Mientras miles de niños y niñas esperan una familia, cientos de familias esperan durante años poder acoger o adoptar. Con los recursos adecuados, esos encuentros podrían suceder mucho antes.

POR EL DERECHO DE CADA NIÑO Y NIÑA A CRECER EN UNA FAMILIA. GARANTIZAR RECURSOS PARA ACELERAR EL ACOGIMIENTO FAMILIAR Y LA ADOPCIÓN EN ESPAÑA. 

Hoy, en España, miles de niños y niñas están creciendo sin una familia.

Muchos viven en centros residenciales mientras esperan que alguien pueda ofrecerles lo que todo niño necesita: un hogar, estabilidad, afecto y pertenencia. Al mismo tiempo, cientos de familias están esperando durante años poder acoger o adoptar.

Según los últimos datos oficiales, 55.010 menores fueron atendidos por el sistema de protección en 2024, lo que supone un aumento del 5,85% respecto al año anterior. 

Aunque el acogimiento familiar es la medida prioritaria para garantizar el desarrollo emocional y social de estos menores, en España se estima que 20.165 menores viven en centros residenciales, a la espera de una familia que pueda ofrecerles estabilidad, afecto y pertenencia. 

En Andalucía, durante 2025 se notificaron 11.785 situaciones de maltrato infantil a través de SIMIA. De esos casos, 5.269 menores se encuentran bajo tutela, de los cuales 2.447 están en acogimiento familiar y 2.441 en centros residenciales. Cada año cientos de familias andaluzas se ofrecen para adoptar, pero muchas de ellas esperan años para recibir una asignación. El último año se formalizaron 157 adopciones, y 677 menores iniciaron guarda con fines de adopción en Andalucía.

En los últimos años se ha demostrado que cuando hay recursos, los procesos avanzan. Gracias a una inversión extraordinaria procedente de los Fondos Europeos Next Generation, se ha podido:

• reforzar equipos técnicos y profesionales
• agilizar evaluaciones y procesos administrativo
• reducir tiempos de espera en Andalucía
• mejorar los programas de captación y acompañamiento de familias

Esto ha tenido resultados concretos, reduciendo los tiempos de espera. Anterior al año 2023, las familias esperaban alrededor de 4 años para ser valoradas. En 2026 ese tiempo se ha reducido a unos 2 años, gracias al refuerzo de los equipos de formación y valoración.

Pero esta financiación finaliza en junio de 2026.

Si desaparece, el sistema podría sufrir un grave retroceso en los procesos de acogimiento familiar y adopción en España.

La reducción de recursos implicaría:

• menos personal técnico para evaluar a las familias
• procesos administrativos más lentos
• mayores tiempos de espera para los menores
• más niños creciendo en centros residenciales
• familias preparadas que seguirán esperando durante años

Los principales afectados serán los niños y niñas que esperan una familia, vulnerando su derecho fundamental a crecer en un entorno familiar.

La evidencia científica y la experiencia profesional coinciden: crecer en una familia estable es uno de los factores más importantes para el desarrollo saludable de un niño o niña.

Cuando los menores permanecen largos periodos en instituciones pueden aparecer:

• dificultades en el apego y las relaciones afectivas
• retrasos en el desarrollo emocional y cognitivo
• mayor riesgo de problemas de salud física y mental
• dificultades de integración social y educativa
• sensación de abandono o falta de pertenencia

Cada año que pasa en la vida de un niño sin tener una familia, marca profundamente su historia. 

España cuenta con profesionales comprometidos y miles de familias dispuestas a abrir su hogar, pero sin recursos suficientes el sistema no puede responder con la rapidez que los niños necesitan.

Invertir en acogimiento familiar y adopción no es solo una política social:
es invertir en el bienestar, la estabilidad emocional y el futuro de miles de niños.

PEDIMOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

• La continuidad de la inversión económica destinada al sistema de protección de menores y a las entidades que apoyan su labor tras junio de 2026.
• El refuerzo estructural y permanente de los equipos profesionales encargados de los procesos de acogimiento familiar y adopción.
• La agilización real de los procedimientos administrativos, garantizando evaluaciones y asignaciones en plazos razonables.
• El impulso de políticas activas de acogimiento familiar, priorizando el crecimiento de los menores en entornos familiares frente a la institucionalización.
• Un compromiso político estable con la infancia en situación de desamparo, para que ningún niño tenga que esperar años para crecer en una familia.
• El desarrollo de campañas de sensibilización que visibilicen la realidad de los menores que esperan acogida o adopción y que ayuden a romper prejuicios sociales, promoviendo la captación de nuevas familias acogedoras y adoptivas.