MÚSICOS, ARTISTAS, ACTIVISTAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL CONTRA LA DICTADURA Y POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

¡NO AL INDULTO!

Ahora, más que nunca: ¡Que se vayan todos! ¡Nuevas elecciones generales en 2024!

En un contexto de empobrecimiento, estancamiento económico y múltiples crisis nacionales y globales, el gobierno de Dina Boluarte sigue comportándose de manera autoritaria y represiva frente a los legítimos reclamos de la sociedad.

Entre los principales reclamos está la justicia por los 50 peruanos y peruanas asesinados por las fuerzas de seguridad desde que Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022, así como cientos de heridos en distintas regiones del país. A la fecha solo hemos visto impunidad y falta de voluntad para avanzar con los procesos de investigación y procesamiento de los responsables.

A las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las manifestaciones pacíficas entre diciembre y marzo de este año, hoy se suma la orden de liberación del dictador Alberto Fujimori, producida por un Tribunal Constitucional capturado por las mafias que también controlan hoy el Congreso y gran parte del Estado.

La liberación de Fujimori es ilegal y, tal como lo han determinado instancias nacionales e internacionales, él debe cumplir el resto de su condena por delitos de lesa humanidad. 

Recordamos, además, que Fujimori nunca ha pedido disculpas ni mostrado arrepentimiento por sus crímenes, ni tampoco ha pagado las millonarias reparaciones correspondientes.

Consideramos que el país vive hoy una escalada de desprecio a los derechos humanos, desde asesinatos de defensores ambientales hasta negociados turbios en el Congreso para facilitar la libertad de violadores de derechos humanos.

Esta escalada de desprecio y violencia sólo es posible gracias a la corrupción generalizada y de alto nivel que ha sido nuevamente evidenciada, involucrando al Ejecutivo, al Sistema de Justicia, fuerzas militares y policiales, a congresistas de diversos partidos políticos e incluso al gran empresariado. Esta corrupción infecta nuestras instituciones y afecta nuestras vidas cotidianas, donde la impunidad reina frente al crimen organizado y la delincuencia.

Ante este panorama desolador, consideramos que la única salida son elecciones generales y la defensa de la independencia de poderes desde la ciudadanía consciente,  para construir un país libre de corrupción y de mafias, donde el estado de derecho proteja a todos y donde protestar nunca más le cueste a nadie la vida ni la integridad física.