NO al acuerdo con los bonistas de AEE

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*ENGLISH TRANSLATION BELOW*

NO al acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica propuesto por la Junta de Control Fiscal y los bonistas

¿Qué? Rechazamos el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) alcanzado entre los bonistas y la Junta de Control Fiscal. Es un acuerdo negociado en cuartos oscuros y que, según expertos en el tema, podría representar un aumento de casi  50% en la factura de luz, condenándonos a más miseria. 

Este acuerdo nos obligaría, a través de un cargo adicional en el servicio, a que en los próximos 47 años paguemos a los bonistas sobre 23 mil millones de dólares, una cantidad casi tres veces mayor que la de la deuda original de bonos de la AEE. 

¿Por qué? La energía eléctrica es un derecho humano y un servicio esencial. Sin embargo, el acuerdo propone aumentos al costo de la electricidad que pondrán en riesgo nuestra capacidad para pagar por ese servicio, sobre todo para nuestras poblaciones con menos recursos económicos. 

El acuerdo nos condena a más pobreza. Si se aprueba el acuerdo, estarían imponiendo un primer aumento de un 6% a nuestras facturas de luz. Este es uno de varios aumentos consecutivos que propone la Junta en el Plan Fiscal de la AEE y que podrían representar un aumento de hasta de un 50% en nuestras facturas a lo largo del período de 47 años en que se pagaría el acuerdo. De hecho, un estudio del sociólogo Héctor R. Cordero Guzmán estima que, de aprobarse el acuerdo, la población más pobre de Puerto Rico estaría utilizando cerca del 42% de sus ingresos para el pago de electricidad.

Un aumento en el costo de la luz de 50% significa que tendremos menos dinero para pagar otras necesidades básicas. Y eso es sin contar que este nuevo cargo también provocaría aumentos indirectos en el costo de servicios comerciales, de alimentos, entre otros, por el aumento en costos operacionales. 

El acuerdo desincentiva la transición a generar electricidad mediante fuentes de energía renovable. Los consumidores que generan su propia electricidad, como los que tienen sistemas de energía solar, también estarían sujetos a un cargo de transición, a menos que ya estén completamente desconectados del sistema eléctrico estatal.

El acuerdo es un regalo a los bonistas pagado por los consumidores. Antes de este acuerdo, los bonos de la AEE se pagaban con las ganancias de dicha entidad, y por tanto, con lo que sobrara luego que se pagarán todos los gastos operacionales de la corporación. Sin embargo, con el nuevo acuerdo de restructuración, se crea un cargo por servicio especial en nuestra factura para que seamos ahora los consumidores quienes directamente paguemos esta deuda.

La deuda de la AEE no ha sido auditada. El acuerdo, además, propone seguir pagando por deuda que nunca ha sido auditada. Un Informe pre-auditoría publicado por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público indica que muchas de las emisiones de bonos de la AEE fueron hechas en violación a una cláusula que limitaba cuánto dinero dicha entidad podía tomar prestado, por lo que podrían ser nulas. Por muchos años, la AEE infló sus cifras de recaudos, incluyendo las deudas de electricidad de entes gubernamentales y municipios, pese a que estas no se pagaban. Esto lo hacían con el fin de poder seguir emitiendo bonos. Los bonistas que compraban esta deuda lo hacían con conocimiento de que la AEE estaba inflando sus recaudos de esa manera. Sin embargo, ahora pretenden que sea el Pueblo quien le pague la deuda. Esto es una estafa y no puede permitirse.

El acuerdo promueve la privatización de la AEE y sin que la compradora pague un centavo de la deuda. Por último, la Junta y el Gobierno ahora promueven la privatización de la AEE. Peor aún, la compañía que ‘adquirirá’ la entidad no asumirá ni un centavo del pago de la deuda. Además, la privatización no impedirá aumentos futuros en la factura, ni la eliminación de protecciones para evitar los cortes de electricidad a las personas que tengan atrasos.

Según Sergio Marxuach, del Centro para la Nueva Economía, “[e]l [acuerdo] propuesto no es una buena transacción para Puerto Rico. Sus términos y condiciones son demasiado generosas con los acreedores; desalienta la transición a la generación distribuida con fuentes renovables; es incierto que provea el alivio a la deuda necesario para mantener la AEE funcionando sin tener que entrar en otro proceso de reestructuración a corto o mediano plazo; y resultará en un aumento significativo en la tarifa para los consumidores puertorriqueños durante décadas. Por todas estas razones el RSA propuesto se debe rechazar y recomendamos que las partes regresen a la mesa de negociación”.

