No a la modificación regresiva de la Ley de Glaciares: defender el agua hoy es defender el futuro

Hay una decisión que hoy se discute en el Congreso y que puede tener consecuencias graves y permanentes para el país: la modificación de la Ley de Glaciares.

La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 para proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. Esa protección no es abstracta: garantiza el acceso al agua de millones de personas, sostiene economías regionales, preserva biodiversidad y cumple un rol clave frente al cambio climático. Por eso fue defendida durante años por la comunidad científica y organizaciones sociales y ambientales. Por eso fue resistida por sectores económicos poderosos. Y por eso la Corte Suprema de Justicia ratificó su plena constitucionalidad en fallos claros.

Hoy, ese marco está siendo puesto en riesgo por una iniciativa del Poder Ejecutivo.

La reforma propuesta (y que ya tiene dictamen en el Senado) cambia el núcleo de la ley. En lugar de proteger glaciares y ambiente periglacial de manera directa, establece que solo estarán protegidos si pueden “demostrar” una función hídrica relevante. En otras palabras: lo que hoy está protegido de forma automática y permanente pasaría a ser condicional, revisable y potencialmente excluido.

Este cambio no es neutral. Reduce las áreas protegidas, debilita el Inventario Nacional de Glaciares como herramienta científica y traslada a las provincias la decisión sobre qué glaciares o geoformas continúan protegidos y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas. Así se abre la puerta a desproteger ambientes frágiles sin debate público, sin criterios claros y bajo presiones económicas de corto plazo.

No se trata de un ajuste técnico ni de una corrección menor. Lo que está en juego es la protección del agua, de ecosistemas extremadamente frágiles y de una ley que la Argentina construyó con esfuerzo, consenso social y respaldo judicial.

La Ley de Glaciares no es una ley “proteccionista” en el sentido caricaturesco que se intenta instalar. No busca congelar la actividad productiva ni oponerse al desarrollo, sino asegurar las condiciones básicas para que todas las actividades (productivas, económicas y sociales) puedan sostenerse en el tiempo. Sin agua no hay minería, no hay agricultura, no hay industria, no hay economías regionales posibles.

En ese marco, el ambiente periglacial (áreas que rodean los glaciares) no es un tecnicismo ni una exageración ambientalista. Es el sistema natural que regula los ciclos de congelamiento y deshielo, recarga los ríos de montaña y garantiza el suministro de agua en regiones áridas y semiáridas. Es lo que permite la vida, la producción y el arraigo en vastas zonas del país. Desprotegerlo no favorece el desarrollo: compromete la seguridad hídrica de la Argentina en un contexto de crisis climática cada vez más evidente.

Esta reforma, además, contradice principios básicos del derecho ambiental. Implica un retroceso en los niveles de protección alcanzados, debilita el enfoque preventivo y reduce el rol del Estado nacional en la fijación de estándares mínimos ambientales, tal como lo establece la Constitución. También desconoce lo que ya señaló la Corte Suprema: ninguna interpretación es válida si vacía de contenido la protección de los glaciares y del agua como bienes de interés colectivo.

Dicen que esta modificación traería “seguridad jurídica”. La experiencia muestra lo contrario. La ambigüedad, la discrecionalidad y la baja de estándares no generan previsibilidad, sino conflictos, judicialización e impactos irreversibles. Cuando el daño ocurre sobre glaciares y sistemas hídricos de montaña, no existe reparación posible.

Decir no a esta reforma no es oponerse al desarrollo ni clausurar el debate. Si hay problemas en la aplicación de la ley vigente, el camino es mejorar su implementación y fortalecerla, no vaciarla de contenido ni convertirla en una norma simbólica sin efecto real.

Por todo esto, pedimos a las senadoras y senadores, diputadas y diputados de la Nación que no aprueben ninguna modificación regresiva de la Ley de Glaciares. Que respeten los fallos de la Corte Suprema. Que defiendan el agua como bien común y no como moneda de cambio.

Firmar esta petición es defender el acceso al agua, las economías regionales, el ambiente y el futuro.
Los glaciares no se tocan.
El agua no se negocia.
El futuro se defiende hoy.