Manifiesto por la Justicia Social y la Protección de los Derechos Humanos en el Valle de Aburrá.

Un Grito por la Justicia Social y la Protección de los Derechos Humanos

Basándonos en los principios fundamentales consagrados en la Constitución de Colombia, que garantizan el derecho a la paz, la justicia y la protección de los derechos humanos, así como en el análisis y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y otros organismos defensores de los derechos humanos, desde diferentes organizaciones, prácticas y procesos organizativos elevamos nuestra voz. 

Nosotros, ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la construcción de una sociedad justa, inclusiva y pacífica, nos dirigimos a la opinión pública y a las autoridades competentes para expresar nuestra profunda preocupación por la situación de violencia, persecución y vulneración de derechos que enfrentan numerosas comunidades y colectivos en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.

Con base en el valioso trabajo y las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que nos insta a la reconciliación y a la garantía de la no repetición de los hechos violentos del pasado, elevamos nuestra voz con un mensaje de alarma a través de este manifiesto para denunciar y exigir acciones concretas ante las siguientes problemáticas:

1.  Desplazamiento Forzado y Crisis Humanitaria: Con gran preocupación observamos el acelerado incremento del desplazamiento en nuestras comunidades, una realidad que requiere de la atención y acción de las autoridades competentes en virtud de las obligaciones que para con la población local y en tránsito, por el territorio colombiano, tiene el Estado representado en la administración Distrital, Departamental y Nacional. Este desplazamiento, tanto físico como simbólico, afecta a cientos de personas, vulnerando sus derechos fundamentales y su calidad de vida. Para su dignificación, las Naciones Unidas ONU emitió la resolución general 53- 144 del 8 de marzo de 1999, la resolución para los defensores de derechos humanos universales.

La crisis humanitaria en Medellín es alarmante, con un dramático aumento del desplazamiento forzado que afecta especialmente a comunidades vulnerables y marginadas. Esto incluye a comunidades campesinas de diversas subregiones de Antioquia, que se ven obligadas a dejar atrás no solo sus propiedades, sino también sus arraigos culturales. Entre estas comunidades se encuentran grupos étnicos e indígenas, aproximadamente 34 pueblos y alrededor de 7.500 indígenas en el Distrito de Medellín, siendo los cabildos indígenas los más afectados frente a las necesidades con la primera infancia y mujeres.

Los datos de la Personería Municipal de Medellín revelan un aumento alarmante del desplazamiento forzado intraurbano, con un incremento del 280% en enero de 2023 en comparación con el año anterior. Este aumento drástico refleja la grave situación en la que estas comunidades se encuentran, teniendo que abandonar sus hogares debido a amenazas, violencia y la falta de protección por parte del Estado. Así también, la falta de medidas efectivas de protección agrava esta crisis, exponiendo a miles de personas a condiciones de extrema vulnerabilidad, riesgo y consumo de estupefacientes.

2. Riesgos para Líderes Sociales, Comunitarios, Firmantes, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Comunicadores: La situación de riesgo, amenazas que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos, además de los diferentes liderazgos existentes en los territorios, así como las líderesas y líderes comunitarios y sociales, es alarmante y urgente. Su valiente labor en la protección de los derechos fundamentales de nuestra sociedad se ve constantemente amenazada por actos de persecución, intimidación y asesinatos selectivos.

La Fundación SUMAPAZ ha realizado un seguimiento exhaustivo a las alertas 032 de la Defensoría del Pueblo, evidenciando numerosos casos documentados que muestran la realidad de la persecución y violencia que sufren quienes ejercen su derecho constitucional al alzar la voz en defensa de la paz y la justicia. Estos informes reflejan una situación preocupante donde la atención, seguimiento y protección brindada no son suficientes para garantizar la seguridad y la continuidad de su labor.

Es imperativo que las autoridades competentes tomen medidas efectivas y contundentes para proteger a estos defensores y líderes sociales, asegurando que puedan desempeñar sus funciones de manera segura y sin temor a represalias. Su trabajo es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y la construcción de una sociedad justa y equitativa, por ello para el Estado debe considerarse urgente su defensa.

