Las Organizaciones de la Sociedad Civil no son un actor periférico: son parte vital del entramado democrático que sostiene el desarrollo, la inclusión y la justicia social. Constituyen la voz de las causas que no tienen voz: la infancia, el ambiente, la educación, la salud, los derechos humanos, etc y encarnan una forma de ciudadanía activa que transforma la solidaridad en acción concreta.

Su tarea diaria es tejer comunidad en un contexto donde muchas veces predominan la fragmentación y la desigualdad.

Sin embargo, el entorno en el que operan las OSC en Argentina es cada vez más adverso. La ausencia de un marco jurídico específico que las proteja las deja expuestas a la industria del litigio y a prácticas que amenazan su sostenibilidad. En lugar de fortalecerlas, el vacío normativo las vulnera: procesos judiciales costosos e injustos consumen recursos humanos y financieros esenciales, desviando la energía que debería destinarse a la misión social que las anima.

Según el estudio realizado por la Confederación de la Sociedad Civil junto con investigadores de la UCA (2023-2024), el aporte de este sector equivale al 3,64% del PBI nacional, comparable al impacto de la minería o la construcción. Este dato no solo revela su magnitud económica, sino su relevancia estratégica en la producción de valor público, cohesión social y desarrollo territorial.

Por eso, cuando una sentencia judicial; como la que afecta a Fundación Pro Vivienda Social y a cientos de otras organizaciones de toda la Argentina, amenaza su continuidad, el daño es profundo y sistémico: no se trata solo del destino de una organización, sino de la interrupción de un puente entre el Estado, la comunidad y la iniciativa privada.

Aún más grave es el efecto de la embargabilidad de las cuentas bancarias. Cuando se congelan fondos por procesos judiciales, se paraliza la capacidad de acción: se interrumpen proyectos, se suspenden programas de salud, se dejan sin atención comunidades enteras. Lo que parece un conflicto administrativo termina traduciéndose en un retroceso social.

Proteger a las Organizaciones de la Sociedad Civil no implica otorgar privilegios, sino garantizar derechos colectivos. Significa asegurar que quienes sostienen políticas públicas desde la cercanía y la participación puedan seguir haciéndolo sin temor a la arbitrariedad ni a la persecución judicial.

Una legislación moderna, que establezca reglas claras, que prevenga abusos y que garantice la inembargabilidad de los fondos destinados a fines sociales, es una condición indispensable para el fortalecimiento democrático.

Desde la Confederación de la Sociedad Civil y el Foro del Sector Social reafirmamos que un marco normativo, fiscal y laboral justo y estable no es solo una demanda sectorial: es una necesidad de país. La articulación entre el Estado, las empresas y las organizaciones sociales genera valor público, amplía derechos y consolida ciudadanía.

Defender a las Organizaciones de la Sociedad Civil es defender la capacidad de la sociedad para organizarse, participar y construir un futuro más justo.

Convocamos a todas las personas, empresas, organizaciones de la sociedad civil a sumarse con su firma a esta causa. A unir fuerzas, a firmar, a pronunciarse, a defender con claridad que sin organizaciones sociales libres y protegidas no hay democracia plena.

Es tiempo de actuar juntos, de exigir un marco que cuide a quienes cuidan, que garantice continuidad, justicia y futuro para las causas que nos unen.

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