NO a la discriminación laboral de personas con diabetes en el acceso al empleo público

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Se solicita la ayuda de los poderes públicos y de las instituciones del Estado para acabar con la discriminación laboral que sufre el colectivo de personas con diabetes en España (más de 5 millones de ciudadanos) en el acceso al empleo público. Los avances científicos, sanitarios, técnicos y formativos que actualmente permiten el autocontrol de la diabetes no se corresponden con una realidad legislativa que es obsoleta y anacrónica. En 30 años de vigencia, a la Orden de 11 de enero de 1988, por la que se establece el cuadro de exclusiones médicas definitivas para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, no se le ha modificado ni una sola coma ante el asombro de los profesionales en la materia, entre los que existe un amplio consenso en el sentido de que la diabetes no tiene por qué ser causa de exclusión genérica para acceder a un puesto de trabajo. Deberían valorarse las condiciones físicas de cada aspirante en relación con las aptitudes requeridas para cada puesto sin entrar en generalidades y estudiando cada caso individualmente. De lo contrario, se estarían vulnerando los derechos de estos ciudadanos, a la no discriminación y al trabajo amparados por los artículos 14 y 35 de la Constitución.

Existen muchos ciudadanos que sufren esta injusticia, por no hablar de la frustración personal y laboral que genera esta situación de desamparo, al no poder materializarse los proyectos de vida de este colectivo. Porque detrás de todo esto, hay nombres y apellidos, personas que sienten y que padecen y familiares que sufren junto a ellas. A continuación, paso a exponer el caso de José Pablo Núñez Erramusbea, la persona que origina esta petición:

Después de 5 años preparándose las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía, y durante el proceso selectivo, habiendo superado las pruebas físicas, de conocimientos, ortografía y habiendo realizado el biodata y el test de personalidad, José Pablo debuta en diabetes tipo 1 a la edad de 32 años y a tan sólo dos meses de terminar las oposiciones, por lo que no supera el reconocimiento médico en base a la mencionada Orden de 1988 y, según esta norma, no puede volver a presentarse y, por consiguiente, cumplir su sueño de ser Policía Nacional. Si José Pablo hubiese debutado unos meses más tarde y dentro del CNP, hubieran existido unos derechos que le amparasen, pero cuando se debuta en diabetes durante el proceso, y aunque tengas superadas la mayor parte de las pruebas, nada ni nadie te ampara. Qué discriminación, ¿verdad? Por no hablar de que José Pablo cuenta con un informe médico por parte del personal sanitario del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla en el que se explicita que en la actualidad tiene una diabetes bien controlada y que está capacitado para realizar cualquier actividad o profesión. 

A José Pablo y a millones de ciudadanos afectados no se les permite acceder a ciertos puestos del empleo público, por lo que resulta desconcertante que en base al Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusválida, atribuye a la diabetes tipo 1 un porcentaje de minusválida del 0%. Qué incoherencia, ¿verdad?

Por último, aclarar que todo lo que se solicita en este escrito es originario de una Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 1 de marzo de 2017 a la Mesa del Congreso, cuando el PSOE aún estaba en la oposición, en la que "el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el menor plazo de tiempo posible adopte las medidas legales y reglamentarias necesarias para imposibilitar que el diagnóstico de la diabetes, sea causa de exclusión genérica para el acceso al empleo público y evitar que pueda constituir ninguna discriminación en los derechos laborales de los empleados y empleadas públicos". Además se trata de una Orden Ministerial, por lo que con concienciación y voluntad política no existe ningún tipo de complejidad para actualizar este anacronismo legislativo por parte de la Administración. 



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