Decision Maker

Ana Oramas

  • Diputada del Congreso

Diputada de Coalición Canaria. Una ventana abierta para dialogar, para ofrecer respuestas y para tramitar iniciativas.


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Petitioning Fátima Báñez

A los 60 diputados con casa propia en Madrid: Donen los 1800€ de dietas de "alojamiento" a becas-comedor

2,5 millones de niños en España en riesgo de pobreza o exclusión social. Sin poder acceder a recursos tan básicos como ropa, material escolar o alimentación. Por mucho que el ministro Cristóbal Montoro se niegue a creer, es una realidad en España. El domingo 13 de abril, el programa El Objetivo de la Sexta hablaba sobre la situación de la pobreza infantil, y de casos como el de los 33 niños que pueden comer en el colegio Francisco Arranz de Madrid gracias a la ONG Ayuda en Acción. Se me encogió el alma al imaginar a niños que lo están pasando muy mal por no poder comer lo suficiente, y lo peor, que ellos lo vean como algo normal. Esto no puede seguir así. Mientras veía el programa, al ver la cifra de 90€ que cuesta la beca comedor recordé una noticia del día anterior. 60 diputados (entre ellos miembros del gobierno como Montoro, Soria, Fernández Díaz, Fátima Báñez o Ana Pastor) siguen cobrando 1.823€ al mes para gastos de "alojamiento y manutención" teniendo casa en Madrid, y algunos con más de una. Se podría dar de comer a 20 niños todo el año por cada diputado que cobra esta ayuda de manera injusta. Y más de 1.450 niños comerían todo el año con las “dietas de alojamiento y manutención” de los 60 diputados con casa en propiedad en Madrid. Si además se destinase la ayuda del presidente Rajoy, la vicepresidenta y los ocho ministros, 96 niños más tendrían una beca comedor, siendo más de 1550 los niños que podrían disponer de beca-comedor en un año escolar.  Estas ayudas se conceden “automáticamente” a estos diputados en cumplimiento del Reglamento del Congreso. Sin embargo, sólo un diputado de todos ellos, Toni Cantó, ha renunciado a ella por contar con un piso en Madrid. Por eso he pensado: ¿Y si le pedimos a cada uno de esos 60 diputados que donen sus dietas de alojamiento y manutención para becas-comedor de niños que sí lo necesitan? Firma mi petición y hagámoslo posible. Los 1.460.712€ que se gastan anualmente en este dietas injustas podrían hacer mucho bien si se transformaran en becas comedor para luchar contra la pobreza infantil. Hagámoslo. Pídele a los 60 diputados con al menos una casa en propiedad en Madrid que donen sus dietas de alojamiento y manutención como diputados a becas-comedor para los niños que lo necesitan. Muchas gracias.

Juan Ochoa
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Petitioning Carlos Casimiro Salvador

Apoyen una ley que regule el derecho a vivir y morir dignamente

Para muchas, centenares, tal vez miles de personas en nuestro país, cada nuevo día es una dolorosa prueba: nos vemos obligados a depender de otras personas para las acciones más elementales, como el simple aseo o incluso para cambiar de posición en la cama, a la que ha quedado reducido nuestro horizonte. Somos una carga que no quisimos ser; que nadie normal querría nunca tener que ser para su familia. Y no es que no lo hagan con amor y dedicación, no. Lo que pasa es que el resto de dignidad que nos queda en esta lamentable situación, no encuentra ningún sentido a este no vivir. Porque la vida es mucho más que esperar la muerte y desearla como una liberación. Para cientos o miles de personas, conciudadanos suyos a quienes tienen el deber constitucional de proteger, la vida se reduce a esperar que el próximo minuto pueda ser, por fin, el último. Para bastantes personas hace tiempo que la vida dejó de ser un bien. Les pedimos como futuras parlamentarias y parlamentarios, que no sigan en su empeño, por acción o por omisión, de negarnos el derecho a obtener la ayuda que necesitamos para poner fin a este estado lastimoso e indigno. Su negativa no puede justificarse en razones morales que no compartimos y que no comparte la inmensa mayoría de españoles y españolas. Es muy probable que la actitud obstruccionista mostrada por el actual presidente del gobierno y su partido tenga los días contados. Después de las próximas elecciones generales es probable que se constituya una nueva mayoría parlamentaria sensible a nuestro sufrimiento, al de nuestras familias y, sobre todo, respetuosa con los valores de dignidad y libertad que consagra nuestra Constitución. Los representantes políticos deberían ser sensibles a nuestro día a día de sufrimiento e indignidad. Apelamos a las fuerzas que conformarán esa nueva mayoría para que su acción política sea sensible a este derecho ciudadano de nuevo cuño: el derecho a decidir sobre la propia vida y el propio cuerpo y tengan el coraje de despenalizar y regular legalmente la ayuda altruista necesaria para lograrlo.

Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente
53,788 supporters
Petitioning Gobierno de España, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mar...

Dotar de letra al himno español

PEDIMOS QUE SE DOTE DE LETRA AL HIMNO ESPAÑOL España tiene uno de los himnos nacionales más antiguos de Europa. Ya en el siglo XVIII la Marcha Granadera, declarada por Carlos III en 1770 Marcha de Honor, se convirtió en Himno Nacional por arraigo popular. Sin embargo, es uno de los pocos que todavía carece de letra mientras que la mayor parte de los países pueden cantar su himno.  En las competiciones deportivas y otros eventos con presencia del himno, los españoles siempre debemos permanecer callados. Solo hay tres himnos nacionales en el mundo que carecen de letra además del español. Creemos, por tanto, que es el momento de que los partidos políticos y el Congreso de los Diputados articulen una solución para dotar de letra a nuestro himno. No proponemos ninguna letra, solo queremos recabar firmas para pedir a los responsables políticos que se abra un proceso para dotar al himno español de una letra que nuestros deportistas y todos los ciudadanos podamos entonar. Una letra integradora, respetuosa y con vocación de consenso. Muchos deportistas, cantantes, escritores y personalidades han demandado en múltiples ocasiones la necesidad de dotar al himno español de letra. Creemos que es una necesidad que tenemos muchos españoles y que está todavía pendiente de cumplir.  Por eso te invitamos a que firmes esta petición si igual que nosotros quieres pedir a nuestros representantes políticos que articulen una solución para dotar de letra al himno de España. 1785 es un proyecto privado, independiente y libre de connotaciones ideológicas creado por un grupo de entusiastas que trabajamos para poner en valor todo lo positivo que tenemos en España. Si quieres saber más sobre el Proyecto 1785 visita: http://www.1785.es ¡Ojalá podemos pronto conseguir cantar todos juntos la letra nuestro himno! ¿Nos ayudas a conseguirlo? ¡Muchas gracias!

1785. España es un estilo de vida
1,251 supporters
Petitioning José Luis Abalos, Irene Montero, Xavier Domènech, Miguel Anxo Elías Fernández, Alberto Garzón, Juan Carlos Girauta, Joan Tardà, Idoia Sagastizabal, Carles Campuzano, Joan Baldoví, Íñigo Allí, Oskar...

Instauración del Referéndum Revocatorio en España para cesar al presidente del Gobierno.