¿Qué podemos hacer? Debemos mostrar como pueblo nuestro rechazo a este acuerdo, no se puede permitir este robo descarado. Es deber de la Jueza Laura Taylor Swain, la Junta de Control Fiscal, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y la Gobernadora Wanda Vázquez Garced rechazar este acuerdo y exigir condiciones justas para el país en cualquier acuerdo con los bonistas, unas que permitan nuestra recuperación y no requieran más austeridad. 

We REJECT the PREPA agreement proposed by the Fiscal Control Board and the bondholders

What? We reject the Puerto Rico Energy Power Authority (PREPA) restructuring support agreement (RSA) between its bondholders and the Fiscal Control Board. Not only was it negotiated behind closed doors, but it would also lead close to a 50% increase in our energy bill, condemning us to more misery.

Through a special charge in our bills, this agreement could force us to pay more than 23 billion dollars over the next 47 years, a sum almost three times greater than PREPA’s original bond debt. 

Why? Energy is a human right and an essential service. However, the agreement proposes energy bill increases that will risk our ability to pay for the service, especially for our poorest populations. 

The agreement condemns us to more poverty. If the proposed agreement is approved, an initial 6% electric bill rate hike would be imposed in our energy bills. This is one of several increases that could raise energy bills by up to 50% through the agreement’s 47 year period. According to sociologist Héctor R. Cordero-Guzmán, those rate hikes would force our poorest populations to spend close to 42% of their income on energy costs.


A 50% rate hike means that we will have less money to cover basic needs. And that is without taking into account that the agreement would cause indirect hikes in the costs of commercial services, food, among others, due to an increase in operational costs.

The agreement discourages the transition to renewable energy. Consumers who generate their own energy, such as solar energy, are also subject to a transition charge unless they are totally disconnected from the public electric system.

The agreement is a gift to bondholders that will be paid by consumers. PREPA bonds were paid with the public corporation’s surpluses, that is, with what was left after paying off all of PREPA’s operational costs. However, under the terms of the restructuring agreement, consumers will directly pay the PREPA debt through various special charges in our bills. 

PREPA’s debt has never been comprehensively audited. The restructuring agreement also proposes to continue paying for debt that has never been fully audited. A pre-audit report published by the Commission for a Comprehensive Audit of the Public Credit showed that many of PREPA’s bonds were issued in violation of a clause that limited how much money the entity could take out in debt, and thus could all be null and void. For years, PREPA inflated its revenue reports by including uncollected debts of government entities and municipalities, even though these were hardly ever paid. PREPA did this in order to keep issuing bonds, and bondholders who purchased this debt did so with the knowledge that PREPA was inflating its revenue reports. Nevertheless, now they pretend that people should pay back this debt. This is a rip-off and should not be permitted.

The agreement promotes PREPA’s privatization and relieves its buyer from assuming a single cent of its debt. Finally, the Board and the government are now promoting PREPA’s privatization. Even worse, the company that will ‘acquire’ the entity will not have to pay even one cent of its debt. Additionally, privatization will not stop future rate hikes in our energy bills or even guarantee that existing protections against electricity cut-offs for people behind in payments will not be eliminated. 

According to Sergio Marxuach, from the Center for a New Economy: “The proposed RSA is not a good transaction for Puerto Rico. Its terms and conditions are too generous for the creditors; it discourages the transition to renewable energy; it is uncertain that it will provide the necessary debt relief to maintain PREPA functioning without having to enter into another debt restructuring process in the short or medium run; and it will result in a significant increase in Puerto Rican consumers’ energy bills for decades. For all these reasons, the proposed RSA should be rejected, and the parties should return to the negotiating table.”

What can we do? We must show our people’s rejection of this agreement; we cannot allow this blatant theft. Judge Laura Taylor Swain, the Fiscal Control Board, the Puerto Rican Legislature and Governor Wanda Vázquez-Garced have a duty to reject this agreement and demand just conditions for Puerto Rico in any debt restructuring agreement, ones that allow our recovery without the need for more austerity measures.

Referencias/References:  

1. Puerto Rico Commission for the Comprehensive Audit of the Public Credit. PREPA Pre-audit Survey Report.  (Agosto, 2016)

2. https://www.noticel.com/opiniones/blogs/cne/reestructuracion-de-la-deuda-de-la-aee-30/1080487696