Cada año, miles de mujeres y sus hijos se ven obligados a abandonar su hogar para protegerse de la violencia.

Se marchan ellas. Pierden su casa, su estabilidad, su entorno.

Mientras tanto, el presunto agresor permanece.

Esto no es protección. Es revictimización.

Solicitamos que, ante denuncias por violencia de género y como medida cautelar inmediata, sea el presunto agresor quien deba abandonar el domicilio familiar, garantizando así:

La permanencia de la víctima y sus hijos en un entorno seguro

La estabilidad emocional y educativa de los menores

Una respuesta institucional coherente con la protección real

No se trata solo de justicia, sino de sentido común y humanidad.

Las mujeres no deben seguir pagando el precio de la violencia con su propio desarraigo.

Pedimos a las instituciones que prioricen la seguridad de las víctimas por encima de la comodidad del agresor.