Para una vuelta al cole segura, disminución de la ratio ¡Ya!

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En breve los estudiantes de infantil, primaria y secundaria volverán al cole, y la tasa de COVID-19 no para de aumentar en España. Los Gobiernos (tanto el nacional como los autonómicos) tienen la responsabilidad de asegurar una vuelta al cole segura, salvaguardando la conciliación entre el derecho a la educación y el derecho a la salud, a la protección y a la vida de nuestros menores. Sin embargo, las medidas hasta ahora anunciadas no son suficientes, y las aulas pueden transformarse en un foco de infección, dejando desprotegidos a los alumnos y alumnas, al profesorado, a las familias que están en contacto con ellos, y en definitiva a la sociedad en general.

Por ello, inicio esta petición, con la intención de recabar firmas para elevar el escrito que aparece a continuación, basado en documentos legales y documentos científicos, a las Consejerías de Educación. Básicamente, en el escrito que encontraréis a continuación, se expone la situación española, se argumenta la responsabilidad del Gobierno y de las Comunidades Autónomas en la prevención de la pandemia y de la protección de los menores, y en consecuencia en la toma de medidas eficaces relativas a la vuelta al cole, todo ello basándome en documentos legales. Además, principalmente, se expone la petición de la disminución de la ratio en las aulas, lo cual supone la búsqueda de espacios y la contratación de más personal docente. Además, se insta a la facilitación de sistemas de filtrados HEPA, que han demostrado ser eficaces para la eliminación de patógenos y coronavirus en el aire. Todo lo que se plantea está basado en el conocimiento actual científico, haciéndose referencia a estudios científicos e informes de expertos en materia de salud pública internacionales, sobre los que se basan las peticiones.

Os dejo a continuación el escrito que se dirigiré al Ministerio de Educación del Gobierno de España, y a la Consejería de Educación de Andalucía y a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba (donde resido), y a las diferentes Consejerías de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas (pues entiendo que es un tema que es de vital relevancia para toda España, y no solamente para la Comunidad en la que resido):

 

Estimada Ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá Diéguez, estimado Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Imbroda Ortiz, estimada Delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, Inmaculada Troncoso García, y estimados Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas en España,

