Petition Closed

Sin duda alguna se trata de un tema muy sensible para todo el colectivo de afectados (pacientes, familiares, profesionales médicos y sociedad en general), puesto que esta medida dejará en una situación de riesgo que no debemos consentir, máxime por el capricho de unos gobernantes que, lejos de defender nuestra salud, siguen obsesionados con reducir gastos, sin contemplar los riesgos que ello conllevará.

Letter to
Dirección de INGESA Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)
Me pongo en contacto con usted para trasmitirle mi preocupación en relación a la compra centralizada que se llevará a cabo desde el Ministerio de Sanidad, y que afectará a las tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre con autoanalizador, debido a que se dará prioridad no a la salud de los pacientes, sino al criterio único de precio. Con esta forma de proceder queda patente su desprecio por igual a pacientes y profesionales sanitarios, a los que no se les ha tenido en cuenta antes de redactar el acuerdo marco definitivo. Ante esto, y de no parar este atropello, las consecuencias previsibles de esta adjudicación serán las siguientes: - Reducción de disponibilidad de productos. Después de la adjudicación centralizada, cada CC AA podría disponer básicamente de un solo producto. - Inobservancia de necesidades individuales. No se podrán tener en cuenta las características individuales de cada paciente a la hora de recomendar el uso de uno u otro dispositivo, ni la cronicidad de la patología. Es crítico destacar que el uso de estos productos lo hacen personas para su autocuidado, no profesionales sanitarios expertos, y cuyas características deben ser consideradas para un resultado efectivo del autoanálisis. - Sin libertad de elección del profesional médico. Tomando como referencia el Artículo 6.2, de la Ley 44 / 2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en el que se especifican las funciones de las distintas profesiones sanitarias a nivel de licenciado, en su apartado a) se dispone que es al médico a quien compete “la indicación y realización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención”. Y aunque es legítimo que el regulador responsable de administrar los recursos sanitarios quiera conseguir una mejora de las condiciones de compra actuales, nunca se debe permitir que esto restrinja las posibilidades de elección del profesional sobre cuál debería ser el sistema idóneo para conseguir un tratamiento óptimo en el caso de cada paciente. - Exclusión de la mayoría de productos. Una reducción de la oferta obligaría a muchos pacientes a cambiar su sistema de medición actual, lo que conllevaría graves consecuencias tanto para este, como para los profesionales médicos que les atienden y para el propio Sistema Nacional de Salud (SNS). A saber: 1) Pérdida de adherencia del paciente a su tratamiento; confusión y posibilidad de cometer errores en el uso de dispositivos, que acarrearían errores terapéuticos (dosificación inadecuada), y repetición de pruebas (costes suplementarios). 2) Requerimiento de un elevado número de horas de los profesionales para educar a los pacientes en el uso de su nuevo sistema de medición. Este número de horas se vería incrementado dramáticamente si, como algunas CC AA plantean, los cambios de sistema de medición fuesen anuales. 3) Pérdida del histórico de resultados de glucemia. Al cambiar de sistema de medición, se perdería la información almacenada en la memoria de los glucómetros, de manera que tanto el paciente como el profesional médico perderían una información muy valiosa para el correcto tratamiento de la enfermedad. - Limitaciones a la innovación. Se impedirá la incorporación de la innovación que demuestre ser eficiente, y está claro que mientras la diabetes sea una enfermedad
crónica, los afectados continúan dependiendo de la tecnología para el adecuado control de su terapia. Cada día se producen avances técnicos, tanto en el campo del tratamiento como en el del control de la diabetes, que mejoran la calidad de vida de los pacientes, y consiguen un uso más eficiente de los recursos sanitarios. Estos nuevos sistemas actualmente se están incorporando regularmente, sin que ello suponga un coste adicional al SNS. Sin embargo, tal y como se plantea esta compra centralizada, se verá afectado el acceso a nuevos sistemas que ayuden al paciente a tener un mejor control metabólico, debido a que el precio máximo de licitación impedirá que las compañías puedan ofrecer sus productos avanzados. Además, y como se ha dicho ya, sólo se contempla un producto por empresa. Así pues, la innovación quedará automáticamente desterrada. - Imposibilidad de la renovación de tecnologías. Si no se considera en este concurso la posibilidad de entrada de nuevos productos, y se mantienen sólo los sistemas ya existentes -fijándose las cuotas de mercado actuales de estos últimos-, se impedirá de manera rotunda que los productos innovadores vayan sustituyendo de manera natural a los que vayan quedándose obsoletos. De esta forma, los pacientes y los profesionales sanitarios no tendrán acceso a las novedades tecnológicas que vayan surgiendo. - Escasas garantías de calidad. Existirá un elevado riesgo de entrada en el mercado de compañías con insuficientes garantías de calidad de productos y escasa capacidad de suministro. En esta situación, en donde el precio es el factor decisivo, es crítico que se tengan en cuenta medidas de protección contra aquellas empresas que no ofrecen suficientes garantías de calidad, ya que, tal y como está redactado este concurso, no existe ninguna protección frente a ello. A la vista de todo lo anteriormente expuesto, si lo que con este concurso se pretende crear una vía de mejora de costes (absolutamente legítima), de seguir con su actual redacción se traducirá en un enorme retroceso en el tratamiento de las personas con diabetes en cuanto a la accesibilidad a tecnología apropiada en España (en las CCAA que se adhieran), situándonos en niveles muy por debajo de la media Europea en este ámbito. Y adicionalmente, y desde el punto de vista empresarial, propiciará una lesión enorme al tejido industrial y desinversiones en nuestro país. Así las cosas, reclamamos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tome las medidas oportunas para que se pare este acuerdo marco y se empiece a trabajar en otro donde todas las partes interesadas estemos presentes y se puedan aportar puntos de vista y conclusiones que beneficien a todos.
Muchas gracias por su atención.