SOLICITAMOS a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, como órgano competente en materia de Emergencias y Protección Civil: 

Las personas abajo firmantes solicitamos la adopción de las medidas necesarias para garantizar una gestión eficaz, equitativa y coordinada de los recursos caninos de búsqueda y rescate en Cantabria.

En la actualidad, existe la Unidad Canina de Rescate y Salvamento Cantabria, con formación, operatividad y disponibilidad acreditadas, registrada oficialmente como recurso movilizable con 8 perros operativos, 4 perros en formación y 1 perro homologado recientemente en Ferrol para intervenir en Estructuras Colapsadas (derrumbes,), que, a pesar de cumplir con criterios técnicos equivalentes a la otra unidad que sí es activada, no está siendo activada en operativos reales.

Esta situación, provocada por motivos internos y personales, supone una infrautilización de recursos operativos en Emergencias, donde cada minuto cuenta.

Asimismo, se ha solicitado mediante registro oficial la firma de un convenio de colaboración, en condiciones equivalentes al acuerdo ya existente con el Grupo de Perros de Salvamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Santander, dotado con una financiación pública anual de 12.000 euros.

Transcurrido el plazo legal de tres meses sin respuesta, se ha producido desestimación por silencio administrativo, habiéndose interpuesto el correspondiente recurso de alzada.

Por todo ello, se considera necesario aplicar criterios de igualdad, coordinación y eficacia, optimizando todos los recursos disponibles en beneficio de la seguridad de la ciudadanía.

SOLICITAMOS:

1. La revisión y adecuación de los protocolos de activación, garantizando la inclusión efectiva de la Unidad Canina de Rescate y Salvamento Cantabria como recurso movilizable en igualdad de condiciones.
2. La formalización de un convenio de colaboración, en condiciones equivalentes a las existentes con otros recursos similares, asegurando cooperación, financiación y reconocimiento institucional.
3. La aplicación de criterios de igualdad y no discriminación, garantizando un trato equitativo entre recursos con capacidades técnicas equivalentes.
4. La mejora de la coordinación operativa en emergencias, integrando todos los recursos disponibles para una respuesta más eficaz.
5. La resolución expresa del recurso de alzada interpuesto, dentro de los plazos legalmente establecidos.

Nuestros compañeros: