Durante los últimos años muchos aspirantes llevamos preparándonos con esfuerzo, dedicación y sacrificio para acceder a la Policía del País Vasco. Dedicamos miles de horas de estudio, dinero en academias y materiales, y organizamos nuestra vida en torno a una meta legítima: acceder a un empleo público mediante un proceso justo, transparente y objetivo. 

Sin embargo, cada vez más opositores compartimos una sensación de indefensión e incertidumbre respecto a cómo se desarrolla el proceso selectivo. 

A diferencia de lo que ocurre en muchas otras oposiciones públicas (Correos, AGE o diversas policías: PN, Foral, GC o Locales de otras CC.AA), en esta prueba no existe la posibilidad de conservar el examen ni consultarlo posteriormente, lo que dificulta enormemente revisar las respuestas, detectar posibles errores o presentar reclamaciones con garantías. Además, las bases de la convocatoria incluyen cláusulas que permiten modificaciones en función de las necesidades del proceso, lo que en la práctica puede suponer cambios en el orden o en la modalidad de algunas pruebas sin que los aspirantes tengan conocimiento previo hasta el propio día del examen. 

En varias convocatorias recientes también se han producido situaciones que generan dudas sobre la calidad, transparencia y la planificación del proceso: 

• Anulación de preguntas durante el transcurso de la prueba, tanto en la parte psicotécnica como en la de conocimientos.
• Errores en los cuestionarios que obligan a modificar las pruebas una vez comenzadas, sin interrupción del tiempo.  
• Problemas organizativos, como falta de asientos o exámenes suficientes para todos los inscritos. 
• Posibles problemas en la custodia de los exámenes.

Por otro lado, existen partes del temario que no están claramente delimitadas ni proporcionadas por la propia Administración; como primeros auxilios, historia, demografía o medio natural del País Vasco. Esto deja a los aspirantes en una situación de incertidumbre sobre qué contenidos pueden ser objeto de examen. 

A todo ello se suma la falta de acceso público a modelos de psicotécnicos o bancos de ejercicios oficiales, lo que obliga a los opositores a depender de academias privadas sin garantía de que los ejercicios se correspondan con los que realmente se plantearán el día del examen. 

También preocupa la introducción de un límite de edad máxima de 38 años, en un contexto en el que muchas oposiciones públicas están eliminando este tipo de restricciones. Además, este límite no se aplica por año natural ni por la fecha de publicación de las bases, sino por la edad que tenga el aspirante en el momento de la inscripción, lo que genera una oportunidad menos para quienes llevan años preparándose. 

Creemos que preparar una oposición exige esfuerzo por parte del aspirante, pero también garantías por parte de la Administración. Por ello, hemos pensado impulsar la creación de una Plataforma de Opositores con el objetivo de: 

• Defender los derechos de los aspirantes. 
• Solicitar mayor transparencia en los procesos selectivos. 
• Reivindicar acceso a los exámenes y plantillas de corrección. 
• Promover temarios claros y delimitados. 
• Exigir pruebas bien diseñadas, revisadas y con garantías. 
• Abrir un debate sobre criterios como los límites de edad y otras condiciones de acceso. 

No se trata de ir contra nadie, sino de mejorar el proceso para todos los opositores presentes y futuros, garantizando que el acceso al empleo público se realice con los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, tal y como dicta la Ley. 

Si eres opositor/a y compartes estas inquietudes, te invitamos a sumarte para organizarnos, compartir información y trabajar juntos en la defensa de nuestros derechos. Pues una oposición debe ser, ante todo, justa, clara y transparente.