La pandemia del COVID-19 está azotando fuertemente España, el país europeo con más casos por población, con una tasa en los últimos 15 días de 132,2 casos por 100.000 habitantes (8.8 casos por 100.000 habitantes en un día) ayer, 18 de agosto de 2020 (Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, 2020), y una tasa de 10.9 casos por 100.000 habitantes en el día de hoy, 19 de agisto de 2020 (Coronavirus Resource Center de la Universidad de Johns Hopkins, 2020). El Gobierno y las comunidades Autónomas han decretado ya diferentes Leyes que suponen, entre otras, el cumplimiento de algunas normas de seguridad para evitar la transmisión, como puede ser el uso obligatorio de las mascarillas tanto en espacios interiores como exteriores en mayores de 6 años y el aforo limitado en espacios públicos, que son de obligatorio cumplimiento, además de diferentes recomendaciones, como el distanciamiento social de 1,5-2 metros y el no agrupamiento de más de 10 personas en espacio públicos. Estas normas y recomendaciones se basan en el conocimiento científico, pues se ha demostrado ya que el COVID-19, al igual que otros coronavirus, se transmite no solamente vía góticulas, sino también vía aerosoles (Hamner, 2020; Liu, Ning, Chen, Guo, Liu, Gali, Sun et al., 2020; Morawska y Milton, 2020; Stadnytskyi, Bax, Bax y Anfinrud, 2020). En este sentido, diferentes científicos destacan 6 principales factores o elementos que aumentan el riesgo de transmisión del virus, a saber: el estar en espacios cerrados, mala o inexistente ventilación para el recambio de aire, el no uso de la mascarilla, el alto número de personas en dicho espacio (imposibilitando guardar el distanciamiento social), el hecho de que se hable mucho y/o alto en dicho espacio (lo que supone mayor exhalación del virus), y el hecho de pasar mucho tiempo en dicho espacio. Por ello, una de las recomendaciones que hace la OMS es efectuar en espacios abiertos las máximas actividades que anteriormente se hacían en espacios cerrados. Sin embargo, cuando eso no es posible, se hace primordial que los espacios cerrados estén bien ventilados, el uso en dichos espacios de filtros HEPA en los que se quede atrapado el virus, el uso de las mascarillas, y el mantenimiento de la distancia de seguridad. Si repasamos los 6 factores de riesgo citados, que incrementan los niveles de virus en el aire, y hacen más fácil su transmisión, fácilmente se puede entender como un aula de infantil, primaria, o secundaria, en condiciones normales, se vuelve un lugar de alto riesgo de contagio. Probablemente en la mayoría de ellas se cumpla al menos 5 de estos 6 factores de riesgo, además de no poder cumplirse la norma de distanciamiento social o de limitación del aforo. Las aulas son espacios cerrados pequeños, generalmente mal ventilados, donde están unas 25-35 personas sin la posibilidad de mantener el distanciamiento social, en los que tanto el docente como el alumno hablan constantemente y a menudo con un tono de voz elevado, y en los que alumnado y profesorado van a pasar unas 5 ó 6 horas lectivas diarias, con un único recreo en dicho tiempo. Además, para los menores de 6 años, no se hará uso de la mascarilla. Tomando en cuenta que no se ha apoyado ninguna medida de reducción de la ratio o de desdoble de los grupos, ni de instalaciones de sistemas de ventilación con filtros HEPA, y que lo más probable es que las ventanas queden cerradas en la mayoría de las aulas durante gran parte del tiempo para combatir el calor en verano y el frío en invierno, ventilándose el aula solamente de cuando en cuando para recambiar el aire, las aulas se tornarán en más que probable foco de infección, quedándose desprotegidos los niños y niñas, el profesorado, los familiares de los niños y niñas y del profesorado, y en definitiva, la sociedad en general. De esta forma, las vueltas en las aulas sin la adopción de ciertas medidas de prevención suponen un riesgo para los menores, viéndose enfrentados el derecho a la educación con el derecho a la salud. Evidentemente, la vuelta al colegio es un bien de primera necesidad, pero ésta no se debe hacer a cualquier precio, y no puede enfrentarse el tan preciado derecho a la educación al tan preciado derecho a la protección y a la salud de nuestros menores.

Sin embargo, recordemos que las Leyes tanto nacionales como internacionales dejan claro que la protección de la salud e integridad física de los niños y niñas (y de la población en general) es una obligación principal de individuos y Gobiernos (lo cual se aprecia, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el artículo 39 de la Constitución Española, en el Capítulo VI de protección de la salud de la población del Título II de actuaciones de salud pública de la Ley española 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y en el artículo 10 de la Ley andaluza 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor). Además, la prevención de enfermedades también es una obligación del Gobierno y de las Instituciones gubernamentales (por ejemplo, el Capítulo III de Prevención de problemas de salud y sus determinantes del Título II de actuaciones de salud pública de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública). El Gobierno Español tiene la obligación de proteger a los niños y niñas, y más aún si se trata de su cuidado y educación en el seno de una Institución Pública como es la escuela. El derecho a la educación no puede interferir en el derecho a la salud, a la protección y a la vida. Sin embargo, en un estado de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo, si no se adoptan medidas especiales basadas en el conocimiento científico para favorecer una vuelta a las aulas segura, las instituciones estarán incumpliendo con el deber de protección de los niños y niñas y de prevención de la pandemia. Por todo ello, es de vital importancia y de imperativo legal y moral, por parte de las instituciones gubernamentales, la puesta en marcha de medidas contundentes y específicas que garanticen espacios seguros frente a la propagación del virus, permitiendo así que se vean respaldados tanto el derecho a la educación como el derecho a la salud y a la vida de los y las menores. Y si bien diferentes estudios parecen indicar que las manifestaciones clínicas del COVID-19 en niños son generalmente menos severas que las de los adultos, los niños jóvenes, y en particular los más pequeños, han demostrado ser vulnerables a la infección, y también consecuencias severas han sido reportadas en los niños, con admisiones en Unidades de Cuidado Intensivo, e incluso la muerte (Dong, Mo, Hu, Qi, Jiang, Jiang, y Tong, 2020; Pathak, Salemi, Sobers, Menard, y Hambleton, 2020; US Department of Health and Human Services, Centers for Diseases Control and Prevention, 2020). por otro lado, dado que un gran porcentaje podría ser asintomáticos, podrían tener un rol muy importante en la diseminación de la transmisión (US Department of Health and Human Services, Centers for Diseases Control and Prevention, 2020). En este sentido, cabe considerar otros estudios que indican que las cargas virales de los niños y niñas no difieren de las de los adultos, y que los niños y niñas podrían ser tan infecciosos como los adultos (Jones et al., 2020).

