

Legislación del precio de seguros de vehículos para jóvenes
El problema
La descripción está disponible en español y en catalán./La descripció està disponible en espanyol i en català.
Los sistemas jurídicos cuentan, según teóricos del derecho como Ronald Dworkin, con cierta integridad jurídica. Las leyes las desarrollan los legisladores con fines muy concretos, y estos deberían de ser respetados por aquellos que interpretan la ley, por los que la aplican y, por descontado, por los que tienen la obligación de cumplirla, ya que esta es la expresión que emana de los representantes electos del pueblo. Entendiendo esto, se puede llegar a la conclusión de que las leyes deben ser respetadas según la intención del legislador al aprobarlas, no malinterpretadas a voluntad y con mala fe.
Dicho esto, el legislador hace obligatorio el seguro para todo vehículo autorizado a conducir por la vía pública. Esto incluye, indudablemente, a los coches y motos de aquellos y aquellas jóvenes que, con anhelo de adquirir la capacidad de desplazarse libremente, se sacan los distintos permisos de conducción solo para verse abrumados por precios de seguros, incluidos dentro de las características de un seguro obligatorio. Estos precios de seguros son astronómicos y absolutamente inalcanzables por un joven promedio y por los de menos ingresos, y puedan llegan a desbordar también a sus padres, que se ven obligados a hacer un esfuerzo para poder pagarlos, si es que llegan a poder.
Dada esta situación, nosotros creemos que se está produciendo un abuso de la ley que determina la obligatoriedad de los seguros, cuyo propósito claro es aumentar la seguridad económica y personal de los conductores en las carreteras, para hacer un gran recaudo de grandes cantidades de dinero en seguros que terminan llevando a los afectados a contratar seguros con franquicias más altas, menos cobertura o circulando sin seguro, poniéndose en riesgo física, económica y legalmente y mermando, por consecuente, el propósito del legislador, la integridad del sistema jurídico y la ley.
Por lo expuesto, proponemos que el legislador obligue a las empresas de seguros a adaptar proporcionalmente sus precios a lo que es común en otros estratos de edad en lo que a jóvenes se refiere para que, de esta forma, se cumpla con la intención del legislador y de la ciudadanía, que es aumentar la seguridad de los todos los conductores, y también de los jovenes. También pedimos que se habiliten ayudas al pago del seguro obligatorio para vehículos y que se obligue a las empresas de seguros a ofrecer al menos una oferta a los jóvenes, y que no los excluyan directamente de sus catálogos.
Así mismo, entendemos el riesgo que corren las compañías de seguros, pero no se puede presuponer de un joven que será un conductor imprudente o negligente, sino que la negación o penalización al precio por la realización de este debe ser siempre fundado y basado en hechos individuales, no colectivos o tópicos.
Por último y a fin de de garantizar el cumplimiento de lo solicitado, pedimos el establecimiento de sanciones o prohibiciones de servicio a aquellas compañías que incumplan o deliberadamente se nieguen a cumplir con estas bases, ya que creemos que estas son fundamentales para el respeto a la ley, a los ciudadanos y particularmente a los jovenes; y a la integridad del sistema jurídico Español.
----
Els sistemes jurídics compten, segons teòrics del dret com Ronald Dworkin, amb certa integritat jurídica. Les lleis les desenvolupen els legisladors amb finalitats molt concretes, i aquestes haurien de ser respectades per aquells que interpreten la llei, pels que l'apliquen i, per descomptat, pels que tenen la obligació de complir-la, ja que aquesta és l'expressió que emana dels representants electes del poble. Entenent això, es pot arribar a la conclusió que les lleis han de ser respectades segons la intenció del legislador en aprovar-les, no mal-interpretades a voluntat i amb mala fe.
Dit això, el legislador fa obligatòria l’assegurança per a tot vehicle autoritzat a conduir per la via pública. Això inclou, indubtablement, els cotxes i motos d'aquells i aquelles joves que, amb l’anhel d'adquirir la capacitat de desplaçar-se lliurement, es treuen els diferents permisos de conducció només per veure's sobrepassats pels preus d’assegurances, incloses dins de les característiques d'una assegurança obligatòria. Aquests preus d'assegurances són astronòmics i absolutament inabastables per un jove mitjà i pels de menys ingressos, i poden arribar a desbordar també els seus pares, que es poden veure abocats a fer un esforç per poder pagar-los, si és que arriben a poder.
