CCOO y UGT EN DEFENSA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD SUFICIENTEMENTE FINANCIADA

CCOO y UGT vienen denunciando el deterioro intencionado y paulatino que vienen sufriendo servicios públicos en Andalucía como la Sanidad, la Dependencia y la Educación.

En relación con el Sistema Universitario Público Andaluz, el camino de deterioro paulatino, infradotación presupuestaria y privatización al que está llevando el Gobierno Andaluz a nuestras Universidades Públicas responde a una hoja de ruta programada que pretende el desmontaje sistemático del servicio público de educación superior para posibilitar la implantación y desarrollo de un sistema privado.

La hoja de ruta del Gobierno Andaluz contra las Universidades Públicas: 

• 2019-2020: Descapitalización de las Universidades Públicas detrayéndoles más de 300 millones de euros de sus remanentes mientras se producía un importante superávit en el presupuesto andaluz.
• 2021: Se provoca un desajuste económico con un primer modelo de financiación fallido que provocó graves problemas presupuestarios para las Universidades Públicas.
• 2022-2024: Creación, implantación y despliegue de 5 nuevas universidades privadas con muy baja calidad, especialmente en materia de investigación, y a las que se tiene que nutrir de alumnado y profesorado. 
• 2023: Nuevo modelo de financiación: Se trata de aplacar inicialmente la reacción social, impostando un modelo de financiación, sin dotación económica específica, cuyos compromisos no se han cumplido, especialmente en lo que se refiere a la cláusula de salvaguarda contemplada en dicho modelo. 
• 2024: Aumenta la presión y la asfixia financiera de las Universidades Públicas para tratar de intervenirlas económicamente, como en el caso de la Universidad de Málaga, limitando su autonomía y provocando la expulsión de profesorado formado con fondos públicos para nutrir el sistema privado.
• 2025: Se provoca el colapso económico de otras Universidades Públicas que entran en déficit, debido a los impagos e incumplimientos de los acuerdos en materia de personal y financieros del modelo de financiación para intervenirlas económicamente y dirigirlas desde el Gobierno Andaluz, imponiendo ajustes de plantilla con la consiguiente expulsión de personal contratado y pérdida de la calidad de la enseñanza, intentando la reducción de las plazas de oferta pública para alimentar de alumnado a las universidades privadas que empiezan a desplegar su mapa de titulaciones a partir del curso 2025-2026.   

El objetivo final de esta hoja de ruta es el de facilitar el despliegue de un mapa de titulaciones de las cinco nuevas universidades privadas y centros adscritos, provocando la asfixia financiera y la intervención económica de las Universidades Públicas mediante el incumplimiento del Modelo de Financiación acordado por el Gobierno de Andalucía con las Universidades Públicas.

En las últimas décadas las Universidades Públicas han posibilitado el acceso a la educación superior a las hijas e hijos de aquellas personas que, por falta de medios, no pudieron acceder a unos estudios universitarios y tuvieron que desarrollar su vida laboral, sin ejercer una elección libre, condicionados por motivos económicos y territoriales. 

El desarrollo del sistema universitario público ha servido para la articulación territorial de Andalucía y ha posibilitado que las hijas e hijos de estas personas hayan podido estudiar la carrera que les ha permitido su capacidad personal, sin el condicionante económico, ni el de su origen territorial, generando la sociedad más formada de la historia de nuestra Comunidad Autónoma.

La producción investigadora de las Universidades Públicas y su conexión con el tejido empresarial genera un elemento esencial para el desarrollo tecnológico y el avance y el desarrollo de Andalucía.

Las Universidades Públicas son un motor de desarrollo económico y crecimiento fundamental en el territorio, según numerosos informes, entre ellos uno emitido por el Ministerio de Universidades con la participación de la propia Consejería de Universidades de Andalucía que aporta los siguientes datos: 

• Por cada 100€ recibidos de transferencias estatales y autonómicas, el Sistema Universitario Público Español (SUPE) generó 505€ de facturación, 293€ de PIB y 115€ de rentas salariales. Por cada 100 mil€ recibidos, el SUPE creó/mantuvo 5,4 puestos de trabajo en equivalentes a tiempo completo. Es decir, las Universidades Públicas Españolas tienen un rol central en el desarrollo educativo, social y económico del país.
• Por cada 1.000 estudiantes del Sistema Público Universitario, se crearon o mantuvieron 331 puestos de trabajo.
• Las Universidades Públicas retornan entre 5€ y 7€ por cada euro que se invierte aumentando la generación de riqueza en su entorno. En el caso de Andalucía en algunas provincias, este retorno se llega a situar en el nivel más alto, generando 7€ por cada euro que se invierte en el sistema. 
• El personal del Sistema Público Universitario representa el 2,41% de la población ocupada, representando el 33% de los puestos de trabajo generados en el tejido público de contratación.
• El impacto generado por el SUPE beneficia a diversos sectores económicos: aproximadamente el 70% de todo el impacto se concentra en sectores diferentes a la Educación.

Hay que tener en cuenta que nos encontramos en un periodo de crecimiento económico, el más alto de la Unión Europea, y que la situación económica del país y de la comunidad autónoma andaluza es muy buena, solo hay que ver los resultados económicos de las grandes empresas y de los bancos que arrastran una serie de años con récord en los beneficios. 

Ningún indicador económico indica una recesión económica del país, ni de la comunidad autónoma andaluza que cierra cada ejercicio económico con superávit y con partidas económicas presupuestadas y no ejecutadas o devueltas o rechazadas. 

A pesar de ello, el Gobierno Andaluz sigue infradotado presupuestariamente el Sistema Universitario Público Andaluz e incumpliendo el objetivo establecido por la LOSU de aplicar el 1% del PIB a la financiación universitaria.

Ante este panorama, CCOO y UGT denuncian esta situación y hacen un llamamiento a la movilización del resto de organizaciones sindicales, estudiantiles y de toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía, en general, de aquí hasta el final de este curso académico.