Petición Cerrada
Petición para To The United States Congress

Do not provide political or financial support for "Peace Colombia"

6,000
simpatizantes

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Para el Congreso de los Estados Unidos de América: No proporcionéis apoyo financiero o político a las negociaciones de Colombia con la organización narcoterrorista FARC.

Los suscritos pedimos respetuosamente a los miembros del Congreso de Estados Unidos oponerse a la ayuda financiera que pretenden poner en práctica los acuerdos entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la organización narcoterrorista FARC. Los instamos a oponerse a cualquier tipo de apoyo político a esas negociaciones y a respaldar, por el contrario, al pueblo de Colombia el cual ha sido víctima de la violencia y de la persecución que, durante décadas, las FARC han desatado contra la población civil y contra las fuerzas armadas.

Si bien los colombianos anhelan la paz, la inmensa mayoría de ellos está en contra de los principales puntos del acuerdo Santos-FARC: rechazan que las atrocidades cometidas por las FARC queden impunes; que los terroristas de las FARC puedan participar en política, que se les entregue el control de vastos territorios del país; que se le permita al grupo terrorista FARC conservar sus armas y sus recursos financieros de procedencia ilícita. Los colombianos entienden que dicho acuerdo no traerá la paz, sino que reforzará a las FARC, organización que sigue proclamando su objetivo de siempre: abolir  el gobierno democrático de Colombia.

El apoyo de Estados Unidos al acuerdo Santos-FARC servirá para condenar a los colombianos a vivir en un narco-Estado fallido. Ayudará a consolidar a los terroristas que han atacado las compañías estadounidenses, que han secuestrado y asesinado ciudadanos de Estados Unidos por considerarlos “objetivos militares”, que han inundado con cocaína y heroína, desde hace décadas, el mercado de Estados Unidos.

Mientras resurgían  regímenes  autocráticos en el hemisferio - como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia - Colombia ha seguido siendo el aliado más antiguo y más firme de los EE.UU. en la región. Sin embargo, la financiación y el apoyo al acuerdo Santos-FARC es una traición a las personas que han luchado junto a los EE.UU contra el tráfico de drogas y contra el terrorismo, y equivale a desperdiciar los 10 mil millones de dólares que los contribuyentes de EE.UU. invirtieron en esa empresa.

Durante diez años, los EE.UU. y Colombia cooperaron con éxito, mediante el Plan Colombia,  en la reducción y destrucción de gran parte del negocio de la droga de las FARC. Sin embargo, en los últimos cinco años, y durante el proceso de paz, las FARC se ha hecho más fuertes, más ricas y mejor armadas. Mientras que participaban en la llamada “negociación de paz”, las FARC siguieron comprando armas. Hoy son de nuevo los principales productores de cocaína del mundo, el tercer grupo terrorista más rico del mundo y uno de los más sangrientos.

Este mes, la ONU reveló que el número de ataques armados de las FARC se triplicó en 2015, en comparación con 2014, y que ello generó el desplazamiento de 3.700 familias.  Se supone que esto hace parte de la recta final de las negociaciones “de paz”. Ni uno solo de los 2 700 secuestrados que siguen todavía en poder de las FARC, según los estimativos, ha sido puesto en libertad gracias a las negociaciones. Las FARC todavía  mantienen en sus campos cerca de 2.000 niños como esclavos sexuales y como combatientes, no ha liberado uno solo de ellos y sigue  reclutando niños por la fuerza, cuyas edades promedio es de 12 años, según la UNICEF. A pesar de estar de acuerdo con una iniciativa destinada a eliminar las minas antipersonas, las FARC han admitido que han plantado nuevas minas donde el Ejército las había retirado. La extorsión en las zonas rurales también se ha disparado. Y mientras hablan de “paz”, las envalentonadas FARC siguen emitiendo amenazas de muerte, y declarando como “enemigo de la paz” y “objetivo militar”, a todo aquel que se oponga a las negociaciones. El mes pasado, las FARC lanzaron una amenaza de muerte contra el líder de la Asociación de Ganaderos  de Colombia y su familia, sin que el gobierno de Santos haya reaccionado.

Las declaraciones públicas del gobierno de Santos en el sentido de que las FARC no tienen dineros de procedencia ilícita, que no son narcotraficantes, que deben ser retirados de la lista estadounidense de organizaciones terroristas, y que son dignos de confianza, son asombrosas y deben abrir los ojos a Estados Unidos sobre la credibilidad del gobierno de Santos.