¿Sabías que, si se implantara en España el referéndum revocatorio, los ciudadanos dispondríamos de un sistema participativo de control sobre el presidente del Gobierno como el que se aplica desde hace años en países como EE.UU. o Suiza? Las noticias sobre corrupción política que en los últimos meses ocupan gran parte de los noticiarios abochornan a la sufrida sociedad española, además de causarnos un grave problema económico. Lejos de tomar medidas eficaces que reduzcan la corrupción y de establecer mecanismos que eviten que los políticos corruptos ocupen puestos públicos, los Gobiernos suelen “lanzar balones fuera” tratando de ganar tiempo para perpetuar su mandato y profundizar la crisis de valores. Por otro lado, nuestros gobernantes han demostrado su incapacidad para cumplir su programa electoral (que no deja de ser un “contrato con la sociedad”), a la vez que elaboran Leyes extra-programáticas y gestionan acuerdos y tratados que vinculan e hipotecan a la sociedad para décadas, sin activar el sistema de consulta popular que establece la Constitución. El mandato de cuatro años que la Constitución otorga a nuestros gobernantes es excesivo si se incumple el programa electoral o si el Gobierno denota un comportamiento inapropiado con la sociedad. Por ello, se debería modificar la Carta Magna de forma que permitiera que a mitad de mandato de un Gobierno se estableciera un mecanismo que permitiera un REFERÉNDUM REVOCATORIO por la vía de la iniciativa popular. Esta medida, aunque no evitara la corrupción ni asegurase el cumplimiento del programa electoral, sí que permitiría ahorrar a la sociedad dos años de “calvario” de políticos incapaces de cumplir con sus obligaciones. Si a los dos años, tras la consulta, el Gobierno no es refrendado por los ciudadanos, su mandato será censurado y su cargo revocado. Pero existe un problema: por mucho que nos guste la idea y que recibamos el apoyo de los grupos políticos, lo cierto es que para incorporar esta iniciativa en la Constitución sería necesaria su ratificación por parte de 3/5 del Congreso y del Senado, solución poco realista en estos momentos. Por ello solicito de los partidos políticos un acuerdo para incorporar la propuesta en los programas electorales que elaboren para las próximas elecciones generales, con su compromiso y colaboración en la creación de una comisión compuesta por ciudadanos y reconocidos juristas y expertos constitucionales a fin de elaborar y consensuar ésta propuesta, que será aceptada por los partidos que se hayan comprometido previamente y todos aquellos que se quieran incorporar posteriormente. ¡Firma esta petición y creemos un control eficaz y participativo sobre nuestros gobernantes!

Manuel Berna Pérez
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Petitioning Mariano Rajoy, Iñigo de la Serna, Julio Gómez-Pomar, Ángel Luis Arias Serrano, Cristóbal Montoro, Luis de Guindos, Albert Rivera, Ana Oramas, Aitor Esteban, Pedro Quevedo

