El pasado 21 de diciembre se cumplió un año de la primera resolución de las autoridades respecto a catorce profesores del departamento de San José acusados de haber violado la laicidad. Sabemos que los fundamentos de esa acusación -inconsistentes, falaces e injustificados- están inspirados en una clara postura antisindical. La actitud autoritaria y punitiva desterró toda valoración técnica y profesional de los docentes cuestionados y pretendió poner en tela de juicio su ética y menoscabar su dignidad. La resolución más reciente de Jurídica del organismo respecto de tres de los profesores, que habilita su destitución y sobre la cual las autoridades aún no se han expedido, además de erigirse en un hecho sin precedentes desde la recuperación democrática, somete a los colegas a una tensa espera preñada de amenazante incertidumbre.

En el transcurso de este largo año no solo se ha abusado del principio de autoridad en prescindencia del de valoración técnica y profesional de los profesores cuestionados, sino que se han sumado los abusos de propósito denigrante de la ética de los colegas.

Esa manifestación permanente de una función fiscalizadora-moral de parte de quienes ocupan los cargos directivos de la educación media desdice de la función directivo-pedagógica que les sería esencial y propia (comisión investigadora en la Cámara de Diputados a dirigentes de FENAPES, investigación a Presidenta de AFUTU, acusación e investigación a docentes integrantes del CAP del IAVA); despoja al organismo del sentido de cuerpo unido por la responsabilidad social de ejercer y conducir los procesos educativos que le competen.

La suma de actos condenatorios y/o enjuiciadores de la función docente, como si el hecho de serlo pusiese al profesional en situación de sospechoso de delito educativo, va contra el espíritu mismo de educar en el sentido propio de ese verbo de aspecto humilde y valor trascendente. Educar para la democracia implica educar en democracia lo cual no se cumple bajo la amenaza, la desconfianza y el desconocimiento de la profesionalidad de quienes se han formado como educadores. Y más aún, de quienes han ejercido impecablemente su profesión.

El rechazo a estos hechos tuvo, desde los profesores jubilados de Literatura y Filosofía, declaraciones públicas que circularon por varios medios de prensa recogiendo un gran número de adhesiones.

Por lo que hemos expresado y porque nuestra condición docente no termina con la actividad en el aula, es que profesores jubilados de todas las asignaturas sentimos como una necesidad irrenunciable congregarnos para formar una voz profesional que respalde y acompañe a los colegas en ejercicio. Es casi vergonzoso decirlo, pero además sentimos que nuestra voz está a salvo de las determinaciones punitivas que amenazan a quienes entran a las aulas a ejercer la honorable profesión de enseñar. El compromiso con los principios que sostienen lo que ha sido el transcurso de nuestra vida profesional nos mantiene activos, alertas, sumando voces para ser UNA que defienda y construya la libertad de enseñar y de aprender.