También es falsa la afirmación del presidente Santos de que los colombianos tendrán la última palabra sobre las negociaciones de paz. Después de haber prometido públicamente un referéndum, Santos lo repudió y llegó a decir que nunca lo había propuesto. Enseguida propuso un plebiscito, redujo al 13 % el umbral de aprobación del 51% y aun así ese sistema de validación parece congelado. En  lugar de eso, Santos propuso una ley que crearía un exiguo comité para ratificar los acuerdos sin pasar por el Congreso y sin consultar al pueblo colombiano. También inventó una ley que le daría el poder de gobernar por decreto para aprobar todos los acuerdos con las FARC. Esos no son pasos hacia la democratización sino hacia la creación de un régimen autocrático.

Los colombianos no quieren ser gobernados por una banda terrorista armada y financiada por la droga, que no ha adquirido estatura política gracias a acto alguno de verdad, de arrepentimiento, de contrición, de enmienda o de reparación. Eso sería devastador no sólo para Colombia, sino para la estabilidad de la región.

Si el Congreso de Estados Unidos quiere ayudar a restablecer la democracia, los derechos humanos, la justicia y el Estado de Derecho en Colombia, no debe financiar ni respaldar los acuerdos Santos-FARC.

Esta petición es presentada en nombre de las siguientes organizaciones no gubernamentales y de particulares: Verdad Colombia; UnoAmérica; Ricardo Puentes Melo, Director de Periodismo Sin Fronteras; Jaime Restrepo, Director de la Asociación de Víctimas de las Guerrillas y del Terrorismo (AVGT);  Fernando Vargas Quemba, Director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla (VIDA); Libardo Botero, Director de Periódico Debate; por los periodistas Eduardo Mackenzie, Plinio Apuleyo Mendoza, Andrés Candela; historiador y profesor de la Universidad de Antioquia Dario Acevedo Carmona; escritor y ex-miembro de la Comision de Paz Jaime Jaramillo Panesso; y todo el que la suscribe.

English:

To the United States Congress:  Do not provide financial or political support for Colombia’s negotiations with the narco-terrorist group FARC.

We respectfully ask members of the U.S. Congress to oppose financial aid to Colombia destined to implement agreements between the government of Juan Manuel Santos and the FARC. Additionally, we urge you to oppose any political support for the negotiations and stand, instead, with the people of Colombia, who have borne the brunt of the violence and persecution that the FARC has unleashed on both the civilian population and the armed forces for decades.

While Colombians yearn for peace, the overwhelming majority are against the main points of the Santos-FARC agreement: impunity for FARC atrocities, political viability of FARC terrorists, granting of territory to FARC control, and a terrorist group allowed to keep its weapons and its illegal proceeds. Colombians understand that such an agreement will not bring peace, but will empower the FARC, whose self-proclaimed goal is – as it always has been – to overthrow Colombia’s democratic government.

U.S. support for the Santos-FARC agreement will serve to condemn the Colombian people to live in a narco-failed State.  It will help propel to power the terrorists who have targeted U.S. companies, kidnapped and murdered U.S. citizens as “military objectives”,  and flooded U.S. markets with cocaine and heroin for decades. With autocratic regimes resurging in the hemisphere -- as observed in Venezuela, Ecuador, and Bolivia -- Colombia has remained the U.S.’s oldest and staunchest ally in the region. But funding and supporting the Santos-FARC agreement is a betrayal to the people who have fought drug trafficking and terror alongside the U.S., and a waste of the $10 billion U.S. tax payers invested in that endeavor.

For 10 years, through Plan Colombia, the U.S. and Colombia successfully cooperated to disrupt and destroy much of the FARC’s drug business.  But in the last five years, and throughout the peace process, the FARC has become stronger, richer, and better armed. While “negotiating peace”, the FARC have continued to purchase weapons, they are once again the world’s leading producers of cocaine, the third wealthiest terrorist group in the world, and one of the most brutal.

This month the UN revealed that the number of FARC armed attacks tripled in 2015, compared to 2014, and resulted in the displacement of 3,700 families – this in what is supposed to be the final stretch of the “peace” negotiations. Not a single kidnap hostage of the estimated 2,700 still held by the FARC has been released throughout the negotiations. The FARC, who still hold about 2,000 children as sex-slaves and combatants in their camps, have not released a single one and have continued to forcibly recruit children – whose average age, according to UNICEF, is 12 years old. Despite agreeing to a landmine removal initiative, they have admitted that they have laid new mines wherever they have been removed by the Army. Extortion in rural areas has skyrocketed. And while speaking of “peace,” the FARC feel emboldened enough to continue issuing death threats, and declaring anyone opposed to the negotiations as “an enemy of peace” and, therefore, “a military objective”. Last month they issued such a threat against the leader of the Rancher’s Association  and his family, with no reaction from the Santos government.

