Quienes suscribimos, profesionales académicos e intelectuales promotores y defensores de derechos humanos, del Paraguay nos solidarizamos con el pueblo de Nicaragua ante los actos de represión que se han venido recrudeciendo por parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo y vicepresidenta del país. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 1614 personas han sido privadas de libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas a partir del 19 de abril de 2018. Desde entonces no han cesado los asesinatos, encarcelamientos, represión a la protesta y la libertad de prensa.

El gobierno nicaragüense ha criminalizado a las voces críticas y desatado represiones contra integrantes de la sociedad civil y de la oposición política. Fuentes no oficiales informan que fueron asesinadas unas 320 personas, la mayoría jóvenes e incluso adolescentes y niños/as, además de encarcelar a unas 156 políticos y políticas de oposición. Siete prisioneras/os políticas/os son aspirantes presidenciales de la oposición e incluso históricos militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Hay información de que las y los presos políticos han sido sometidos a tortura y a tratos crueles y degradantes, en un contexto de ausencia de imparcialidad e independencia del sistema judicial. Se trata de un sistema de impunidad y de un paulatino y prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática. Las violaciones a los derechos humanos no son investigadas y hay unas/os 140.000 nicaragüenses exiliados.

El régimen ignora la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 23 de marzo de 2021 y las recomendaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU; así como las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Resolución de Medidas Urgentes y el requerimiento de liberación inmediata de presos políticos por parte de la (CorteIDH).

Las respuestas del régimen han sido de mayor represión, cancelando 40 Organismos No gubernamentales (ONGs) hasta el mes de agosto 2021, entre estas figuran 15 asociaciones médicas que habían cuestionado el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del Ministerio de Salud y 6 organismos internacionales. También cerró La Prensa, el único medio impreso que quedaba, el Nuevo Diario ya había cerrado por la misma represión y censura. 

En ese contexto no podemos reconocer los resultados de las elecciones que se realizarán el próximo 7 de noviembre, pues por todo lo antedicho serán unas elecciones semi competitivas, en las que solamente puede haber un ganador. Por todo ello demandamos:

1) Que las elecciones sean democráticas y para ello deben ser pluralistas, competitivas y con garantía de imparcialidad. 

2) La liberación de los presos y presas políticas y el respeto a su integridad física, moral y psicológica.

3) La anulación de los juicios ilegítimos que solo buscan inhabilitar y destruir a los liderazgos democráticos de Nicaragua.

4) El respeto pleno a los derechos políticos de todas las personas, que permitan un retorno a la democracia, con Estado de derecho y división de poderes del Estado.