Prevención, gestión activa del territorio y protección efectiva de las comunidades rurales

Nos encontramos ante una amenaza creciente. Los incendios forestales son cada vez más frecuentes, intensos y destructivos, y ya no pueden considerarse episodios aislados propios del verano. La crisis climática agrava el problema, pero también lo hacen la acumulación de combustible vegetal, la falta de gestión forestal y el progresivo abandono del territorio rural.

Cada incendio representa una tragedia ambiental y un riesgo directo para la vida y la seguridad de las personas. También amenaza viviendas, animales, infraestructuras y patrimonio público y privado, y puede destruir explotaciones agropecuarias y forestales, comprometer la actividad económica local y acelerar todavía más la despoblación.

La respuesta pública no puede limitarse a la extinción una vez iniciado el fuego. Es imprescindible actuar antes, mediante una política estable de prevención, una gestión activa de las masas forestales, una mejor coordinación entre administraciones y una participación real de los municipios y de quienes viven y trabajan en el territorio.

Por todo ello, solicitamos a las administraciones competentes que adopten, con carácter urgente y con dotación presupuestaria suficiente, las siguientes medidas:

1. Creación y mantenimiento de anillos de protección

Establecer y conservar franjas de seguridad alrededor de los núcleos habitados, dimensionadas según el riesgo de cada zona y sometidas a mantenimiento periódico. Estas actuaciones deben contar con financiación estable y suficiente.

2. Mayor capacidad de decisión para los ayuntamientos

Reforzar la participación municipal en la gestión de los montes, las roturaciones, las concentraciones parcelarias y los cambios de uso del suelo. Deben simplificarse los procedimientos y evitarse demoras administrativas que impidan actuar con rapidez.

3. Reducción de la continuidad de las masas forestales

Planificar y ejecutar cortafuegos, áreas de baja carga combustible y otras soluciones que fragmenten las grandes masas forestales y reduzcan la velocidad y la capacidad de propagación de los incendios.

4. Información, educación ambiental y formación

Reforzar la información dirigida a la población que vive y trabaja en el medio rural, así como la formación práctica necesaria para prevenir riesgos, actuar correctamente ante una emergencia y proteger la propia seguridad.

5. Restricciones reforzadas durante los periodos de alto riesgo

Extremar las limitaciones y, cuando sea necesario, las prohibiciones aplicables a celebraciones deportivas, campamentos de verano y otras actividades que puedan incrementar el riesgo en zonas especialmente tensionadas. Debe exigirse el cumplimiento estricto de las recomendaciones, restricciones y órdenes dictadas por las autoridades competentes y con autonomía municipal para que se cumplan.

6. Aprovechamiento sostenible de la madera

Planificar la extracción forestal como una herramienta de prevención y de mejora de la resiliencia de los bosques. La actividad extractiva debe realizarse de forma ordenada y vincularse, cuando proceda, a la reparación de caminos y vías afectadas.

7. Mejora de las infraestructuras de acceso

Priorizar la apertura, planificación y conservación de caminos forestales y accesos estratégicos para las labores de prevención y extinción. Los municipios deben participar directamente en su definición y contar con apoyo económico de las diputaciones y de los gobiernos autonómicos.

8. Fomento del pastoreo y de la ganadería extensiva

Facilitar el acceso a los montes de utilidad pública de rebaños de cualquier tamaño —vacas, ovejas y cabras— y promover, cuando resulte viable, la creación de pequeños rebaños municipales. El pastoreo debe reconocerse y apoyarse como una herramienta eficaz de gestión de la vegetación y prevención de incendios.

9. Planes municipales de prevención y emergencia

Impulsar la elaboración de mapas de riesgo, protocolos de actuación y evacuación, y programas anuales de revisión y mantenimiento de bocas de incendio. Asimismo, debe subvencionarse la adquisición de mangueras, batefuegos y otros medios básicos en los municipios de montaña con mayor exposición al riesgo.

UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Proteger el medio rural exige pasar de la reacción a la prevención. Defender los pueblos, las viviendas, los animales, las explotaciones y el patrimonio natural requiere planificación, recursos, mantenimiento continuo y una gestión del territorio que cuente con quienes lo conocen y lo habitan. Por ello, reclamamos una actuación inmediata, coordinada y sostenida en el tiempo.