Public statements by the Santos government that the FARC has no illegal proceeds, that they are not drug traffickers, that they should be removed from the U.S. list of terrorist organizations, and that they are trustworthy are disingenuous and should give the U.S. pause as to the Santos government’s own trustworthiness. 

Also false is President Santos’ claim that Colombians will have the final say on peace negotiations. Having publicly promised a referendum, Santos has disavowed it and just as publicly denied ever having proposed it. He then proposed a plebiscite, but lowered the threshold needed for approval from 51 percent to 13 percent – though even that process has been frozen. Instead, Santos proposed legislation that would create a hand-picked committee to ratify the agreements, by-passing Congress and the Colombian people. He has also introduced legislation that would give him rule-by-decree power to enact all agreements reached with the FARC. These are not steps toward democratization, but point to a growing autocratic regime.

Colombians do not want to be ruled by a well-armed, drug-funded band of terrorists, who through no act of truth, contrition, atonement or restitution have been given political status. It would be devastating not only to Colombia, but to the stability of the region. 

If the U.S. Congress wants to help re-establish democracy, human rights, justice and the rule of law in Colombia, it must not fund or endorse the Santos-FARC agreements.

This petition is filed on behalf of the following non-governmental organizations and individuals:  Verdad Colombia; UnoAmerica; Ricardo Puentes Melo, Director of Periodismo Sin Fronteras; Jaime Restrepo, Director of the Association of Victims of Terrorist Guerrillas (AVGT); Fernando Vargas Quemba, Director of the National Committee for Victims of the Guerrillas (VIDA); Libardo Botero, Director of Periodico Debate; journalists Eduardo Mackenzie, Plinio Apuleyo Mendoza, Andres Candela; historian and Universidad de Antioquia professor Dario Acevedo Carmona; writer and former member of the Peace Commission Jaime Jaramillo Panesso and all the undersigned.

 

A l’attention du Congrès des États-Unis d'Amérique :

Traduit par E. Mackenzie

10 février  2016

Vous ne devriez pas apporter un soutien politique ou financier aux négociations entre la Colombie et l’organisation narco-terroriste des FARC.

Les soussignés demandent respectueusement aux membres du Congrès des Etats-Unis de s’opposer à toute aide financière susceptible de mettre en œuvre les accords conclus entre le gouvernement colombien de Juan Manuel Santos et l’organisation narco-terroriste FARC. Nous vous exhortons à s'opposer à toute forme de soutien politique à ces négociations, et nous vous demandons, au contraire, de soutenir le peuple colombien qui a subi, pendant des décennies,  la violence et  la persécution menée par les FARC contre la population civile et contre les forces armées.

S’il est bien vrai que les Colombiens aspirent à la paix, il n’en est pas moins certain que la grande majorité d'entre eux est contre les principaux points de l'accord Santos-FARC: les Colombiens refusent que les atrocités commises par les FARC restent impunies; ils rejettent que les terroristes des FARC puissent participer à la vie politique, qu’ils obtiennent le contrôle de vastes territoires du pays; qu’il soit permis à l’organisation terroriste des FARC de garder leurs armes et leurs ressources financières d'origine illégale. Les Colombiens sont en train de réaliser que cet accord ne conduira pas vers la paix, mais qu’il renforcera les FARC, une organisation qui continue à proclamer son objectif de toujours: en finir avec le gouvernement démocratique de la Colombie.

Le soutien des États-Unis aux accords Santos-FARC condamnera les Colombiens à vivre dans un Etat narco et failli. Ce soutien permettra de renforcer les terroristes qui ont attaqué les entreprises américaines et qui ont kidnappé et assassiné des citoyens américains qu’ils considéraient comme des «cibles militaires». Ce sera un soutien à ceux qui ont inondé, depuis des décennies, le marché américain avec de la cocaïne et de l'héroïne. En même temps que des régimes autocratiques refaisaient surface dans l'hémisphère - comme le Venezuela, l'Equateur et la Bolivie – la Colombie est restée le plus ancien et le plus ferme allié des États-Unis dans la région. Bref, le financement et le soutien à l'accord Santos-FARC serait une trahison envers ceux qui ont lutté avec les Etats-Unis contre le trafic de drogue et le terrorisme, et équivaudrait à perdre les 10 milliards de dollars que les contribuables américains ont investi dans ce combat.

