Frente a los graves hechos acontecidos el 23 de octubre en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), declaramos lo siguiente:

Nos preocupa profundamente la creciente normalización de la ocupación de la policía militarizada en los entornos educativos, así como la constante provocación y hostigamiento que ejercen sobre las y los estudiantes. Este fenómeno, que se ha intensificado desde antes del Estallido Social y continúa hasta el presente, evidencia una regresión autoritaria de la sociedad que se dice democrática, permeando las herramientas y normas pedagógicas que deben regir en el interior de los centros educativos. Hemos observado un cambio en la narrativa oficial que ha justificado cada vez más el uso de la represión policial contra niños, niñas y adolescentes, construyendo un marco que busca anular y deslegitimar el derecho a la manifestación pacífica, un derecho fundamental en cualquier democracia y desplazando la capacidad para trabajar con herramientas pedagógicas que intervengan la cultura escolar, promoviendo una educación que desarrolle el pensamiento crítico, implemente estrategias para atender los procesos de violencias y la resolución educativa y pacífica de los conflictos, la instalación de acciones de mediación escolar, entre otras herramientas a las que puede y debe recurrir la democracia y una de sus principales instituciones forjadoras de la ciudadanía del mañana, como es la escuela.

No obstante, la implementación de la ley de Aula Segura, que empuja la expulsión del estudiantado secundario, ha sentado un precedente legislativo que actúa en contra de los derechos de las y los estudiantes, hecho que, por lo demás, colisiona con otras normas tan necesarias para la gobernanza estudiantil como son los Consejos Escolares. De este modo, solo se facilita la represión y criminalización de las acciones y reclamos estudiantiles, en lugar de convocarles a construir entre todos garantias de seguridad, contención, derecho a expresarse, a buscar soluciones en la comunidad escolar, se convoca a las fuerzas policiales y se les lanzan armas químicas dentro de los establecimientos educacionales, sometiendo a toda la comunidad escolar al castigo y a tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, a la coerción, la violencia y el uso desmedido de la fuerza; este hecho se convierte en el modelaje, en el sello que el centro educativo y la sociedad hace sobre personas en formación.

Sin embargo, este hecho refleja también, la desprotección de una población de personas que son sujetos de derecho y de especial protección, tales como son los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren de un andamiaje de protección reforzada por parte del Estado y de quienes, teniendo la expertis de la pedagogía tienen a cargo su formación y desarrollo en los espacios escolares. Es desde las direcciones escolares desde donde se debe promover las soluciones educativas a través de la escucha activa y la instalación de mecanismos de participación efectiva para diseñar, implementar y evaluar soluciones que hagan retroceder la violencia y hacer vigentes espacios de aprendizaje y de coexistencia armónica y pacífica en los centros escolares.

Exigimos que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los derechos e integralidad de la vida del estudiantado, promoviendo un ambiente donde el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos al interior de los establecimientos educacionales sean sus principios fundamentales. Es imperativo que se ponga fin a la militarización de los entornos educativos y que se respeten los derechos humanos de todo el estudiantado y la comunidad educativa y no esperar a que hechos tan cruentos y dolorosos como los acontecidos en el INBA los obliguen recién a pensar en instalar los apoyos psico y socioemocionales que hoy ofrecen.

No podemos permitir que los establecimientos educacionales y sus estudiantes sean llevados a estas situaciones límites para actuar. El Estado en las escuelas no tiene nada que hacer con sus brazos represivos y sus leyes criminalizadoras. 

Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, el derecho a la manifestación pacífica y la construcción de una sociedad más justa y equitativa que coloque la educación en y con enfoque de derechos humanos al centro del quehacer, para una sociedad verdaderamente democrática mañana.

Finalmente, las organizaciones abajo firmantes solicitamos al Ministerio de Educación y a los niveles de Fiscalización y de Administración de la Educación correspondientes al INBA, una investigación exhaustiva de los hechos que allí acontecieron, los procesos para tratar, mitigar y reducir los daños por parte de los equipos directivos y de trabajo que se encontraban presentes en el Establecimiento al momento de la ocurrencia de estos lamentables hechos, la verificación del funcionamiento de los equipos de alarmas y de extinción de incendios, entre otros. 

Esperamos que los resultados de esta investigación sean públicos y que las personas investigadas sean apartadas de sus funciones mientras se realice este proceso, como corresponde a una investigación que puede tener consecuencias jurídicas y punibles.

Adhesiones a la presente declaración:

●      Marta Cisterna, Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas

●      Carmen Muñoz Galaz, ONG Hijas e Hijos del Exilio Chile

●      Comisión Ética Contra la Tortura