En el marco de la Quincena Solidaria Internacional, la Alcaldía de Fontenay-Sous-Bois, en Francia, invitó a Adriana Martínez, mujer embera cuyo rostro quedó inmortalizado en el billete de 10.000 pesos colombianos. Adriana pertenece a la comunidad Embera Dobidá y nació en los años setenta en Santa María del Condoto, en el Alto Baudó, departamento del Chocó.

Su comunidad se organizó alrededor del caserío fundado por su abuelo, Florismiro Dojirama, por solicitud de la diócesis del Chocó. Allí se establecieron varias familias y se construyó una cabaña destinada a la escuela, lo que convirtió el lugar en un espacio central para la vida colectiva.

Durante los años ochenta, distintos investigadores realizaron estudios antropológicos en la región. Entre ellos, el antropólogo colombiano Mauricio Pardo, quien convivió con la comunidad entre 1981 y 1988 y tomó la fotografía de Adriana entonces una joven de aproximadamente 17 años que posteriormente fue enviada, junto con otros registros, al Museo del Oro y al INCAN. Esa fotografía, cuyas características coinciden minuciosamente con la imagen del billete de 10.000 pesos, comenzó a circular sin que Adriana ni su comunidad fueran informadas.

A finales de los años ochenta, Adriana se trasladó a Puerto Chorín, cerca de Nuquí. En el año 2000, su familia emigró a Panamá, donde residió ocho años antes de establecerse en la provincia de Colón en 2009. El motivo de cambio de país, se debió a amenazas por parte de la guerrilla, razón por la cual decidió irse a Panamá.

Investigaciones recientes han aportado evidencia según la cual la imagen del billete no fue simplemente una inspiración genérica: múltiples elementos concretos ,el número y disposición de las perlas, los rasgos del rostro, los trazos específicos de la pintura corporal, coinciden de manera inequívoca con la fotografía tomada por Mauricio Pardo. A pesar de las comunicaciones enviadas, de las reuniones sostenidas entre abogados y de los avances generados, el Banco de la República aún no ha reconocido formalmente este vínculo.

El libro “Adriana Martínez Dogiramá, la hija negada del Banco de la República”, escrito por Gildardo Tovar, aporta elementos adicionales, claros y sintetizados, que refuerzan la veracidad de la identidad representada en el billete y documentan con precisión la cadena de hechos que relacionan a Adriana con la imagen usada en el diseño monetario.

En su respuesta institucional, el Banco de la República ha afirmado que la figura del billete sería una “representación artística de las mujeres Emberá” y que no existirían antecedentes que permitan identificar una persona específica. Sin embargo, la particularidad de la fotografía tomada por Mauricio Pardo con detalles altamente individuales y no reproducibles de manera genérica plantea la necesidad de una aclaración más profunda. Resulta insuficiente sostener que se trata de una figura simplemente simbólica cuando los elementos distintivos coinciden de manera tan precisa con una persona concreta.

A pesar del intercambio de comunicaciones, de las búsquedas anunciadas por la entidad y de las reuniones celebradas en 2023, el asunto sigue sin resolverse y continúa escapando tanto al marco jurídico de la época como a los mecanismos de reparación actuales. El tema permanece en un vacío que afecta los derechos fundamentales de Adriana y de su comunidad.

Asimismo, preocupa el retiro del billete en museos y plataformas institucionales del banco de la república incluyendo la pagina web, lo cual limita el acceso a material histórico que permitiría evaluar con mayor transparencia la evolución del diseño y la documentación asociada. Sin prejuzgar las razones internas de tales decisiones, solicitamos que se garantice el acceso público a los archivos, registros y material gráfico relacionados, pues la transparencia es esencial para avanzar hacia una solución justa.

Este caso se enmarca en una historia más amplia de vulneración de derechos de los pueblos indígenas, que durante décadas han enfrentado desplazamiento, discriminación y desconocimiento de su identidad cultural. La protección reforzada de sus derechos, reconocida constitucional e internacionalmente, exige un tratamiento especialmente cuidadoso de cualquier representación institucional relacionada con sus comunidades.

Por todo lo anterior, solicitamos un diálogo constructivo, claro y basado en hechos verificables, que permita avanzar hacia una solución justa. Consideramos esencial que el Banco de la República aporte mayor transparencia y esclarezca de manera definitiva la relación entre la fotografía tomada en los años ochenta y la imagen del billete. Si bien Adriana representa un rostro Embera, su imagen específica no puede ser reducida a una figura genérica cuando existen tantos elementos personales, particulares y constatables. 

