España es el único país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Esto implica que el gobierno y las instituciones públicas no están obligadas a facilitarnos información necesaria para tomar decisiones importantes en el ámbito personal, profesional y político. La ausencia de este tipo de legislación favorece absolutamente la corrupción, dificulta enormemente la labor de denuncia de la misma, tanto a los ciudadanos como a los medios de comunicación, y fomenta el alejamiento entre la ciudadanía y las instituciones. Para más información, visita www.leydetransparenciaya.info. Actúa para que se regule y se respete nuestro derecho fundamental a saber qué hacen con nuestro dinero.