Donada aquesta situació, nosaltres creiem que s'està produint un abús de la llei que determina l'obligatorietat de les assegurances, el propòsit clar de la qual és augmentar la seguretat econòmica i personal dels conductors a les carreteres, per fer un gran recapte de grans quantitats de diners en assegurances que acaben portant els afectats a contractar assegurances amb franquícies més altes, menys cobertura o circulant sense assegurança, posant-se en risc físicament, econòmicament i legalment i minvant, per conseqüent, el propòsit del legislador, la integritat del sistema jurídic i la llei.
Per l' exposat, proposem que el legislador obligui les empreses d'assegurances a adaptar proporcionalment els seus preus al què és comú en altres estrats d'edat pel que fa a joves perquè, d'aquesta manera, es compleixi amb la intenció del legislador i de la ciutadania, que és augmentar la seguretat dels tots els conductors, i també dels joves. També demanem que s'habilitin ajudes al pagament de l'assegurança obligatòria per a vehicles i que s'obligui a les empreses d'assegurances a oferir almenys una oferta als joves, i que no els excloguin directament dels seus catàlegs.
Així mateix, entenem el risc que corren les companyies d'assegurances, però no es pot pressuposar d'un jove que serà un conductor imprudent o negligent, sinó que la negació o penalització al preu per la realització d'aquest ha de ser sempre fundat i basat en fets individuals, no col·lectius o tòpics.
Finalment i a fi de garantir el compliment del sol·licitat, demanem l'establiment de sancions o prohibicions de servei a aquelles companyies que incompleixin o deliberadament es neguin a complir amb aquestes bases, ja que creiem que aquestes són fonamentals per al respecte a la llei, als ciutadans i particularment als joves; i a la integritat del sistema jurídic Espanyol.
(Foto de Gabriel Tovar en Unsplash)

El problema
La descripción está disponible en español y en catalán./La descripció està disponible en espanyol i en català.
Los sistemas jurídicos cuentan, según teóricos del derecho como Ronald Dworkin, con cierta integridad jurídica. Las leyes las desarrollan los legisladores con fines muy concretos, y estos deberían de ser respetados por aquellos que interpretan la ley, por los que la aplican y, por descontado, por los que tienen la obligación de cumplirla, ya que esta es la expresión que emana de los representantes electos del pueblo. Entendiendo esto, se puede llegar a la conclusión de que las leyes deben ser respetadas según la intención del legislador al aprobarlas, no malinterpretadas a voluntad y con mala fe.
Dicho esto, el legislador hace obligatorio el seguro para todo vehículo autorizado a conducir por la vía pública. Esto incluye, indudablemente, a los coches y motos de aquellos y aquellas jóvenes que, con anhelo de adquirir la capacidad de desplazarse libremente, se sacan los distintos permisos de conducción solo para verse abrumados por precios de seguros, incluidos dentro de las características de un seguro obligatorio. Estos precios de seguros son astronómicos y absolutamente inalcanzables por un joven promedio y por los de menos ingresos, y puedan llegan a desbordar también a sus padres, que se ven obligados a hacer un esfuerzo para poder pagarlos, si es que llegan a poder.
Dada esta situación, nosotros creemos que se está produciendo un abuso de la ley que determina la obligatoriedad de los seguros, cuyo propósito claro es aumentar la seguridad económica y personal de los conductores en las carreteras, para hacer un gran recaudo de grandes cantidades de dinero en seguros que terminan llevando a los afectados a contratar seguros con franquicias más altas, menos cobertura o circulando sin seguro, poniéndose en riesgo física, económica y legalmente y mermando, por consecuente, el propósito del legislador, la integridad del sistema jurídico y la ley.
