Comunicado Ciudadano: La defensa del Bosque El Espino y la crisis institucional de la justicia ambiental en El Salvador
En medio de un invierno devastador, que ha dejado a comunidades enteras sin vivienda, caminos ni sustento, la ciudadanía salvadoreña vuelve a exigir respuestas claras y responsables del Estado. Las lluvias intensas de octubre de 2025 han expuesto la fragilidad del país ante la falta de planificación, la destrucción de las zonas de recarga hídrica y la permisividad con la que se aprueban mega proyectos que amenazan la vida.
El bosque El Espino, símbolo de resistencia y pulmón verde de San Salvador, sigue bajo amenaza, mientras las autoridades ambientales guardan silencio. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no ha asumido un rol activo en la prevención ni en la gestión prospectiva del riesgo. La Protección Civil en lugar de preparar y educar a las comunidades más vulnerables, se limita a respuestas fragmentadas y reactivas.
A esta crisis ambiental se suma la crisis institucional de justicia: según La Prensa Gráfica (21/10/2025), la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta apenas con 291 fiscales para procesar más de 82,000 casos bajo el régimen de excepción. En este contexto, la posibilidad de que la FGR actúe con celeridad ante denuncias por destrucción ambiental o despojo de territorios es casi nula. La saturación del sistema judicial se traduce en impunidad ambiental.
La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, debe recordar que su mandato incluye velar por el derecho a un medio ambiente sano y por la protección de las comunidades que lo defienden. Su silencio ante las demandas ciudadanas y las denuncias ambientales contradice el espíritu de su cargo y la misión de la institución que representa.
Mientras tanto, los cuerpos de socorro y la población organizada siguen siendo quienes responden, con valentía, ante la emergencia. Son ellas y ellos quienes, con palas, solidaridad y esperanza, rescatan vidas y reconstruyen lo que el abandono institucional destruye.
Hoy, El Salvador enfrenta una crisis ambiental, institucional y moral.
No se trata sólo de lluvias o de deslaves, sino del colapso de la ética pública, de la ausencia de gestión del riesgo, de la pérdida de respeto por la naturaleza y por la dignidad humana.
Llamado a la acción
Exigimos:
Que el MARN y Protección Civil presenten planes concretos de gestión de riesgo y restauración ambiental.
Que la FGR y la PDDH actúen ante las denuncias ciudadanas por la destrucción de zonas protegidas.
Que la Asamblea Legislativa revise las políticas urbanísticas que promueven la deforestación masiva.
Que las universidades y comunidades científicas acompañen técnicamente la defensa de los bosques.
Que la cooperación internacional y la diáspora salvadoreña eleven su voz y demanden transparencia, justicia y coherencia en el uso de los recursos destinados al medio ambiente.
El Espino nos convoca; la historia nos observa.
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