ni policía....... Etc. Pero  como padres de un niñ@ nos sentimos identificados con los padres de Diego y con miedo de que a cualquiera de nuestros hijos les podía haber pasado lo mismo. Diego dejó una carta de despedida la cual decía lo siguiente: "Papá, mamá, estos 11 años que llevo con vosotros han sido muy buenos y nunca los olvidaré como nunca os olvidaré a vosotros. Papá, tú me has enseñado a ser buena persona y a cumplir las promesas, además, has jugado muchísimo conmigo. Mamá, tú me has cuidado muchísimo y me has llevado a muchos sitios. Los dos sois increíbles pero juntos sois los mejores padres del mundo. Tata, tú has aguantado muchas cosas por mí y por papá, te estoy muy agradecido y te quiero mucho. Abuelo, tú siempre has sido muy generoso conmigo y te has preocupado por mí. Te quiero mucho. Lolo, tú me has ayudado mucho con mis deberes y me has tratado bien. Te deseo suerte para que puedas ver a Eli. Os digo esto porque yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Por favor espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. Os pido que no os separéis papá y mamá, sólo viéndoos juntos y felices yo seré feliz." Tras meses de escritos a la consejería de Educación, promesas incumplidas del consejero de Educación y de la antigua presidenta de la comunidad de Madrid, sin llamar en el juzgado a familiares y testimonios y tapando todo lo posible al colegio donde asistía Diego, dan carpetazo al caso, haciendo caso omiso a como trataban en el colegio al niño y a la carta de despedida que dejó, diciendo que no quería volver a él y que no había otra manera para no ir. Y nos seguimos preguntando: ¿Porqué Diego no quería ir al colegio? ¿Porqué un niño de 11 años toma una decisión tan drástica para no asistir a la escuela? Algo le debió pasar allí y tanto la dirección del colegio como la conserjería de Educación  hicieron todo lo posible por taparlo. La resolución de la inspección educativa no correspondía con las declaraciones de los padres de Diego y de testigos de lo ocurrido en el colegio, testimonios de compañeros de Diego ignorados o amedrentandolos llevándolos a juicio por contar lo que sufrían sus hijos en el colegio. Por todo ello y por que haya justicia tras el trágico suicidio de Diego. Pedimos que se reabra el caso y se investigue a fondo lo ocurrido para esclarecer todo lo que pasó Diego. Y que sus padres y familiares puedan saber porque les dejó a tan temprana edad. Gracias.  

Deivid García
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Ministerio de Justicia: JUSTICIA PARA VANESSA BARRADO HERNÁNDEZ, ASESINADA EN ZARAGOZA.

PENA MÁXIMA PARA EL ASESINO DE VANESSA Y LA NO IMPUNIDAD DE LOS CÓMPLICES Y ENCUBRIDORES DE SU ASESINATO. Hola me llamaba Vanessa. Tenía 26 años y una hija, mi pequeña de dos años y medio, entonces acababa de cumplir tres, era mi vida. El último año de mi relación en pareja fue un auténtico infierno en el que una convivencia poco sana se fue transformando en un maltrato psicológico, a manos de Cristóbal, el hombre que primero me amargó y luego me quitó la vida. Me había convertido en una Cenicienta, siempre encargándome de todo el trabajo que daban él y sus hermanos, los mismos que no hicieron nada para evitar que me matara y que cuando me asesinó no se atrevieran a denunciarle y se unieron a él. Descuartizaron mi cuerpo y me abandonaron en un campo. Jessica su hermana, a quien se le llenaba la boca de decir que era mi cuñada, la mujer que me presentó a su hermano, la cómplice del inicio de nuestra relación, se convirtió en la traidora que vendió mis joyas, sabiendo que su hermano ya me había matado. La CÓMPLICE DE UN CRIMEN. Ella ya está en la calle, disfrutando de la vida, esa vida que a mí me robaron, al igual que Miguel Ángel  que fue el que ayudo a su hermano asesino a deshacerse de mi cuerpo con ácido en la bañera, descuartizarme y posteriormente enterrarme y Manolo que es la única persona que podía haberlo evitado, pues el estaba en el lugar y en el momento del asesinato. Los cuatro estuvieron unidos y conviviendo desde que me mataron hasta que fueron detenidos. Comprendo el dolor de mi familia, la indignación de una familia grande, unida como una piña, a la que mi asesino y sus CÓMPLICES engañaron durante tanto tiempo, disfrazándose para sacar dinero de mi cuenta bancaria y así hacerles creer que yo me había marchado, Quienes me conocían, bien saben que yo no hubiera abandonado NUNCA a mi niña. Por ellos, para ayudarles en su lucha, os pido que les apoyéis a recoger firmas para que mis asesinos y los asesinos de los ángeles con los que hoy estoy reunida, paguen por todo lo que hicieron, arrebatarnos el derecho a la vida y arrebatarles a nuestras familias la felicidad. Contadle al mundo que Vanessa Barrado Hernández era una buena persona, una buena madre y que pese a todos mis defectos, ni el padre de mi hija ni sus hermanos, tenían derecho a quitarme la vida, a robarle a mi niña la oportunidad de disfrutar de su madre. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/vanessa-barrado-murio-degollada-tajo-casi-decapito_908764.html https://www.youtube.com/watch?v=GblY_RKRzn8 http://www.diarioaragones.com/mediodia/77069-foto-cadrete.html http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/familia-barrado-quiere-juzgar-asesinato-3-hermanos_998246.html  

Daphne Lupita
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Al Ministro de Justicia Don Rafael Catalá Polo: Derogue YA la Ley de Tasas Judiciales

Estimado Fabián, Desde el Gobierno atendimos hace unos meses la petición que en su día realizaste y que ha sido apoyada por un número importante de ciudadanos en relación con las tasas judiciales. El pasado 27 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley para la modificación de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, y del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero. En el citado Real Decreto-Ley 1/2015 de 27 de febrero se establece que las personas físicas están exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias. Es decir, desde el pasado mes de febrero, ningún ciudadano español tiene que pagar ninguna tasa judicial para el acceso a la Justicia. Dicha medida se publicó el pasado en el Boletín Oficial del Estado del 28/2/15 dentro del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, en cuyo artículo 11 se establece esta medida. El link del BOE es: http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf

3 years ago