El acceso a las rutas de Protección para líderes sociales, comunitarios, defensoras y defensores, firmantes, comunicadores, así como para las víctimas del desplazamiento intraurbano en el Valle de Aburrá y Medellín, es un tema de vital importancia que enfrenta desafíos considerables. Por un lado, existe un temor generalizado entre las personas a declarar, motivado por la falta de confianza en las Instituciones encargadas de garantizar su vida y protección. Por otro lado, la complejidad y burocracia de los procesos establecidos por estas Instituciones resultan excesivas, generando una revictimización para quienes ya están afectados por estas situaciones tan complejas y no cuentan con los medios para escalar tales procesos de manera efectiva.

Es esencial que se implementen garantías de emergencia de manera ágil y efectiva para dignificar la vida de quienes se encuentran en estas circunstancias vulnerables. La atención, seguimiento y protección actualmente brindadas no ofrecen las garantías necesarias para que estas personas puedan continuar desempeñando su valiosa labor como defensores y defensoras de los Derechos Humanos de manera activa.

Los riesgos para la participación social y la defensa de los derechos humanos se han intensificado debido a la presencia de diversos grupos armados en las comunas y barrios de la ciudad. Esta situación ha generado un ambiente silencioso y alarmante por la falta de garantías, por lo cual persiste el miedo a denunciar abusos y violaciones que puedan ocurrir en distintos espacios. Es crucial destacar la necesidad de una adecuada articulación interinstitucional y multisectorial que promueva una sinergia efectiva de garantías para la participación ciudadana. Los líderes sociales y comunitarios, defensoras y defensores desempeñan un papel fundamental como observadores con derecho propio en los procesos de interés público, lo que resalta aún más la importancia de proteger su labor y promover un entorno seguro para su actuación.

Es imperativo que las autoridades tomen medidas efectivas y urgentes para proteger a estos valientes defensores de la paz, proporcionando recursos, capacitación y medidas de seguridad necesarias para garantizar su labor y su seguridad personal en el ejercicio de sus actuaciones amparadas por la constitución y las leyes. Instamos a la sociedad a solidarizarse y brindar el apoyo necesario a quienes ponen en riesgo sus vidas por el bienestar de toda la ciudadanía, pues la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de cada uno de nosotros en la protección de quienes defienden la paz y la justicia social

3. Violencia Basadas en Género y Feminicidio: Es urgente abordar la angustiante realidad de las violencias basadas de género (VBG), especialmente en relación con los reiterados feminicidios ocurridos en el Valle de Aburrá, que afecta de manera preocupante a nuestras comunidades. Las mujeres y las personas de los sectores LGTBIQ+ enfrentan niveles intolerables de violencia y discriminación, como se hizo público en el espacio de La Agenda Ciudadana de Paz, en el conversatorio “Ausentes, que su memoria no se las lleve el rio”, realizado el 13 de abril, en el Museo Casa de la Memoria. Las instancias e instituciones presentaron cifras alarmantes en cuanto al incremento en las tasas de VBG, tal como lo han evidenciado las diferentes afectaciones de los derechos humanos en el Distrito de Medellín, como lo son los 19 feminicidios y; los 34 cuerpos embolsados encontrados en diferentes zonas del área metropolitana en lo que va del año.

Adicionalmente, La Fundación INDEPAZ reportó por medio de sus redes un comunicando, haciendo público el descubrimiento del cuerpo sin vida del activista y líder social en derechos humanos, género y memoria, MANUEL BERMÚDEZ, el pasado 17 de abril. Esta noticia impactó profundamente a los colectivos que él influenciaba, especialmente a los grupos de la población LGTBIQ+.

