A la sociedad ecuatoriana, a la opinión pública y a las comunidades religiosas del país y el mundo.

La desaparición forzada de los niños Ismael, Nehemías, Steven y Josué ocurrida el 8 de diciembre de 2024 y su macrabo desenlace del 31 de ese mismo mes, ha sumido a sus familiares y al país en una profunda consternación. En este terrible acto han participado miembros de las Fuerzas Armadas en activo a quienes ya se les han formulado cargos y se les ha dictado orden de prisión preventiva.

Quienes firmamos esta comunicación nos pronunciamos en favor de la vida y repudiamos todo acto de violencia contra todo tipo personas. Más aún cuando se trata de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como los niños y niñas pobres del país. Nuestra confesión religiosa y conviciones espirituales refuerzan esta afirmación. Pensamos que el mensaje de Cristo carece de sentido si no se opta por la defensa de quienes sufren circunstancias de opresión y son víctimas de la violencia; si no se denuncia la injustica; si no se actúa frente a la vulneración de los derechos humanos, civiles y constitucionales se contradice la premisa bíblica de amar al prójimo como a uno mismo. El silencio nos vuelve cómplices y nuestra indiferencia nos condena. 

Exigimos que el gobierno nacional asuma sus responsabilidades y actúe con transparencia frente a este macabro hecho. Vemos con indignación como se han promovido narrativas y discursos mediatizados en redes sociales y medios de comunicación para eludir y hasta encubrir la responsabilidad gubernamental de un acto terrible, ocurrido en el contexto de la aplicación de la declaratoria de conflicto armado interno y estados de excepción. Creemos que la respuesta contra el auge del crimen organizado es la recomposición del tejido social. LA MILITARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD SOLO PRODUCE MÁS VIOLENCIA E INSEGURIDAD.

Demandamos justicia para establecer identificar a los autores, cómplices y encubridores de la desaparición forzada de Ismael, Nehemías, Steven y Josué. La formulación de cargos y prisión preventiva dictada contra 16 militares es un paso en el esclarecimiento de los hechos (no su conclusión). Dentro de las instituciones estatales existen cadenas de mando, disposiciones y órdenes emanadas de instancias superiores. Además, existen responsabilidades políticas que deben establecerse para sancionarse. LA JUSTICIA QUE TARDA NO ES JUSTICIA.

Exigimos reparación eficaz y oportuna para los familiares de Ismael, Nehemías, Steven y Josué. Ningún tipo de resarcimiento puede reemplazar la vida de estos niños ni su lugar dentro de cada entorno familiar. Es obligación del Estado asumir la reparación de las víctimas.

Rechazamos la campaña de estigmatización que se ha puesto en marcha. Vemos con estupor cómo se fomenta el racismo y la criminalización de la pobreza mediante narrativas forjadas para imputar a las víctimas la responsabilidad de su propia desaparición y muerte. Ha quedado claro que quienes los retuvieron y desparecieron actuaron al margen de todo protocolo legal y no siguieron el debido proceso. La justicia jurisdiccional ya ha determinado que Ismael, Nehemías, Steven y Josué no participaban de acto delincuencial alguno ni formaban parte de carteles o grupos mafiosos.  

Ante las circunstancias que rodean la desaparición forzada de Ismael, Nehemías, Steven y Josué se impone una necesaria depuración institucional que identifique y castigue a quienes emplean las armas del Estado para actuar impunemente y al margen de la ley. Señalar esta problemática no es acto de oposición, todo lo contrario.

Llamamos a las diversas comunidades religiosas, a sus líderes, a los laicos y a la sociedad ecuatoriana a una reflexión profunda y detenida sobre la situación que atraviesa el país ante el aumento de la violencia, la inseguridad y el papel del gobierno frente a estos terribles flagelos. Esto tiene que convocarnos a acciones concretas en favor de los desposeídos y de quienes sufren violencia. 

Santiago Cabrera Hanna, Rommel Salazar López