Por lo expuesto, proponemos que el legislador obligue a las empresas de seguros a adaptar proporcionalmente sus precios a lo que es común en otros estratos de edad en lo que a jóvenes se refiere para que, de esta forma, se cumpla con la intención del legislador y de la ciudadanía, que es aumentar la seguridad de los todos los conductores, y también de los jovenes. También pedimos que se habiliten ayudas al pago del seguro obligatorio para vehículos y que se obligue a las empresas de seguros a ofrecer al menos una oferta a los jóvenes, y que no los excluyan directamente de sus catálogos.
Así mismo, entendemos el riesgo que corren las compañías de seguros, pero no se puede presuponer de un joven que será un conductor imprudente o negligente, sino que la negación o penalización al precio por la realización de este debe ser siempre fundado y basado en hechos individuales, no colectivos o tópicos.
Por último y a fin de de garantizar el cumplimiento de lo solicitado, pedimos el establecimiento de sanciones o prohibiciones de servicio a aquellas compañías que incumplan o deliberadamente se nieguen a cumplir con estas bases, ya que creemos que estas son fundamentales para el respeto a la ley, a los ciudadanos y particularmente a los jovenes; y a la integridad del sistema jurídico Español.
----
Els sistemes jurídics compten, segons teòrics del dret com Ronald Dworkin, amb certa integritat jurídica. Les lleis les desenvolupen els legisladors amb finalitats molt concretes, i aquestes haurien de ser respectades per aquells que interpreten la llei, pels que l'apliquen i, per descomptat, pels que tenen la obligació de complir-la, ja que aquesta és l'expressió que emana dels representants electes del poble. Entenent això, es pot arribar a la conclusió que les lleis han de ser respectades segons la intenció del legislador en aprovar-les, no mal-interpretades a voluntat i amb mala fe.
Dit això, el legislador fa obligatòria l’assegurança per a tot vehicle autoritzat a conduir per la via pública. Això inclou, indubtablement, els cotxes i motos d'aquells i aquelles joves que, amb l’anhel d'adquirir la capacitat de desplaçar-se lliurement, es treuen els diferents permisos de conducció només per veure's sobrepassats pels preus d’assegurances, incloses dins de les característiques d'una assegurança obligatòria. Aquests preus d'assegurances són astronòmics i absolutament inabastables per un jove mitjà i pels de menys ingressos, i poden arribar a desbordar també els seus pares, que es poden veure abocats a fer un esforç per poder pagar-los, si és que arriben a poder.
Donada aquesta situació, nosaltres creiem que s'està produint un abús de la llei que determina l'obligatorietat de les assegurances, el propòsit clar de la qual és augmentar la seguretat econòmica i personal dels conductors a les carreteres, per fer un gran recapte de grans quantitats de diners en assegurances que acaben portant els afectats a contractar assegurances amb franquícies més altes, menys cobertura o circulant sense assegurança, posant-se en risc físicament, econòmicament i legalment i minvant, per conseqüent, el propòsit del legislador, la integritat del sistema jurídic i la llei.
Per l' exposat, proposem que el legislador obligui les empreses d'assegurances a adaptar proporcionalment els seus preus al què és comú en altres estrats d'edat pel que fa a joves perquè, d'aquesta manera, es compleixi amb la intenció del legislador i de la ciutadania, que és augmentar la seguretat dels tots els conductors, i també dels joves. També demanem que s'habilitin ajudes al pagament de l'assegurança obligatòria per a vehicles i que s'obligui a les empreses d'assegurances a oferir almenys una oferta als joves, i que no els excloguin directament dels seus catàlegs.
Així mateix, entenem el risc que corren les companyies d'assegurances, però no es pot pressuposar d'un jove que serà un conductor imprudent o negligent, sinó que la negació o penalització al preu per la realització d'aquest ha de ser sempre fundat i basat en fets individuals, no col·lectius o tòpics.
Finalment i a fi de garantir el compliment del sol·licitat, demanem l'establiment de sancions o prohibicions de servei a aquelles companyies que incompleixin o deliberadament es neguin a complir amb aquestes bases, ja que creiem que aquestes són fonamentals per al respecte a la llei, als ciutadans i particularment als joves; i a la integritat del sistema jurídic Espanyol.
(Foto de Gabriel Tovar en Unsplash)

Los destinatarios de la petición
Actualizaciones de la petición
Compartir esta petición
Petición creada en 25 de noviembre de 2023