Caso en concreto los hechos suscitados como la impune muerte de Manuel Bermúdez, lo cual plantea interrogantes significativas, dado que su desaparición desde enero resulta confusa, y se espera que sus allegados ofrezcan esclarecimientos al respecto. Su fallecimiento ha conmovido a muchos, ya que era reconocido por su labor en busca de ayuda para personas de la comunidad LGTBIQ+ afectadas por VIH u otras enfermedades en hospitales, centros de apoyo y fundaciones. Este trágico desenlace nos refleja la dedicación y el compromiso de Manuel con los derechos humanos y la justicia social, pero también la ausencia de mecanismos idóneos para la protección de líderes sociales en el Distrito de Medellín, dejando un vacío impactante en los esfuerzos por un mundo más inclusivo y justo.

¿Hasta cuándo seguiremos perdiendo a líderes sociales y comunitarios, defensoras y defensores, firmantes y comunicadores como Manuel Bermúdez, cuyo incansable trabajo por los derechos humanos y la inclusión era vital para nuestra sociedad? ¡Es hora de exigir respuestas y justicia!

Repudiamos enérgicamente estos actos de violencia, intolerancia y discriminación que vulneran los derechos humanos fundamentales. Además, rechazamos categóricamente la denigración y estigmatización de espacios de diálogo y paz, junto con la violación sistemática de derechos básicos, que atentan contra la dignidad de toda la ciudadanía.

 

Es imprescindible que las autoridades tomen acciones concretas y efectivas para prevenir y sancionar los feminicidios y demás violencias basadas en género. Instamos a la sociedad a unirse en la defensa de los derechos y la dignidad de todas las personas sin importar orígenes o circunstancias, promoviendo espacios seguros y respetuosos para construir una ciudad más justa, digna, inclusiva y equitativa.

4. Falta de Protección y Respuesta Efectiva de las Autoridades: Es imperativo que las autoridades competentes implementen medidas efectivas de protección y establezcan rutas claras y eficientes en la promoción, defensa, garantía y goce pleno de los derechos de líderes sociales y comunitarios, defensoras y defensores de DDHH. La falta de protección pone en grave riesgo la vida e integridad de quienes trabajan de manera voluntaria por la paz y la justicia en nuestra ciudad generando con esto mayores riesgos en cuanto a posibles vulneraciones de los DDHH.

Manifestamos una profunda preocupación por la demora en la aprobación de las dos políticas públicas fundamentales para el bienestar y la seguridad de nuestra ciudadanía: la Política Pública de Derechos Humanos y la Política Pública de Paz. Estas políticas, elaboradas de manera participativa y colaborativa, representan los valores y aspiraciones de una sociedad comprometida con la justicia, la memoria, la equidad y la convivencia pacífica; la cual se ha venido expresando a través de diferentes espacios deliberativos y democráticos buscando poner en el centro de la agenda pública la necesidad de instrumentos suficientes y necesarios para la defensa y protección de los DDHH y para la implementación de una paz estable y duradera en el territorio.

Es inadmisible que, a pesar de contar con el respaldo y participación de múltiples actores sociales, académicos y comunitarios, estas políticas hayan quedado en espera durante tres administraciones; generando un desgaste de recursos y un vacío persistente en la garantía de derechos y en la promoción de una Cultura de Paz y la No Violencia en nuestra ciudad. Más aún, permitiendo que los protocolos y rutas de atención estén sujetos a la discrecionalidad de los funcionarios, poniendo en riesgo la efectividad y la coherencia de las acciones gubernamentales en estos ámbitos críticos.

Exigimos, con firmeza y urgencia, que las autoridades y organismos de decisión tomen acciones inmediatas para impulsar en el Concejo Distrital la aprobación de estas políticas públicas mediante proyecto de acuerdo de carácter vinculante para la Administración Distrital.

Instamos a que se respeten los procesos participativos y se dé prioridad a la voz de la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos y paz que han contribuido de manera activa y constructiva en su formulación. La Constitución Política de Colombia y la Ley 1475 de 2011 obligan a los Concejos Municipales a implementar políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos y la seguridad de la comunidad, incluyendo la aprobación de la Política Pública de Derechos Humanos y la Política Pública de Paz. La normativa internacional también ampara estas demandas.