Una de las primeras premisas sobre las que se debería basar el Gobierno frente a la decisión de abrir las escuelas, se basa en la tasa de infección. Según los expertos del Instituto Global de Salud de Harvard (Harvard Global Health Institute, 2020), por encima de una tasa de 25 casos por 100.000 habitantes al día, se recomienda una estrategia de normativas de confinamiento y de enseñanza virtual para todos los aprendices. Otros expertos (Universidad de John Hopkins) en salud pública sugieren que la vuelta al colegio puede ser segura si una comunidad tiene menos de 75 casos de COVID-19 para 100.000 habitantes en la última semana y una tasa de tests positivos menor al 5%, siempre y cuando se establezcan las estrategias suficientes para asegurar espacios escolares seguros. Volviendo al estudio del Harvard Global Health Institute (2020), establecen que la apertura de los colegios debe hacerse en todos los niveles educativos cuando una tasa de infección sea de menos de 1 por 100.000 habitantes en un día, siempre y cuando los estados inviertan para asegurar los espacios de enseñanza seguros. Además, establecen que, una tasa de infección moderada, de 10 por 100.000 habitantes en un día , se traduce en una zona de riesgo que consideran “amarillo” frente a la reapertura de las escuelas, lo que supone que la apertura de los colegios debería ser de primera prioridad para las escuelas infantiles, de segunda prioridad para las escuelas primarias, y de tercera prioridad para las escuelas de secundaria (una tasa que cumplíamos hasta ayer en España, con una tasa de 8.8 por 100.00 habitantes en una base diaria, pero que hoy ya superamos, con una tasa de 10.9 que supone un riesgo medio-alto de zona "naranja", y que pronto podría pasar a ser superior a los 25 casos diarios por 100.000 habitantes, que supone un riesgo alto de zona "roja" si seguimos la tendencia a la alza de las infecciones que estamos vivenciando en la actualidad). Además, en el documento elaborado por los investigadores del Instituto Global de Salud de Harvard (Harvard Global Health Institute, 2020), se establece que, con esta tasa de infección moderada de 10 por 100.00 habitantes al día (y más aún con una tasa de infección medio-alta de zona naranja, en la que actualmente nos encontramos en España), para la apertura de los centros educativos, sería necesario invertir por parte de los Estados para asegurar espacios de enseñanza seguros y saludables, lo que implica según le propio documento tomar en cuenta la ratio por aula. Los investigadores destacan que “Para todos los estudiantes, es necesario un edificio saludable con una ventilación de aire exterior mejorada y filtración del aire, al igual que recursos de saneamiento, prácticas de higiene, baños resistentes a la pandemia, distanciamiento físico y grupal y legibilidad de los espacios (a través de la señalización y otros marcadores espaciales) para que los protocolos de comportamiento en espacios particulares se alineen con las acciones apropiadas de mitigación de los riesgos” (las negritas no son de los autores del texto científico, sino de los autores del presente escrito). De no ser así, los expertos establecen en este documento que la enseñanza debería ser remota. Por otro lado, si tomamos como referencia otros países que han reabierto las aulas de manera exitosa, se destaca que lo han hecho con tasas de incidencia bajas menores al1 por 100.000 habitantes al día—salvo Turquía—y que, además de incidir en la higiene, han asegurado la distancia de seguridad, con disminución de la ratio mediante desdobles de los grupos, los cuales pasan a ser estables, sin relacionarse con los demás (Melnick, Darling-Hammond, Leung, Yun, Schchnerr, Plasencia y Ondraseck, 2020). En este mismo sentido se ha pronunciado un Comité Nacional de Científicos y Educadores en el informe de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de EE.UU, que llamaba a medidas como el lavado de manos, el distanciamiento físico, y la minimización de actividades grupales como las comidas y los recreos, entre otros. Asimismo, los expertos del CDC y de la salud pública en general concuerdan en la necesidad de llevar las mascarillas, el distanciamiento social y la mejora de los sistemas de ventilación.

