Cada día miles de personas en Tarragona pasean a su perro con responsabilidad y respeto. Sin embargo, el Ayuntamiento ha implantado la obligación de registrar el ADN de todos los perros del municipio, con sanciones para los propietarios que no lo hagan.

Esta medida afecta indiscriminadamente a todas las personas con perros, no solo a los comportamientos incívicos que se pretenden prevenir.

Antes de llegar a una medida tan intrusiva, el Ayuntamiento podría haber reforzado otras acciones preventivas y de convivencia, como la vigilancia en las calles con personal cualificado, campañas de educación cívica o un mayor control del cumplimiento de la normativa ya existente. Una medida sencilla y efectiva sería que la Guardia Urbana realizara controles para verificar que los perros que circulan por la vía pública están correctamente identificados con microchip, sancionando a quienes incumplen esta obligación ya establecida por la normativa. En cambio, se ha optado directamente por un sistema obligatorio con régimen sancionador que afecta a toda la ciudadanía con animales de compañía.

Además, Tarragona es una ciudad con una importante afluencia de visitantes y turistas durante todo el año, especialmente en determinadas temporadas. Muchos de estos visitantes pueden pasear animales de compañía de forma puntual en la ciudad, y este sistema de registro de ADN municipal difícilmente permitirá actuar sobre estos casos de incivismo, ya que los animales no estarán inscritos en el censo genético local. Esto convierte la medida en un sistema que recae principalmente sobre los residentes sin garantizar una solución efectiva al problema.

El registro de ADN canino implica la creación de una base de datos genética vinculada a los propietarios de los animales. Este sistema permite identificar indirectamente a personas a partir del material biológico de sus animales y plantea dudas importantes sobre privacidad, proporcionalidad y protección de datos.

Cualquier resto biológico de un perro en el espacio público podría permitir identificar a su propietario, ya sean excrementos o un simple pelo, y situarlo en un lugar concreto. Con el tiempo, esto podría permitir reconstruir patrones habituales de presencia en la ciudad.

También existen situaciones que pueden generar errores o sanciones injustas. Por ejemplo, una persona puede recoger correctamente los excrementos de su perro y depositarlos en una papelera, pero otra persona podría posteriormente manipular ese residuo y dejarlo en la vía pública. En un sistema basado en la identificación genética de los excrementos, el propietario responsable podría acabar siendo señalado o sancionado pese a haber cumplido la normativa. Esto plantea dudas sobre la fiabilidad del sistema y sobre las garantías necesarias para evitar sanciones indebidas.

Además, la gestión del registro implica la participación de empresas privadas en el tratamiento de datos genéticos, lo que genera preocupación sobre la custodia y el uso de esta información.

El RGPD establece que el tratamiento de datos debe ser necesario y proporcional. En este caso, ya existen mecanismos menos intrusivos como el microchip obligatorio y el censo municipal de animales.

La lucha contra el incivismo no puede justificar la creación de un registro genético obligatorio para toda la ciudadanía con animales de compañía.

Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento de Tarragona:

• que el registro de ADN canino deje de ser obligatorio,
• que se eliminen las sanciones asociadas a la no inscripción,
• que se abra un proceso de revisión pública de la medida.

El civismo y la protección de los animales son compatibles con el respeto a la privacidad y a los derechos de la ciudadanía.

Firma esta petición para pedir una regulación más equilibrada y proporcional.