Exigimos Acción del Consejo Distrital: Solicitamos al Consejo Distrital actuar de manera coherente y efectiva frente a estas situaciones, implementando políticas que garanticen la protección de los derechos humanos y la seguridad de la comunidad. 

La voz de la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos y Paz debe ser escuchada y priorizada en la toma de decisiones del Concejo Distrital. Es imperativo que se respeten los procesos participativos y se traduzcan en acciones concretas que aseguren la protección y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas en nuestro territorio.

La falta de protección efectiva contribuye directamente a un clima de impunidad que perpetúa la violencia y la vulneración de derechos. Los claros ejemplos demuestran la urgente necesidad de medidas concretas y efectivas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos.

Exigimos una respuesta contundente por parte de las autoridades, que incluya la asignación de recursos adecuados y la implementación de protocolos claros y suficientes de protección. Es urgente y necesario poner fin a la impunidad, asegurando que quienes defienden la paz y la justicia en nuestra ciudad lo hagan sin temor a represalias o violencia.

5. Inclusión de las Víctimas, la Verdad y sus Memorias: Es crucial reconocer y valorar la importancia de escuchar y visibilizar las voces de las víctimas de violencia urbana y violaciones de derechos humanos en nuestra sociedad. La Comisión de la Verdad ha recopilado testimonios valiosos y ha aportado importantes recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta en la construcción de políticas públicas, acciones de reparación y memoria integrales.    

Las historias y memorias de las víctimas, como FABIOLA LALINDE, FABRICIA CORDOBA, SILVIO SALAZAR MARTINEZ, JAIDER RAMIREZ, JESUS MARIA VALLE, HECTOR ADBAD GOMEZ, así como de cientos de lideres comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal, líderes juveniles y mujeres, de discapacidad, del deporte, LGTBIQ+, culturales, sindicalistas, estudiantes, profesores que han sido amenazados, desplazados o asesinados, son fundamentales para comprender la magnitud y las consecuencias de la violencia en nuestras comunidades. 

Estos relatos no solo son testimonios de dolor y sufrimiento, sino también de resistencia y lucha por la justicia y la verdad que instan a la sociedad colombiana a asumir sus compromisos con la reparación y la memoria de las víctimas y con las garantías de no repetición de los hechos victimizantes.

En cuanto a la atención a las víctimas, la lentitud en la reparación por parte de la UARIV es alarmante. La implementación de la Ley 2343/2023 para avanzar en la restauración del entorno social y político de las víctimas avanza muy lentamente debido a la falta de personal en la Unidad de víctimas para resolver las inconsistencias de quienes no fueron incluidos en el RUV.  A pesar de que el plazo se extiende hasta diciembre de este año (2024), las respuestas de la UARIV a los derechos de petición no satisfacen las expectativas de quienes declararon hechos     victimizantes fuera de tiempo. Esta situación desalienta profundamente y debe abordarse de manera urgente y pertinente.

Es necesario que la UARIV mejore su atención y diligencia para garantizar los derechos humanos de las víctimas. Sus testimonios deben ser escuchados y considerados a nivel gubernamental y comunitario. Las políticas públicas y las acciones de reparación y memoria integral deben centrarse en las necesidades y demandas de las víctimas, asegurando su participación activa y efectiva en los procesos de justicia, reconciliación y paz.

La inclusión de las víctimas, la verdad y sus memorias en nuestro camino hacia la paz y la justicia es un compromiso ineludible que la sociedad debe asumir. Es fundamental honrar constantemente la memoria de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado, buscando colectivamente un futuro donde la verdad y la dignidad sean pilares esenciales de la convivencia pacífica y la justicia social.

