Vivimos sobre la Ruta Provincial 25, en el partido de Pilar. Son 12 kilómetros —desde el cruce con la Ruta 24 y las vías del ferrocarril San Martín— pero alcanzan para convertir cada viaje, sobre todo de noche, en una fuente de sufrimiento y temor. No hay iluminación. El pavimento está destrozado por pozos que ya no son pozos: son cráteres. Transitar esta ruta dejó de ser un trámite cotidiano para transformarse en una apuesta al "no retorno".

Ni la Intendencia de Pilar, ni la Provincia de Buenos Aires parecen inmutarse. No los movilizan los accidentes recurrentes. Tampoco los autos que se destruyen, uno tras otro, al caer en el asfalto roto. Es un reclamo que lleva años sin una sola respuesta concreta, como si los vecinos de esta zona no existiéramos para la agenda pública.

Mientras tanto, vemos obras y refacciones en plazas, además de otras intervenciones visibles en el distrito. Entonces la pregunta no es si no hay presupuesto: es por qué esta ruta, después de años de abandono, sigue sin ser una prioridad.

Ya hubo accidentes con finales irreversibles en la misma. No es una hipótesis: ya pasó, y sin embargo nada cambió. La pregunta que nos queda, entonces, no es si va a volver a pasar, sino cuántas veces más va a tener que pasar para que alguien decida actuar.

Pedimos algo básico: que los funcionarios responsables recorran esta ruta y con sus propios ojos, verifiquen la desprotección en la que vivimos miles de vecinos de Pilar, mientras seguimos pagando impuestos que no vuelven en forma de infraestructura ni de seguridad vial.

Exigimos iluminación y repavimentación de las zonas dañadas de la Ruta Provincial 25. No es un pedido de privilegio: es la contraprestación mínima que el Estado le debe a quien paga sus impuestos y solo pide poder volver a su casa sano y salvo.