Durant dix ans, les Etats-Unis et la Colombie ont coopéré avec succès à travers le Plan Colombie dans  la réduction et la destruction de la plupart du commerce de la drogue des FARC. Cependant, au cours des cinq dernières années, et pendant le processus de paix, les FARC sont devenues plus fortes, plus riches et mieux armées. Tout en participant à des « négociations de paix », les FARC ont continué à acheter des armes. A présent, elles sont, de nouveau, le premier producteur de cocaïne au monde, le troisième groupe terroriste plus riche au monde et l’un des plus sanglants.

Ce mois-ci, l'ONU a révélé que le nombre d'attaques armées des FARC avait triplé en 2015 par rapport à 2014, et que cela a entraîné le déplacement forcé de 3.700 familles. Or, on suppose que cela fait partie de la « phase finale »  des négociations de paix. Pas un seul des 2.700 otages encore détenus par les FARC, selon les estimations, n’a été libéré par la négociation. Les FARC détiennent encore dans leurs campements environ 2.000 enfants qui sont utilisés comme des esclaves sexuels et des combattants. Les FARC n’ont pas relâché un seul d'entre eux et continuent à  recruter de force des enfants, dont la moyenne d'âge est de 12 ans, selon l'UNICEF. Bien qu’elles se disent d’accord avec une initiative visant à éliminer les mines antipersonnel, les FARC ont admis qu'elles ont planté de nouvelles mines là où l'armée les avait retirées. Dans les zones rurales l’extorsion a également monté en flèche. Et tandis qu’elles parlent de «paix», les FARC continuent à émettre des menaces de mort et à déclarer  « ennemi de la paix »  et « cible militaire » tous ceux qui  s’opposent aux négociations. Le mois dernier, les FARC ont lancé une menace de mort contre le chef de l'Association des éleveurs de bovins de la Colombie et sa famille, sans que le gouvernement Santos ait protesté.

Santos a déclaré récemment que les FARC n’ont pas d'argent d'origine illicite, qu’elles ne sont pas des trafiquants de drogue, qu’elles  devraient être retirées de la liste américaine des organisations terroristes, et qu’elles sont dignes de confiance. Ce sont des déclarations ahurissantes qui doivent ouvrir yeux des États-Unis sur la crédibilité du gouvernement de Santos.

 De même, elle est fausse l’affirmation du président Santos, selon laquelle les Colombiens auront le dernier mot sur les négociations de paix. Après avoir promis publiquement un référendum, Santos a renié cette idée et a même été jusqu’à dire qu'il ne l'avait jamais proposé. Puis, il a proposé un plébiscite, mais en diminuant à 13% le seuil d'approbation habituel, qui est de 51%, et même ainsi ce système de validation des accords semble mort. En revanche, Santos a proposé un projet de loi visant à créer une commission de pacotille qui serait habilitée à ratifier les accords, sans passer par le Congrès et sans consulter le peuple colombien. Il a également impulsé une loi qui lui donnerait le pouvoir de gouverner par décret et d’approuver tous les accords avec les FARC. Tout ceci ne va pas dans le sens de  la démocratie, mais vers la création d'un régime autocratique.

Les Colombiens ne veulent pas être gouvernés par un groupe terroriste armé et financé par la drogue, qui n'a gagné aucune stature politique après avoir fait ni acte de repentance, ni  vraie contrition, ni réparation. Ceci serait dévastateur non seulement pour la Colombie, mais pour la stabilité de l’Amérique latine.

Si le Congrès des Etats Unis veut aider à restaurer la démocratie, les droits de l’homme, la justice et l'état de droit en Colombie, il ne devrait pas financer ou soutenir les accords Santos-FARC.

Cette pétition est déposée au nom des organisations non gouvernementales et des individus ci-après: Verdad Colombia; UnoAmérica;  Ricardo Puentes Melo, directeur de Periodismo sin Fronteras; Jaime Restrepo, directeur de l'Association des victimes du terrorisme et de la guérilla (AVGT); Fernando Vargas Quemba, directeur du Comité national des victimes de la guérilla (VIDA); par les journalistes Eduardo Mackenzie, Plinio Apuleyo Mendoza, Andrés Candela; et tous ceux, nombreux, qui y ont souscrit.

Esta petición fue entregada a:
  • To The United States Congress

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