Las grandes diferencias sociales que hay en México son insultantes, menos de 10% de las víctimas de delitos encuentra la justicia que, por mandato constitucional, debe proveer el Estado. Los retrasos en la impartición de justicia ya eran inaceptables antes de la pandemia de CoViD-19 y ahora, con el confinamiento que la sociedad se ha obligado a ejercer, la justicia también está "confinada". Toda clase de Tribunales, incluidos Ministros, Magistrados, Jueces, Ministerios Públicos y en general, todo el poder judicial del país, de la capital y de los estados están "quedándose en casa", pero sin la debida impartición de justicia que es URGENTE.

Asesinatos, secuestros, despojos, robos, violaciones sexuales, atropellos a derechos humanos, paralización de toda clase de juicios, no omitiendo mencionar que en resolución de tales conflictos, multitud de ciudadanos tienen comprometido su patrimonio, su familia y su subsistencia y así la lista sería interminable y, que tal acumulación de asuntos ya es en números récord y eso sin contar la cifra incalculable de contiendas judiciales que sus interesados están en espera de poder dar trámite.

Mientras los funcionarios del sistema judicial siguen recibiendo sus emolumentos y dicho sea de paso, se ampararon para que su sueldo SÍ fuera mayor que el del Presidente de la República y sin embargo NO ESTÁN IMPARTIENDO JUSTICIA bajo el argumento de que la pandemia de COVID-19 se los impide. ¿Ignoran que una gran parte de la población hace trabajo desde casa? ¿No conocen las herramientas de videoconferencia? ¿No saben que una firma digital es tan válida como una firma autógrafa? Tan sí lo saben que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está funcionando vía remota ya desde el mes de mayo de 2020.

Por otra parte, el Poder Judicial ha olvidado a miles de abogados postulantes, de cuyo ejercicio profesional dependen sus familias –decenas de miles de personas– ellos a su vez del funcionamiento de los Tribunales, razón por la que es URGENTE la pronta normalización de la impartición de justicia, con el objeto de que ésta rama tan importante de la sociedad ya no se vea más afectada.

La actividad jurisdiccional ha estado paralizada ya cuatro meses desde el 19 de marzo de 2020, con el consiguiente perjuicio para todos los ciudadanos que han acudido a los Tribunales en demanda de impartición de justicia, así como de los que están en espera de la reanudación de la actividad jurisdiccional para ejercer su derecho de que se les imparta justicia, de conformidad con las Leyes vigentes, derecho que además está tutelado por nuestra Carta Magna.

Por lo anterior, nuestro país demanda en forma imperativa la impartición de justicia, un poder judicial funcional de hechos y no de discursos. México NO necesita la regulación de la marihuana, necesita la justicia pronta y expedita que la Constitución garantiza a todos los mexicanos en el artículo 17, párrafo segundo que dice: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes", logrando con ello el fin último del derecho: la justicia.

QUE EL PODER JUDICIAL TRABAJE SIN MÁS DILACIÓN A DISTANCIA, CON VIDEOCONFERENCIA, ARCHIVOS ELECTRÓNICOS Y CON EFICIENCIA, IMPARTIENDO LA JUSTICIA QUE LOS JUSTICIABLES, LOS LITIGANTES Y TODO EL PAÍS LES DEMANDA.