En este sentido, el distanciamiento social ya ha demostrado ser efectivo para reducir la infección y transmisión de la enfermedad, por lo que se hace necesario asegurarla en las aulas para prevenir la enfermedad y para una mejor protección de alumnado y docentes. En este sentido, incluso el propio Gobierno Estatal y Gobiernos Autonómicos han establecido como una norma de obligado cumplimiento dicho distanciamiento para la sociedad en general, y establecido en diferentes Comunidades Autónomas aforos reducidos en los lugares  públicos, o estableciéndose que la ocupación de los vehículos se reduzca a la mitad (3 personas en un coche de 5 plazas por ejemplo) cuando los ocupantes no sea convivientes de un mismo núcleo familiar, además de recomendaciones como por ejemplo que no se puedan reunir más de 10 personas, las cuales además deberán mantener las distancias de seguridad. Así, no tiene sentido instar a la población general que mantenga estas normas de distanciamiento pero que sin embargo se obligue a esta misma población a que lleve a sus niños y niñas en aulas en las que compartirán un mismo espacio reducido unos 25-35 alumnos y alumnas, más el docente. ¿O es que las instituciones gubernamentales están exentas de cumplir las normas gubernamentales? En las aulas, este distanciamiento social no puede lograrse si no se realizan turnos y grupos o se disminuye la ratio en las aulas. Es necesario, pues, invertir en educación, reduciendo la ratio, lo que implica buscar espacios y contratar el número suficiente de docentes para asegurar grupos pequeños de convivencia de aproximadamente 10 ó 12 alumnos por clase. Ésta es la única forma de prevenir y reducir el riesgo de contagio en las aulas. Por ello, requerimos que las Administraciones pongan en marcha las acciones necesarias con la mayor premura posible para reducir la ratio en las aulas a unos 12 alumnos y alumnas como máximo. Por otro lado, elevamos también este requerimiento al Gobierno central, pues si bien las competencias en educación están descentralizadas, el deber de proteger a la ciudadanía frente a una pandemia es del Estado, el cual debería instar a que todas las Comunidades Autónomas asumen unos determinados criterios comunes con unas directrices claras en materia educativa y con ciertas condiciones mínimas para la prevención de la enfermedad y la protección del menor, velando para su derecho a la vida, a la salud, y a la protección, una de las condiciones para ello siendo evidentemente la reducción de la ratio en materia de educación, lo cual supone la búsqueda de espacios y la contratación de profesorado. 

