• Linchamiento de dos inocentes en Ajalpan ejemplo de ausencia del Estado.
• Moreno Valle por favor ¡Rectifica tu camino!
• Corrupción, complicidad e ineficiencia en gobiernos municipales una de las causas.

Dos jóvenes encuestadores fueron atrapados por los pobladores de Ajalpan, los torturaron golpeándolos hasta dejarlos inconscientes, luego les echaron leña y les prendieron fuego hasta quedar carbonizados. Diputado al servicio del gobernador afirma que es un asunto político. El Gobernador afirma que fue culpa del Presidente Municipal. Sin embargo la inseguridad sigue creciendo en la Entidad, dos días antes en Texmelucan y la Resurrección los pobladores intentaron linchamiento.

Así el atroz linchamiento de dos jóvenes inocentes en Ajalpan entre otros terribles sucesos de violencia ciudadana son episodios previos en el que desembocaron las brutales golpizas a más de 40 presuntos delincuentes en al menos 20 municipios de Puebla en un solo año y que corresponde al mandato de Rafael Moreno Valle Rosas. Hechos que denotan una total ausencia del Estado en materia de Seguridad Pública, producto de la descomposición social, el despilfarro público, la corrupción de altos mandos policíacos y de la tolerancia de ilícitos de autoridades municipales que han acordado su nefasta impunidad, con miras a que sus respectivos partidos o grupos de influencia apoyen proyectos futuros.

Las políticas públicas en materia de Seguridad Pública y control del ejercicio público de los municipios no ha funcionado en Puebla, al privilegiar obras decorativas y soslayar la falta de empleo que se atizó con el despido de miles de servidores públicos, tanto a nivel estatal como municipal, los excesivos sueldos y compensaciones ocultas que empobrecen el erario municipal, el uso indiscriminado de los recursos públicos en publicidad personal y a la creciente impunidad con la que se desempeñan los servidores públicos y presidentes municipales afines a la causa, han demostrado que es más fuerte la complicidad que el deber público.

Un ejemplo de ineptitud, falta de respuesta del Estado y ausencia de éste, es el más reciente linchamiento de los dos jóvenes inocentes en Ajalpan, en donde la “justicia ciudadana” o “justicia por mano propia” constituyen un fenómeno sociológico que, habiendo empezado en la mixteca ha corrido como reguero de pólvora replicándose en numerosos puntos del Estado. Hoy, se han transformado ya en un encendido debate nacional que nos envuelve a todos, no por la atrocidad del acto mismo, sino por la acumulación de sucesos despreciables del desempeño público.

Pero como ocurre a menudo en debates de naturaleza polémica y compleja, es más fácil expresarse sobre las consecuencias que desentrañar las causas. Consternarse sobre el linchamiento en sí mismo y evitar reconocer la responsabilidad que tiene el gobierno de Puebla, parece configurar el discurso social y políticamente aceptable sobre la temática.

Lo que no se quiere reconocer, en concreto, es que en la base de la “justicia ciudadana” o “justicia por mano propia” se encuentra un Estado que ha perdido el efectivo monopolio de la fuerza y, por lo tanto, su facultad esencial de brindar Justicia, pues tal reconocimiento implicaría preguntarse en qué se canalizaron los recursos públicos y las energías estatales si no fue en cumplimentar sus funciones fundamentales.

No se puede hablar, en términos genéricos, de un “Estado ausente” o de un “Estado presente” sin especificar ausente o presente dónde, como tampoco sería correcto suponer que un Estado enorme y obeso en términos de las funciones que constitucionalmente se ha adjudicado sea necesariamente lo mismo que un Estado fuerte. En efecto, el Estado encabezado en Puebla por Rafael Moreno Valle Rosas ha venido amplificando sus intromisiones en la sociedad civil, en la vida interna de los partidos y en la corrupción de los poderes soberanos, imponiendo personeros en los cargos públicos de elección popular, imparablemente durante los últimos cuatro años pero sigue siendo, sin embargo, un Estado cuya debilidad se pone de relieve todos los días.