Urge una articulada desinteresada y activa de las mesas de víctimas, mesas de derechos humanos y plataformas de paz, organizaciones sociales, colectivos, comités, grupos y procesos, con las autoridades locales, departamentales, nacionales e internacionales para fortalecer entornos libres de violencia donde la participación ciudadana permita generar avances concretos en la defensa de los DDHH. Es responsabilidad de todos promover una cultura de paz, no-violencia, respeto y solidaridad que proteja la vida y la dignidad de cada persona en nuestras comunidades y lograr reconocer la memoria como derecho.

6. Protección de Espacios de Diálogo y Paz: El clima de temor y la falta de garantías para el ejercicio pleno de nuestros derechos limita la capacidad de los ciudadanos para ser, hacer y actuar en los diferentes territorios de manera libre y segura. Es imprescindible crear y fortalecer entornos seguros y propicios para la participación ciudadana y la construcción colectiva de la paz en nuestra sociedad.

Denunciamos enérgicamente la falta de voluntad política para la participación ciudadana, la cual ha resultado en violaciones dentro de los espacios de diálogo y construcción de paz en el Valle de Aburrá. La criminalización de la protesta social y la represión de manifestaciones pacíficas son contrarias a los principios democráticos y al derecho fundamental de la libre expresión.

Propuesta: Comité Metropolitano de Reincorporación

En el marco de la protección de espacios de diálogo y paz, proponemos la creación del Comité Metropolitano de Reincorporación. Este comité tendría como objetivo principal coordinar y ejecutar acciones para la reintegración efectiva de personas desmovilizadas y afectadas por el conflicto armado en el Valle de Aburrá y Medellín. 

Las acciones del Comité estarían orientadas a:

Reintegración Social: Implementar programas y proyectos que promuevan la inclusión social, la generación de empleo y oportunidades económicas para personas desmovilizadas y afectadas por el conflicto.

Apoyo Psicosocial: Brindar atención integral y acompañamiento psicosocial a personas en proceso de reintegración, incluyendo atención a víctimas del conflicto y sus familias.

Educación y Formación: Desarrollar programas educativos y de formación técnica que contribuyan al desarrollo personal y profesional de las personas en el proceso de reintegración.

Garantías de Seguridad: Establecer medidas de protección y seguridad para asegurar el bienestar y la integridad física de las personas en proceso de reintegración, así como de sus comunidades de acogida.

Monitoreo y Evaluación: Realizar seguimiento y evaluación constante de las acciones implementadas por el Comité, con el fin de ajustar estrategias y garantizar resultados efectivos en el proceso de reintegración.

El Comité Metropolitano de Reincorporación se constituiría como un espacio de concertación entre entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, y personas desmovilizadas y afectadas por el conflicto, con el propósito de garantizar una reintegración exitosa y sostenible en el territorio. Su creación y funcionamiento estarían respaldados por recursos financieros y logísticos adecuados para asegurar su efectividad y continuidad en el tiempo.

7. Persecución Administrativa: Es urgente que se cesen todos los actos de persecución administrativa y los diferentes obstáculos burocráticos que se imponen de manera sistemática a los procesos de paz y a quienes los lideran en nuestra ciudad. Estas acciones buscan silenciar las voces disidentes y obstaculizar el ejercicio legítimo de los derechos civiles y políticos de nuestra comunidad. “LA VIOLENCIA NO ESTA AFUERA, LA TENEMOS EN CASA Y EL VALLE DE ABURRÁ LO TIENE CLARO.”

Los embargos a sedes sociales y juntas de acción comunal, el cierre de telecentros en la ciudad y la apropiación burocrática por parte de la administración de Medellín de espacios de desarrollo social en distintas comunas, junto con los retiros forzados de comodatos de muchas organizaciones en dichos territorios, son evidencias palpables de la persecución administrativa contra líderes comunitarios y sociales, defensoras y defensores de derechos humanos. Estos actos ponen de manifiesto la gravedad de esta problemática. La imposición de trabas burocráticas y la confiscación de equipamiento público destinado para las funciones de estos líderes y defensores son contrarias a los principios democráticos y al respeto de los derechos fundamentales.

