Las sombras del nuevo reglamento de extranjería
SPC-Agencias
- domingo, 25 de mayo de 2025
La reciente entrada en vigor de la reforma que flexibiliza determinados permisos de residencia y trabajo en España siembra la polémica al incluir un cambio que deja en una situación de incertidumbre a miles de solicitantes de asilo
Como si de una moneda se tratara, el nuevo reglamento de extranjería trae consigo una cara luminosa, en forma de avances en derechos, pero también una sombría, como la que se cierne sobre miles de solicitantes de asilo que quedan abocados a la irregularidad sobrevenida. La norma entró en vigor el 20 de mayo, seis meses después de su aprobación, y aunque desde el principio las organizaciones sociales manifestaron su rechazo ante el efecto que empuja al limbo a quienes tratan de ser reconocidos legalmente como refugiados, el Gobierno de Pedro Sánchez no movió ficha hasta la víspera de su aplicación efectiva ante el creciente malestar entre algunos de sus socios parlamentarios.
Cuando el Ejecutivo emprendió la reforma del reglamento lo hizo para adaptar las reglas del juego al actual contexto migratorio, con cerca de siete millones de extranjeros residiendo en el país, una cifra que representa el 14 por ciento de la población. Según sus cálculos, la norma facilitará la regularización de 300.000 personas al año durante los próximos tres ejercicios.
Entre los principales cambios de la norma figura la ampliación y reordenación de visados en cuatro categorías, entre las que se incluye la relativa a la búsqueda de empleo, que amplía de tres a 12 meses el permiso para encontrar trabajo.
Asimismo, los estudiantes podrán obtener una autorización de estancia que dure el mismo tiempo que su formación, y se les facilitará una vía rápida para así enlazar con un permiso de trabajo una vez acabada. En estos casos, la jornada laboral máxima que podrán compaginar con sus estudios será de 30 horas semanales.
Desde la perspectiva de la inclusión, el nuevo texto extiende el permiso de residencia a familiares de ciudadanos españoles, en cuyo caso se amplía la edad de los hijos hasta los 26 años (antes 21), y se contemplan realidades que hasta ahora se mantenían fuera, como la posibilidad de incluir a las parejas no registradas formalmente.
Además, en el reglamento reformado se reduce el tiempo de estancia requerido de tres años a dos para todas las figuras de arraigo, que pasan a englobarse en cinco modalidades: social, socioformativo, sociolaboral, familiar, y de segunda oportunidad.
Pese a estos avances, la otra cara de la moneda establece que el tiempo que una persona extranjera ha pasado en España esperando a que su solicitud de asilo sea resuelta -y trabajando regularmente- no computará para después pedir un permiso de residencia por arraigo en el caso de que esta sea denegada. Esto significa que, a partir de ahora, van a tener que pensárselo bien a la hora de pedir asilo porque, en el caso de que finalmente no se les reconozca -respuesta que puede tardar años- caerán en la irregularidad y deberán permanecer así al menos dos años hasta conseguir los papeles.
Este cambio generó un gran rechazo por parte de las entidades sociales, que estiman que puede afectar a más de 240.000 migrantes que actualmente esperan respuesta, y que formarían una gran bolsa de personas en la irregularidad que ya estaban trabajando en el país.
A la espera del Supremo
Por ello, siete organizaciones recurrieron este aspecto de la norma ante el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado, si bien en 2024 dictaminó en una sentencia que el tiempo trabajado durante la tramitación del asilo no debe computar a efectos de arraigo laboral.
El Ejecutivo se apoyó en esta resolución del Alto Tribunal para justificar este controvertido aspecto del texto, al tiempo que alegó que en los últimos años se ha producido un incremento en las solicitudes de asilo que ha derivado en la saturación del procedimiento.
De hecho, el año pasado, España repitió como el segundo país de la Unión Europea que más peticiones recibió, con el máximo histórico de 164.000, solo por detrás de Alemania.
Sobre la saturación del procedimiento, las entidades aseguran que el Estado tiene mecanismos para erradicar esos supuestos abusos en la vía del asilo, como responder las solicitudes en el plazo de seis meses que fija la ley, ya que «no se puede cargar al administrado la deficiencia de la administración».
Para estas organizaciones, la reforma busca disuadir a quienes piden protección y ha provocado que muchas personas que estaban trabajando en el país hayan desistido de su solicitud, cayendo en la irregularidad -en ocasiones, perdiendo su empleo- y diciendo adiós a la posibilidad de ser reconocidos como refugiados.
Ante las reivindicaciones de las organizaciones, la respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fue introducir una vía transitoria que permite, durante un año, a los solicitantes cuya petición ha sido denegada antes de que la norma entrase en vigor, optar al arraigo tras seis meses en situación en irregular.
Pero al no lograr acallar las protestas, el PSOE decidió trasladar una propuesta a los grupos parlamentarios con el afán de pactar una solución.