La utilización de la imagen de una menor sin autorización constituye una vulneración grave de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la imagen, el derecho al consentimiento informado, la protección especial de los niños y niñas, y los derechos culturales de los pueblos indígenas, todos ellos amparados por la Constitución colombiana, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT. La magnitud del uso en un símbolo monetario de circulación masiva convierte esta acción en un hecho que genera responsabilidad administrativa, civil e incluso penal. En consecuencia, la retribución económica solicitada no es un favor: es una obligación legal derivada del uso indebido, no autorizado y explotado de la imagen de una menor de edad indígena. Adicionalmente, el retiro del billete de los museos del Banco de la República, del Museo de la Moneda y de las plataformas institucionales constituye un intento de suprimir evidencia, borrar la memoria histórica asociada a su origen y silenciar el vínculo entre Adriana y la comunidad Embera. Esta eliminación es un acto de censura institucional que agrava la situación y genera revictimización, pues niega el reconocimiento cultural de la comunidad y oculta información esencial para la verdad del litigio. La imagen debe ser restituida de manera íntegra y pública, garantizando el acceso a los archivos fotográficos, museográficos y documentales relacionados. Este caso no es únicamente un asunto individual: refleja una deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas, que durante décadas han enfrentado persecución, desplazamiento forzado, despojo cultural y violación sistemática de sus derechos. El Banco de la República, como institución estatal, tiene una responsabilidad aún mayor al emplear imágenes que representan identidades indígenas. Su negativa sostenida a reconocer la verdad reproduce prácticas coloniales, desconoce la dignidad de la comunidad Embera y prolonga un daño simbólico, cultural y humano que debe ser reparado. La reparación que se exige implica reconocimiento público, compensación económica, rectificación institucional y garantías de no repetición. Adriana y su comunidad tienen derecho a que la verdad sea reconocida, a que su imagen no sea borrada y a que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde. Ninguna institución pública puede beneficiarse de la imagen de una menor indígena mientras intenta ocultar su identidad y su historia."

PEDIMOS a que el Banco de la República reconozca oficialmente la identidad de Adriana Martínez como la mujer representada en el billete de 10.000 pesos, y que se abra un proceso respetuoso y transparente con su comunidad, garantizando su dignidad, su voz y sus derechos culturales. En esta petición, Adriana Martínez pide que el Banco de la República reconozca públicamente que su rostro es el que figura en el billete de 10.000 pesos colombianos. El uso de su imagen no fue una inspiración, sino la reproducción exacta de una fotografía tomada cuando ella era menor de edad y perteneciente a la comunidad indígena Embera, sin su autorización, sin consentimiento familiar y sin respeto por los derechos reforzados que protegen a los menores y a los pueblos indígenas. El billete nunca fue descontinuado, por lo que el litigio sigue plenamente vigente; por ello, el Banco debe esclarecer de manera transparente y definitiva que la fotografía tomada en los años ochenta corresponde a Adriana. 

La garantía de los derechos fundamentales entre ellos el derecho a la identidad, a la imagen, a la verdad y al respeto por la diversidad cultural exige mayor claridad, responsabilidad y reconocimiento. Adriana y su comunidad tienen derecho a que se esclarezca plenamente la verdad y a que se avance hacia una reparación transparente, respetuosa y justa.

Este caso no es únicamente un asunto individual: refleja una deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas, que durante décadas han enfrentado persecución, desplazamiento forzado, despojo cultural y violación sistemática de sus derechos. El Banco de la República, como institución estatal, tiene una responsabilidad aún mayor al emplear imágenes que representan identidades indígenas. Su negativa sostenida a reconocer la verdad reproduce prácticas coloniales, desconoce la dignidad de la comunidad embera y prolonga un daño simbólico, cultural y humano que debe ser reparado.

La reparación que se exige implica reconocimiento público, compensación económica, rectificación institucional y garantías de no repetición. Adriana y su comunidad tienen derecho a que la verdad sea reconocida, a que su imagen no sea borrada y a que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde. Ninguna institución pública puede beneficiarse de la imagen de una menor indígena mientras intenta ocultar su identidad y su historia.

Nuestra asociación apoya, desde Francia plenamente esta iniciativa, que se inscribe en los esfuerzos para poder clarificar respetuosamente y de forma asertiva este litigio.