Por la privatización total de AENA

AENA está controlada en un 51% por el Estado, a través de ENAIRE, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento. Debido al control mayoritario del Gobierno, cada decisión de compra debe pasar por el Consejo de Ministros. La imposibilidad de pujar por aeropuertos extranjeros o de presentar una oferta pública de adquisición por Abertis, entre otros ejemplos recientes, son algunas de estas limitaciones políticas que a medio y largo plazo perjudicarán a la empresa. El mayor gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros no puede estar sujeto a un control político de esta naturaleza, que entorpece su crecimiento empresarial e impide su internacionalización. ¿Por qué es esto importante? En primer lugar, estos obstáculos al crecimiento de la empresa provocarán una pérdida de valor de la empresa en el medio y largo plazo, puesto que se verá restringida al mercado nacional. En estos momentos, la privatización del 51% de AENA reportaría a ENAIRE, y por consiguiente al Ministerio de Fomento, unos 13.005 millones de euros. En cambio, si se mantiene el control público se marchitará una empresa magnífica que presta un gran servicio a sus clientes allí donde opera, y acabará siendo malvendida en el futuro, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, o peor, prestando un peor servicio a los viajeros en una potencia mundial del turismo como es España. Por otra parte, el capital privado en la gestión aeroportuaria es habitual en los países de nuestro entorno. Otras empresas españolas como Ferrovial o Acciona gestionan aeropuertos en países europeos como Reino Unido o Alemania. Abrir esta gestión a la competencia reporta innumerables ventajas a los usuarios, especialmente en un sector tan sensible a los precios como el de la aviación comercial. Una bajada de tasas y su repercusión en los precios del billete aumenta el tráfico de viajeros, por lo que es preciso que AENA pueda competir en el mercado sin que un Consejo de Ministros decida, con fines ajenos al estrictamente empresarial, subir o bajar las tasas que debe cobrar a las aerolíneas, afectando al negocio principal de la empresa y pudiendo provocar graves consecuencias a los accionistas y a los contribuyentes, mientras siga perteneciendo al Estado. El interés público no justifica que el Estado fije los precios de un sector competitivo y globalizado en un Consejo de Ministros, sino todo lo contrario: debe velar porque los ciudadanos reciban un servicio de calidad a precio de mercado y que la gestión de AENA no responda a una agenda política, partidista y electoralista. La compañía necesita independencia. Necesita poder competir en un mercado global, y es evidente que por motivos estratégicos, numerosos países no tolerarán que el Gobierno de España esté detrás de la gestión de sus aeropuertos. No puede truncarse su desarrollo y expansión, sino que debe poder diversificarse, abriéndose a nuevos mercados, y estar preparada para cuando remita la coyuntura geopolítica que ha acercado a España a los turistas de otros países mediterráneos recientemente. La expansión de AENA a otros mercados no será posible mientras ENAIRE posea la mayoría de su accionariado. Esta situación de bloqueo político ha propiciado ya en 2017 la renuncia del Presidente de AENA, José Manuel Vargas, responsable desde su nombramiento en 2012 de reflotar una compañía que venía obteniendo pérdidas de 215 millones de euros en 2011. Tras haber salido a bolsa y haberse convertido en la sexta mayor cotizada del IBEX-35, ha obtenido un beneficio de 1.164 millones de euros en el último ejercicio. Para sustituir al Presidente de AENA el Gobierno ha seleccionado a Jaime García-Legaz, anterior Secretario de Estado de Comercio, cuyo currículum es excelente, pero que no deja de ser un político afín al Gobierno. La privatización de AENA sirve al noble fin de evitar que ésta caiga en manos de la política, que se convierta en un cementerio de elefantes, en moneda de cambio para pagar favores o en un instrumento de ingeniería social o económica. En tanto buque insignia de la economía española, AENA debe estar dirigida por profesionales independientes y cualificados, debidamente remunerados, y debe responder ante sus accionistas de su gestión. Nada de ello puede ocurrir mientras sea una empresa pública. Además, por respeto a los principios de la libertad de empresa en el marco de la economía de libre mercado, plasmados en el artículo 38 de la Constitución, y en línea con el Derecho de la Unión Europea, contrario a los monopolios estatales y las barreras al comercio, es preciso que el Estado se abstenga de intervenir en la gestión de un sector abierto a la competencia y deje en manos del mercado la gestión de los servicios aeroportuarios. Pedimos al Presidente, D. Mariano Rajoy; al Ministro de Fomento, D. Íñigo de la Serna; al Ministro de Hacienda, D. Cristóbal Montoro; al Ministro de Economía, D. Luis de Guindos; al Presidente de ENAIRE, D. Julio Gómez-Pomar; al Director General de ENAIRE, D. Ángel Luis Arias Serrano; y a los representantes de la oposición en el Congreso de los Diputados que con su apoyo pueden hacerlo posible, D. Albert Rivera de Ciudadanos, D. Aitor Esteban del PNV, D. Pedro Quevedo de Nueva Canarias y D.ª Ana Oramas de Coalición Canaria: - Que se apruebe la privatización total de AENA. - Que no se mantenga esta situación de proteccionismo económico contrario al libre mercado y a nuestra competitividad como país. - Que se utilicen debidamente los ingresos obtenidos por la venta de AENA en la reducción del déficit y el saneamiento de las cuentas públicas, y no en aumentar el gasto público. - En definitiva, que se defiendan los intereses de los contribuyentes, de los ciudadanos, del libre mercado, y también de la propia AENA, cuyo éxito será también el de todos como excelente representante de la Marca España.

Gonzalo Núñez Gómez
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