​Dirigido a: Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) y Defensora del Espectador.

​Los medios de comunicación públicos se financian con el dinero de todos los ciudadanos y tienen el deber constitucional de ofrecer una información veraz, imparcial y de respetar los más estrictos códigos éticos y deontológicos. Los profesionales que ocupan estos espacios deben ser un referente de integridad y responsabilidad social.

​Recientemente, hemos asistido a un grave episodio en el que la colaboradora Sarah Santaolalla interpuso una denuncia por una presunta agresión física frente al Senado. Sin embargo, tras la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad por parte de las autoridades judiciales, la causa ha sido archivada al comprobarse la inexistencia de tales hechos.

​Consideramos inadmisible que una persona que utiliza las instituciones del Estado y el sistema judicial para interponer una denuncia que los tribunales han desmontado, siga ocupando un espacio pagado por los contribuyentes. Mantener a perfiles que protagonizan estos escándalos de falta de veracidad daña profundamente la credibilidad de la televisión pública y premia conductas que degradan el debate social.

​Por todo ello, los firmantes de esta petición solicitamos:

​La rescisión inmediata de cualquier contrato, colaboración o vinculación de Sarah Santaolalla con los programas de la televisión pública.
​El compromiso firme de la dirección de no dar voz en espacios públicos a quienes utilicen la justicia de manera espuria.
​La televisión pública debe ser un espacio de rigor y respeto. ¡Firma y comparte para exigir unos medios públicos limpios y ejemplares!