Algunos de los grupos editoriales más importantes del país pretenden hacer firmar a sus colaboradores gráficos y literarios un contrato que, en exclusiva en algunos casos, cede los derechos de explotación de los trabajos para cualquier uso, ilimitado en el tiempo, para todos los países del mundo e incluyendo la capacidad de comercialización a terceros; despojando a sus autores de todos sus derechos. En otras palabras, mediante estos contratos, estas empresas de comunicación pretenden hacerse con un archivo fotográfico y de texto para revenderlo y utilizarlo a su antojo sin limitación alguna. Un contrato inadmisible para cualquier autor, que está obligado a negarse a firmar un contrato que lesiona su derecho “a la protección de sus intereses morales y materiales derivados de toda protección científica, literaria o artística de la cual es autor.” (Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre) Consideramos que desposeer a los autores de sus obras mediante una firma, que tiene más de extorsión que de práctica empresarial, es condenar a sus propias cabeceras a nutrirse de unos contenidos de cada vez menor calidad e interés, con lo que la pérdida terminará siendo no sólo para nosotros sino para todos aquellos lectores que acuden al quiosco en busca de contenidos de calidad y esto es el principio de la propia desaparición de dichas cabeceras y sus puestos de trabajo. Solicitamos el apoyo del Ministerio de Cultura, como máximo garante de los derechos de autor, para que estos contratos, cuyas cláusulas quedan fuera de toda ética profesional, no sean impuestos a ningún redactor o fotógrafo, evitando así poner en riesgo la continuidad de nuestra profesión y el derecho de los ciudadanos a ser informados no sólo libremente, sino de una manera profesional, rigurosa y creativa.