No más seguros que no pagan: fin a prácticas dilatorias y creación de una Aseguradora del Estado 

Si el Estado obliga, el Estado debe proteger: plazos, sanciones automáticas, transparencia y responsabilidad penal cuando corresponda. 

C.C.P. 
Cámara de Diputados, Senado de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fiscalía General de la República, Auditoría Superior de la Federación 

PETICIÓN ¿Por qué firmar? 

México merece instituciones y productos financieros que habiliten la inversión, la protección patrimonial y el bienestar; no empresas que, mediante prácticas abusivas, actúen como si estuvieran por encima de la ley. Exigimos un sistema que proteja al ciudadano, sancione la dilación y castigue penalmente las conductas fraudulentas. 

En México existen seguros obligatorios federales, estatales y municipales que se exigen por ley a ciudadanos y/o se pagan con recursos públicos. Sin embargo, demasiadas veces no protegen: coberturas mínimas, letras pequeñas, negativas injustificadas y procesos interminables. Para mucha gente, terminan siendo “pagar por pagar”: una obligación forzosa sin beneficio real. 

En particular, el seguro obligatorio de auto para circular se vive como una imposición sin garantías efectivas de que, cuando ocurre un siniestro, el seguro responda de forma clara, rápida y justa. El resultado es desconfianza, abuso y un sistema que parece operar a favor del proveedor, no del ciudadano. 

¿Quién no conoce a un familiar, vecino o amigo que, aun estando asegurado, enfrentó negativas, retrasos y trámites interminables? Pasó con el sismo del 19 de septiembre de 2017: años después, la propia AMIS reportaba que una parte importante de los seguros reclamados seguía sin pagarse. Y volvió a pasar con el huracán Otis, que devastó Acapulco el 25 de octubre de 2023: se reportaron decenas de miles de siniestros mientras familias y negocios enfrentaban pérdidas urgentes. 
Y ocurre también con seguros médicos: negativas para cubrir tratamientos o procedimientos con pretextos, letras pequeñas y “requerimientos” que se acumulan hasta que el usuario se rinde. 

Esto no puede seguir tratándose como un simple “trámite”. Cuando hay patrones y dolo, debe investigarse y sancionarse con consecuencias reales. 
No pedimos discursos. Pedimos un cambio estructural con resultados medibles. 
Lo que exigimos 
1) Fin a la obligatoriedad forzosa sin protección real 
Exigimos que no se obligue a los ciudadanos a contratar seguros de forma forzosa mientras no existan leyes y mecanismos efectivos que garanticen protección real, incluyendo: 
Cobertura mínima suficiente y estandarizada, clara y comparable 
Plazos máximos de respuesta y pago 
Sanciones automáticas por retrasos y negativas injustificadas 
Prohibición y castigo de prácticas dilatorias como requerimientos infinitos, cambios de criterio sin fundamento y “documentos imposibles” 
Si el Estado va a imponer la obligación, el Estado debe garantizar que el seguro sí cumpla.
2) Migrar los seguros contratados por entidades públicas a una aseguradora del Estado 
Establecer por ley que todos los seguros contratados y pagados por entidades públicas a nivel federal, estatal y municipal sean adquiridos exclusivamente a través de una Aseguradora del Estado, eliminando la contratación con aseguradoras privadas para coberturas financiadas con recursos públicos. 
Esta Aseguradora del Estado deberá operar con: 
- Reglas claras y estandarizadas de cobertura, exclusiones y pago 
- Auditoría pública permanente y transparencia total 
- Plazos obligatorios de respuesta y pago, con sanciones automáticas por incumplimiento 
- Acceso voluntario para ciudadanos que deseen contratarla, sin desplazar la oferta privada para seguros no financiados con recursos públicos 
3) Mecanismo penal real contra malas prácticas sistemáticas 
Solicitamos crear un marco penal y operativo que permita perseguir conductas delictivas vinculadas a reclamaciones de seguros cuando existan elementos objetivos como patrón, dolo, engaño, falsedad documental o colusión: 
Tipificar conductas específicas relacionadas con seguros, incluyendo: 
Fraude en la gestión o negativa de siniestros cuando exista engaño, simulación o aprovechamiento del error para evitar el pago debido 
Dilación dolosa: retraso intencional y sistemático con finalidad de impedir el pago o forzar el desistimiento, acreditable por patrones como requerimientos repetitivos, cambios de criterio sin base o solicitudes imposibles 
Definir agravantes y umbrales que activen persecución penal: reincidencia, afectación masiva, víctimas vulnerables, uso de documentación falsa, colusión entre áreas o afectación de recursos públicos 
Establecer un protocolo de canalización de casos con indicios delictivos, con preservación de evidencia: expediente íntegro, comunicaciones, dictámenes y trazabilidad de requerimientos y tiempos 
Prever responsabilidad de directivos y administradores cuando exista tolerancia, instrucción o diseño de prácticas ilícitas 
Investigar redes cuando proceda, con las figuras penales aplicables conforme a derecho 
Garantizar reparación integral: pago debido, intereses, gastos y sanciones cuando se acrediten malas prácticas dolosas o fraudulentas 
4) Castigo real a “estrategias dilatorias” 
Exigimos un marco que elimine por ley la dilación como estrategia de negocio: 
- Plazos máximos por etapa 
- Multas progresivas por cada incumplimiento 
- Intereses moratorios automáticos 
- Presunción administrativa de mala práctica cuando haya requerimientos repetitivos, cambios de criterio sin fundamento o “documentos imposibles” 
5) Reestructura profunda de CONDUSEF y CNSF o transferencia de funciones 
Exigimos una reforma de fondo para evitar simulación e ineficacia: 
- Auditoría de desempeño con métricas públicas 
- Expediente digital trazable y ventanilla única real 
- Publicación periódica de resultados: tiempos, sanciones, reincidencias y resolución efectiva 
- Si no se garantiza eficacia verificable, transferencia de funciones a un esquema con capacidad real de sanción y persecución de conductas ilegales, coordinado con la Fiscalía cuando aplique 
6) Transparencia obligatoria 
Publicación trimestral en datos abiertos de: 
- Tiempos promedio de resolución 
- Porcentaje de reclamaciones resueltas a favor del usuario 
- Porcentaje de negativas y principales motivos 
- Sanciones impuestas y reincidencias 
- Ranking por cumplimiento de aseguradoras públicas y privadas 
7) Reparación integral al ciudadano 
Cuando se acredite mala práctica: 
- Pago del siniestro más gastos relacionados 
- Intereses y compensación por dilación 
- Sanciones y medidas correctivas obligatorias 

Llamado a la acción 
Solicitamos que se impulsen reformas legales inmediatas, auditoría y mecanismos con dientes para que los seguros dejen de ser una obligación forzosa sin protección real. 

Firma y comparte. Esto no es un caso aislado; es un problema estructural que afecta a millones. 
Si el Estado obliga, el Estado debe proteger. No más dilación. No más impunidad.