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La última ejecución en Puerto Rico fue en el 1927 cuando Pascual Ramos fue ahorcado por asesinato. En 1929, dos años después, Puerto Rico abolió la Pena de Muerte en todos casos. La decisión fue reafirmada en 1952, cuando se ratificó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, prohibiendo la pena capital explícitamente (“Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho de la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte” - Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Art. II, Sec. 7).

 

La Pena de Muerte Federal puede ser promulgada en cualquier estado o territorio de los Estados Unidos, incluyendo aquellos estados sin la pena de muerte. Por el momento hay más de 50 personas en el corredor de la muerte federal. El estatus de Puerto Rico como Estado Libre Asociado hace que esté sometido a varias leyes federales, aún cuando Puerto Rico no tiene representación en la legislatura federal.

 

En 1994, la ley: “Federal Death Penalty Act” expandió la existente legislación federal de la pena de muerte para que incluyera sesenta ofensas, hasta algunas no-violentas como las de empresas de drogas de gran escala. En el 2001, una corte federal de apelaciones en la ciudad de Boston dictaminó que la pena de muerte federal aplica a Puerto Rico aunque el Estado Libre Asociado no tiene representación en el congreso federal. A pesar de que la pena de muerte federal se aplica en aquellos estados que no practican la pena de muerte, pero estos estados tienen representación en las ramas Legislativas Federales. En varias ocasiones los Estados Unidos buscó la pena de muerte en Puerto Rico, pero hasta ahora un jurado puertorriqueño se ha negado a imponer la pena de muerte.

 

La pena de muerte es la violación más extrema de los derechos humanos y no se puede permitir en Puerto Rico ni en ninguna parte del mundo. Firme la petición al Secretario de Justicia de Estado Unidos, Eric Holder, instandole una moratoria en el uso y aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico.

La carta está hecha en ingles pero abajo se puede leer en español – ¡No olvide compartirla acción!

LA CARTA:

Estimado Secretario de Justicia:

\Le escribimos para hacer constar nuestra preocupación por los esfuerzos consistentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos buscando aplicar la pena de muerte federal en Puerto Rico. Entendemos que la pena de muerte es el castigo cruel, inhumano y degradante más severo y que viola el derecho a la vida reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. El derecho a la vida también está reconocido en el Artículo II, sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del 1952 y aprobada por el Congreso de Estados Unidos, en la cual también se establece que “no existirá la pena de muerte”. Este castigo cruel e inhumano ha sido impuesto en Puerto Rico a través de las leyes 
federales de los Estados Unidos. 

Aunque reconocemos la importancia de atender los altos niveles de crimen violento y homicidios en Puerto Rico, no existe evidencia estadística confiable que indique que la pena de muerte tenga algún efecto disuasivo en la criminalidad. Apoyamos el reclamo de las familias de las victimas y su derecho a encontrar el cierre, la verdad y la paz mental, y creemos que los ofensores deben responder por sus acciones a través de un procedimiento judicial. Sin embargo, cualquier castigo debe cumplir con los Estándares Internacionales de Derechos Humanos y respetar la dignidad humana.

Existe una tendencia global hacia la abolición, recientemente expresada por el llamado a una moratoria regional en el uso y aplicación de la pena de muerte, hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2011. 

En vista de lo anterior, le solicitamos que establezca inmediatamente una moratoria administrativa en el uso y aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico y en cualquier otra jurisdicción y enmiende las directrices para que no se certifiquen casos bajo el Federal Death Penalty Act provenientes de Puerto Rico u otras jurisdicciones abolicionistas.

Letter to
Attorney General of the United States Eric H. Holder, Jr.
We are writing to you to express our concern regarding the repeated efforts by the US Department of Justice to seek the federal death penalty in Puerto Rico.

We consider the death penalty to be the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment and a violation of the right to life as recognized by the United Nation’s Universal Declaration of Human Rights of 1948. The right to life is also enshrined in Article II, Section 7 of the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico enacted in 1952 and approved by the US Congress, which also states: ‘death penalty shall not exist.’

This cruel and inhuman punishment has been imposed in Puerto Rico through US federal law.

Although we recognize the importance of addressing the high levels of violent crime and homicides in Puerto Rico, no convincing evidence exists to support the claim that the death penalty has any deterrent effect on such crimes.

We support the victims’ families and their right to find closure through truth and peace of mind. We fully believe that offenders must be held accountable for their actions through a judicial process. However, any punishment must abide by international human rights standards and respect human dignity.

There is a global trend towards abolition, most recently expressed by the Inter-American Commission on Human Rights call for a regional moratorium for the use and application of the death penalty on December 31, 2011.

In light of the above we call on you to you immediately establish an administrative moratorium in the use and application of the federal death penalty in Puerto Rico and in any other jurisdiction and for you to amend the guidelines for the certification of death penalty cases under the Federal Death Penalty Act so that no case is certified in Puerto Rico and other abolitionist jurisdictions.