Llama poderosísimamente la atención, que desde la era de la democracia, de los 3 poderes del estado, el poder legislativo constante y asiduamente fue el que por mayoría indiscutible fue blanco de la ciudadanía, ganándose el repudio por las innumerables irregularidades de actos de abuso de poder, tráfico de influencia y nepotismo, rememorando desde: 1) los bocaditos de oro, 2) la niñera de oro, 3) el casero de oro,  4) los pupitres de oro, 5) los nepobabies, 6) cafecitos y chipitas para los diputados y senadores,  y 7) la caja de jubilaciones y pensiones, perlita que cierra como broche de oro la presentación de los impresentables diputados y senadores.

Por este motivo la presente PETICION solicita una REFORMA CONSTITUCIONAL del Poder Legislativo que plantea: 1) Composición: 60 diputados y 30 senadores y disminuir los 4.200 funcionarios y contratados a 1.500. 2) Que diputados y senadores no integren el Consejo de la Magistratura, 3) Que diputados y senadores no integren el Jurado de enjuiciamiento de magistrados, y 4) Eliminación de la Caja jubilatoria parlamentaria. 

El punto 1 obedece en primer lugar a la pobreza y brecha salarial que se experimenta hoy en día, considerando que somos un país con una cantidad aproximada de 6.417.000 habitantes, razón por la cual no es necesaria una cantidad exorbitante de diputados, senadores y funcionarios; necesitamos representantes honestos y con preparación, no personajes de turno, y menos de dudosa reputación vinculados con negocios turbios. La disparidad salarial que se da es abismal, considerando que los legisladores ganan alrededor de Gs. 37.900.000 mensual, y la totalidad de jóvenes entre 18 a 29 años, que equivale aproximadamente a 1.489.407, y de esa cantidad sólo 650.000 forman parte de la población económicamente activa, de los cuales, aproximadamente 351.000 ganan menos del salario mínimo, resultando esto una afrenta para la ciudadanía, considerando todo lo que esos jóvenes debe hacer para ganarse la vida, en comparación al salario de los legisladores y los privilegios que tienen, de los hacen gala y despilfarran. 

Más de la mitad, de los jóvenes que forman la población económicamente activa gana menos del salario mínimo, reflejando la alta informalidad y precariedad laboral juvenil. No tienen contrato formal, no tienen seguro social ni aporte jubilatorios, pero sin embargo, hay un sin números de nepobabies contratados, jóvenes imberbes olor a la leche ganando 19 millones, donde su única virtud es ser "el hijo/a de", miles de funcionarios que no cumplen ninguna función y están al solo efecto de cumplir con el prebendarismo político; mientras que en los hospitales mueren personas por falta de medicamentos y maquinarias, la educación pública se ve afectada por la falta de educadores y la pésima infraestructura, privándole de un futuro digno y prometedor a ese niño/a; estos son los argumentos más que justificados para reducir la cantidad de diputados, senadores y funcionarios. 

Los puntos 2 y 3 para lograr una justicia independiente, evitando que los diputados y senadores siempre este sometiendo a su voluntad a los magistrados mediante la amenaza de las denuncias en el JEM;

El punto 4) porque patenta de cuerpo entero que los diputados y senadores se consideran ciudadanos de 1ra categoría o incluso superior al pretender jubilarse con solo un periodo o dos, cuando que el común del pueblo en el sector privado debe tener 60 años de edad y 25 años de aporte, o 55 años de edad y 30 años de aporte; sin mencionar las innumerables cajas de funcionarios que hay y que ahora se están sometiendo a modificaciones porque no se sabe donde fue a parar el dinero depositado en muchas de ellas.

Promuevo la presente petición por ser el momento ideal por encontrarnos a 2 años de las elecciones generales, y si se dan estos cambios, tengo la esperanza de que el Poder Legislativo sea un órgano que verdaderamente represente y defienda los intereses de los ciudadanos, con integrantes probos, con capacidad intelectual y patriotas que trabajen por el buen uso del dinero de los contribuyentes, y no como los actuales que se sirven del erario público en provecho particular e incluso familiar mediante el tráfico de votos o el uso indebido de influencias.