El gobierno de Puebla se ha ausentado, específicamente, en lo que hace al cumplimiento de su función esencial de proveer seguridad y Justicia a los ciudadanos, mientras sus energías y recursos fueron volcados en el “pan y circo” propio de un gobierno de innegable corte elitista con acciones populistas y para acabar pronto, el mismo ejemplo han seguido sus presidentes municipales que apoyaron su causa, claro ejemplo de los presidentes de Movimiento Ciudadano en San Pedro Cholula y en Chietla, en donde el homicidio, despilfarro, corrupción y violencia, son lo cotidiano, permaneciendo en sus cargos con la impunidad que les otorga el acuerdo.

La edición 2015 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), confirma el incremento en los indicies de delincuencia. Otros indicadores nacionales ubican a varios municipios poblanos en los primeros lugares de violencia. No obstante, la sociedad desde hace rato ha tomado conciencia sobre su desprotección como una realidad cotidiana y ya no les sorprende los escándalos de corrupción en la que sus protagonistas son funcionarios públicos del gobierno del Estado, en donde el gabinete, por cuestiones de interés político ha sufrido más de medio centenar de modificaciones en el primer y segundo nivel, con cargos aún por definir o destituciones por corrupción o sospecha de ello.

Las medidas emprendidas por los habitantes de Puebla, varían de acuerdo a su capacidad de convocatoria y poder adquisitivo, pero todas tienen en común presentarse como alternativas de supervivencia frente a la ausencia del Estado. Así la contratación y homicidio perpetrado por guardias de seguridad privados que custodian a personas con recursos suficientes para hacerlo, conformación de “guardias comunitarias” en poblaciones alejadas de la ciudad capital, organización vecinal con lonas amenazantes en colonias y juntas auxiliares, entre otras formas de organización y protección, son ejemplos de la presencia de un sentimiento de indefensión generalizado, en donde el Estado ha sido incapaz.

Es sabido que la inseguridad ha sido durante los últimos años uno de los temas que más ha preocupado a los poblanos, sin que de ello resulten medidas contundentes y serias por parte del Gobierno del Estado. Tanto es así que la población aún no reconoce al actual Secretario de Seguridad Pública sin que equivocadamente recuerde los actos de corrupción que enlodaron al anterior y cuyo ejemplo de ineficiencia, impunidad y nefasta colusión de sus subordinados con la delincuencia pusieron de manifiesto la complicidad.

Para el gobernador del Estado su estrategia para combatir la inseguridad pública no tiene pies ni cabeza y se ha construido con el endeble apoyo de presidentes municipales ineficientes y corruptos, convenencieros y amparados por la protección de un grupo legislativo que aprueba sus cuentas públicas, tras claros ejemplos de despilfarro permanente y descontento ciudadano. Una seguridad pública construida en imagen hacia los medios de comunicación, pero que en los hechos es distinta.

En este orden de cosas, los linchamientos han sido expresión de la desconfianza social en las instituciones del Estado en su capacidad de reprimir al delito. Una expresión sumamente drástica que nos retrasa como civilización y nos reduce a las hordas por supuesto. Pero expresión, al fin, de un problema que ejemplifica la descomposición social cuyos determinantes parecen no interesar en un debate en el que siempre es más fácil culpar a los linchadores o a las ineficientes autoridades locales, que hacerlo contra quienes deberían proveer Seguridad y Justicia a la ciudadanía para que los linchamientos no se transformen, siquiera, en una posibilidad.

Así las cosas, de un Estado caduco, ineficiente y corrupto, con una óptica desprovista de sensibilidad política al bienestar de la población que debiera ser su objetivo. Autoritarismo despótico que se ejemplifica con hechos lamentables, en donde el problema subyace en la complicidad con autoridades municipales que atizan el malestar ciudadano, acciones espejo de lo que hace el gobernador, pero sin el talento ni recursos para contrarrestar los resultados negativos.

En los siguientes días iré anexando, cada uno de los hechos que ejemplifican mis palabras, que a la vista de los serviles pudieran ser ofensivas, personeros del poder con disfraz de diputados, pero que por desgracia representan el clamor de los poblanos, de un ¡Ya basta! ¡No más!

¿O no lo cree usted?

Opinión de Rodolfo Herrera Charolet