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Regularización Ya señala que ya advirtió de todos los errores del nuevo Reglamento de extranjería

Con fallos como el silencio administrativo negativo o la irregularidad sobrevenida y que no cuente el tiempo de espera como arraigo si deniegan una solicitud de asilo, entra en vigor el nuevo Reglamento de la ley de extranjería.

Después de aprobarse el pasado 19 de noviembre, el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, más conocida como la ley de extranjería, ha entrado en vigor este martes 20 de mayo. Por la mañana, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, posteaba en X un hilo y un vídeo en los que explicaba el trabajo que ha realizado su ministerio para llegar “a la norma que da respuesta a la realidad migratoria de nuestro país”. Apuntaba que en ella se aclaran las vías de llegada y residencia en España y se elimina la burocracia para garantizar “los derechos de las personas migrantes y sus deberes”.

El documento oficial, que no supone una modificación de la Ley sino de sus normas de aplicación, pretende en su línea principal agilizar la inserción laboral de las personas migrantes en función de las necesidades del mercado laboral, haciendo particular énfasis en la contratación de origen y la migración circular. Con ello, el Gobierno estima que regularizara 300.000 personas en tres años.

La reforma del Reglamento (Reloex) era, sin duda, una necesidad que buscaba subsanar diversas carencias. En parte, supone avances en el acceso a la residencia, hasta ahora muy insuficiente y altamente restrictivo. Entre las novedades están la reducción de plazos y la simplificación de requisitos para acceder a autorizaciones de residencia y la creación de nuevas modalidades de arraigo. Todas las figuras de arraigo pasan a tener una autorización de un año y la renovación pasa a ser de cuatro años, en vez de los dos anteriores.

Sin embargo, en el camino hacia su aprobación no solo los grupos políticos sino también el movimiento por los derechos de las personas migrantes pusieron en cuestión diversos aspectos del nuevo Reglamento ya que tendrían un impacto negativo en la vida de muchas personas, y que en su versión final consideran insuficiente. “Nosotros con el reglamento ya habíamos señalado todo lo que nos parecía que iba a ocurrir y que está ocurriendo”. Por eso siempre habíamos señalado que el camino era la ILP y no modificar un reglamento de extranjería”, confirma a El Salto Edith Espínola, una de las portavoces de Regularización Ya.

En este sentido, el grupo de personas solicitantes de asilo son uno de los más afectados por la normativa que ha empezado a aplicarse esta semana. Y es que, para acogerse a las nuevas vías de arraigo, deberán desistir previamente o ver denegada su solicitud de protección internacional y quedarse en situación irregular. La reforma les obliga a permanecer en este estado los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud y solo podrán acogerse a esta posibilidad en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del reglamento, es decir, con carácter transitorio.

Para Sonia Herrero y Alberto Pradilla, de la Comisión Catalana de Acción por el Refugio (CCAR), el nuevo reglamento deja un vacío en el sistema, como forma de disuadir a las personas que quieren pedir asilo en el Estado español y que reúnen las condiciones para ello. “Al desincentivar el acceso al sistema de protección internacional, la reforma contribuye a vaciar de contenido este mecanismo, debilitando aún más un pilar fundamental de los derechos humanos”, escribían en El Salto en los días posteriores a la aprobación de la reforma.

Demandas desde los colectivos que impulsaron la ILP Regularización Ya
Las 900 organizaciones y colectivos que impulsaron la ILP para regularizar a 500.000 personas migrantes en situación irregular han querido volver a señalar las demandas que, en su momento, exigieron: aprobación de la ILP con ampliación de fecha de corte “”para abarcar la mayor cantidad de personas”. “La idea de la ILP es que el contador queda a cero y a partir de allí se trabaje con la población migrante y con quienes trabajamos con ella y las personas en situación administrativa irregular, porque conocemos la realidad y, sobre todo, conocemos los obstáculos de por qué no funciona la Ley de Extranjería y porque por la vía ordinaria nadie se está regularizando”, apunta Espínola.

En los cuatro años que llevan de tramitación, desde la recogida de firmas, las bolsas de la irregularidad han crecido por lo que exigen que se incluya en la regularización a las personas con residencia habitual aunque no estén empadronadas, solicitantes de asilo que lo requieran así como personas sin acceso a la documentación de su país de origen. También demandan una solución urgente para las 275.000 personas solicitantes de asilo que, calculan, han quedado en irregularidad administrativa y perdido sus puestos de trabajo a causa de esta reforma.

“Ahora que tenemos una herramienta de democracia directa impulsada por la ciudadanía para poner fin y solucionar de una vez la regularización de las personas que viven y trabajan en este país”, dice Edith Espínola, de Regularización Ya 
En términos más técnicos y de infraestructura, para que la regularización se lleve a cabo de manera eficiente y efectiva en la administración, incluso para que no caduquen los expedientes, consideran necesario ampliar el personal en las oficinas de extranjería. Para estos colectivos es indispensable implementar medios que eviten la venta de citas y las irregularidades que se dan actualmente con un sistema que no funciona.