Por otro lado, la efectividad de los filtros HEPA también ha sido demostrada, siendo filtros que han demostrado lograr retener microorganismos, virus y diferentes Coronavirus (por ejemplo, Dee, Batista, Deen y Pijoan, 2005; Nazarenko, 2020), siendo el nivel de eficacia muy alto, significativamente mayor que cualquier otro tipo de filtro. Por ello, sería imprescindible que desde las administraciones educativas se facilite al máximo la disposición en las aulas de ventiladores portátiles con filtros HEPA que no produzcan ozono ni ionicen el aire, para lograr la descarga del virus potencialmente presente en el aire de las aulas, tanto si las ventanas están abiertas como si están cerradas. Diferentes expertos explican que el uso de este tipo ventilación mejorada por filtros se pueden implementar fácilmente y con costes poco elevados y que su uso en los edificios públicos, como las escuelas entre otros, es una medida adicional importante para reducir el impacto de la transmisión y asimismo proteger la salud de los niños y niñas y docentes en el caso de las aulas, y de la población en general en otro tipo de edificios (Morawska et al., 2020). Además, estos mismos autores aluden a la necesidad de limpiar y desinfectar el aire mediante sistemas ultravioletas germicidas (lámparas de UV), sobre todo si la ventilación y el filtrado no son suficientes. Y por supuesto, una vez más, explican la imperiosa necesidad de minimizar el número de personas en el mismo espacio interior, además de implementar las acciones citadas anteriormente en relación al filtrado y desinfección del aire. En relación con todo lo anterior, Joseph Allen, director del programa de Edificios Saludables de la Universidad de Harvard también aboga por la mejora de la aireación y por la implantación de sistemas de filtrado. Finalmente, es importante destacar que incluso la realización de ventiladores con filtros HEPA se podría materializar en la propia aula con los estudiantes como una actividad educativa y lúdica, pues no se trata de una labor de ingeniería. Con unos simples ventiladores a los que en la parte delantera se coloque unos filtros HEPA (que tienen un coste bajo) de manera que quede sellada toda la salida de aire para asegurarse que todo el aire expulsado pase por estos filtros, sería suficiente, como explica José Luis Jiménez, uno de los expertos más reconocidos en química-física de aerosoles atmosféricos e investigador de la Universidad de Colorado, en algunos programas de acceso abierto y en un reciente artículo publicado en El País en el apartado de Ciencia (https://elpais.com/ciencia/2020-08-18/la-covid-se-transmite-a-traves-de-areosoles-ya-es-el-momento-de-actuar-tenemos-duficientes-pruebas.html Así, a tenor de las pruebas contundentes sobre la transmisión del Covid-19 por aerosoles, y dado que, como afirma Margarita del Val (experta viróloga e inmunóloga en el Centro Molecular Severo-Ochoa del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid) en el curso denominado "La virología y el coronavirus en primer plano" "ahora sabemos que hay mucha más transmisión por el aire, mientras que en las superficies no hay tanto como se pensaba al principio" (https://www.diario.es/cantabria/margarita-val-virologa-prohibir-actividades-alto-riesgo-durante-anos-pandemia_1_6172042.html , el científico José Luis Jimenez concluye que las escuelas deberían invertir tanto o más en ventilar y filtrar el aire que en limpiar las superficies.

La falta de puesta en marcha de las necesarias medidas de prevención como la disminución de la ratio para asegurar el distanciamiento de seguridad y el no hacinamiento del alumnado en las aula supondrá una falta del deber de prevención de la enfermedad y de protección de la infancia y de la salud de niños y niña por parte de las Administraciones Públicas, lo que en última instancia les hará responsable en caso de contagio dentro de las aulas, y más tomando en cuenta que se está obligando a los tutores legales a llevar a los niños y niñas a la escuela, sin darles la posibilidad, como existe en otros países, de llevar la educación en casa o de organizarse entre tutores para asegurar la educación de sus hijos e hijas empleado a docentes titulados, ofreciendo desde las instituciones la puesta en marcha de medidas adecuadas para el control de la educación de estos niños y niñas en el seno familiar. Es urgente el establecimiento de un plan específico que se acompañe de las consecuentes inversiones y contrataciones para asegurar espacios seguros para la educación de los niños y niñas en España, tal y como establecen las recomendaciones de la OMS y de la Unión Europea, lo que supone un aumento en las plantillas de personal docente y una inversión para la adaptación o ampliación de los espacios para facilitar el desdoble de los grupos y/o la disminución de la ratio

Por otro lado, los diferentes servicios complementarios como el aula matinal, el comedor, las actividades extraescolares y el transporte requieren también unas modificaciones para asegurar que los diferentes grupos burbuja reducidos establecidos en el aula no compartan otros espacios durante dichos servicios complementarios.

 

Bibliografía:

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