Exigimos a las autoridades competentes que cesen estas prácticas de persecución y que se garantice el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es urgente y necesario proteger, respaldar y promover el trabajo de quienes lideran procesos de paz, reconociendo su valioso aporte a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y pacífica.

La persecución administrativa y los obstáculos burocráticos no deben obstaculizar la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación en nuestra ciudad. Es responsabilidad del Estado, representado en la Administración, crear o fortalecer los espacios y mecanismos adecuados para la reconciliación y la paz. Trabajar colaborativamente entre todos los sectores sociales e institucionales es fundamental para superar estos desafíos y construir un futuro donde la paz y los derechos sean una realidad para todos.

Además, exigimos acciones concretas frente a diversas problemáticas sociales en la región, como el desplazamiento forzado, los riesgos para los defensores de derechos humanos, las violencias basadas en género y la falta de protección de las autoridades. La Constitución Política de Colombia, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras obligan a las autoridades a implementar medidas efectivas para proteger los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. 

Es necesario también implementar medidas cautelares y llevar a cabo la judicialización de actos administrativos por omisión en caso de incumplimiento de las políticas y medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales y la seguridad de los lideres sociales y comunitarios, defensoras y defensores y sus demandantes.

8. Acciones Concretas e Integrales Frente a Personas en Vulnerabilidad: Manifestamos nuestra solidaridad con las personas vulnerables que enfrentan múltiples formas de violencia y exclusión, como aquellas personas privadas de la libertad, en condición de calle, en situación de prostitución y/o explotación sexual, o con dependencia de sustancias psicoactivas. Es imperativo adoptar medidas concretas, efectivas y participativas para abordar estas problemáticas y garantizar sus derechos fundamentales.

La realidad de este gran número de personas evidencia la urgencia de emprender acciones suficientes por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto para minimizar los daños y prevenir nuevos casos. La participación activa de la sociedad civil y la construcción de alianzas son fundamentales para lograr avances significativos en materia de paz, inclusión y derechos humanos.

Exigimos que el Alcalde presente un informe detallado sobre los decretos que ha puesto en marcha, especialmente aquellos relacionados con los horarios comerciales en los espacios públicos y parques de la ciudad, en particular en el Parque Lleras y los hoteles donde se han registrado abuso y explotación sexual de menores perpetrados por personas nacionales y extranjeras, para conocer los avances y resultados que dichas medidas han tenido para atender las diferentes problemáticas. En ese sentido recordamos que se comprometió públicamente a realizar acciones de extinción de dominio en estos casos por lo cual instamos a que la administración clarifique los avances en dichos procesos.

Es esencial que se adopten medidas concretas y efectivas para proteger a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para asegurar la seguridad, así como el respeto a los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Las autoridades deben tomar acciones claras y transparentes para abordar estos problemas urgentes que impactan la seguridad, la integridad y los derechos humanos fundamentales de nuestra comunidad. La sociedad demanda respuestas claras y acciones contundentes para asegurar una Medellín justa, segura y en paz para todos sus habitantes.

9. Llamado a la Solidaridad y la Justicia Social: Como ciudadanos comprometidos con la paz, la memoria y la justicia social, exigimos a las autoridades locales, regionales y nacionales la articulación de esfuerzos, el diálogo constructivo y la adopción de medidas efectivas para proteger y promover los derechos humanos en nuestra ciudad.

La situación actual refleja la urgente necesidad de acciones concretas y coordinadas para garantizar la paz y el bienestar de todas las personas en Medellín y el Valle de Aburrá. La justicia, la verdad y la reconciliación son pilares indispensables para superar las heridas del pasado y construir un futuro de convivencia y dignidad para todas las personas.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para apoyar los esfuerzos de construcción de paz en nuestra región. La participación activa de la comunidad nacional e internacional es fundamental para fortalecer los procesos de reconciliación, garantizar la protección de los derechos humanos y promover una cultura de paz, no-violencia y de respeto.

Rechazamos enérgicamente el populismo punitivo con el que está actuando el alcalde, que no solo no aborda las raíces profundas de la violencia y la injusticia social, sino que también perpetúa estigmatizaciones y vulneraciones de derechos en nuestra ciudad mediante sus declaraciones victimizantes y la inacción de la administración que encabeza. 

Instamos a un enfoque integral que abarque medidas preventivas, programas de inclusión social y la participación activa de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones efectivas y sostenibles para los desafíos de ciudad.

Es hora de unirnos en un compromiso firme y decidido por la paz, no-violencia, la justicia y la reconciliación. Trabajemos juntos para construir un futuro donde todas las personas puedan vivir en armonía, con dignidad y en un entorno seguro.

10. Uso y Explotación de NNA, (Niñas y Niños): El uso y explotacion de personas, especialmente de niñas y niños, es una grave violación de los derechos humanos que afecta a comunidades en todo el mundo, generando una seria y real afectación en Medellín y el Valle de Aburrá. Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Colombia es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, con un enfoque particular en la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes.

La ciudad de Medellín enfrenta una situación alarmante de violencia y explotación sexual y comercial dirigida hacia NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, así como la trata de personas y su uso en el conflicto urbano. Estas atrocidades ocurren con mayor frecuencia en las zonas periféricas y en las Instituciones educativas públicas, siendo una grave problemática que requiere atención inmediata por parte de todas las entidades competentes.

Según el Observatorio ESCNA, en el año 2023 se registraron 2.497 casos de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de explotación sexual en Colombia. Estas cifras reflejan una realidad dolorosa que debe ser abordada con urgencia, ya que implican la violación de los DERECHOS HUMANOS en general Y LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES en particular.

Estas situaciones vulneran gravemente los derechos de los más jóvenes y requieren una acción coordinada y efectiva por parte de las autoridades para prevenir y combatir este flagelo prestando una mayor atención a las diferentes organizaciones y a la sociedad civil que elevan denuncias al respecto, más allá de los afanes políticos y publicitarios de la actual y de cualquier administración.

11. Atención a la Población NNA (Niños, Niñas y Adolescentes): La población NNA en Medellín y el Valle de Aburrá enfrenta múltiples riesgos y vulnerabilidades, incluyendo la explotación sexual, la trata de personas y el reclutamiento por grupos armados ilegales. Datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) muestran un aumento preocupante en los casos de violencia y abuso contra niños, niñas y adolescentes en la región.

Organizaciones como la Fundación Renacer trabajan activamente en la protección y atención integral de esta población, brindando apoyo psicosocial, asesoría legal y espacios seguros para su desarrollo. Es fundamental fortalecer los mecanismos de protección y prevención para garantizar un entorno seguro y protector para todos los niños y adolescentes en nuestra ciudad.

12.Enfrentamos una Realidad Alarmante y Cruda, Nuestros Jóvenes: constituyendo una parte vital de nuestra sociedad, se ven envueltos en una red de desafíos y adversidades que amenazan su presente y futuro. Desde los corregimientos hasta las comunas más vulnerables, la juventud enfrenta un panorama desolador marcado por la falta de oportunidades, la violencia despiadada y la marginación sistemática.

En cada rincón de nuestros barrios, nuestros jóvenes enfrentan la dura realidad de la exclusión social, la falta de acceso a una educación de calidad y la ausencia de oportunidades laborales dignas. La violencia, tanto física como psicológica, acecha en cada esquina, obligándolos a vivir en constante temor por su seguridad y bienestar.

Es imperativo que como sociedad reconozcamos la urgencia de actuar en defensa de nuestra juventud. Las cifras de deserción escolar, desempleo juvenil y exposición a situaciones de riesgo son alarmantes y exigen una respuesta inmediata y efectiva.

Exigimos políticas públicas integrales que garanticen el acceso universal a una educación de calidad, oportunidades laborales justas y seguras, espacios comunitarios libres de violencia y programas de prevención efectivos. Es hora de poner fin a la indiferencia y la negligencia que han permitido que nuestros jóvenes sufran en silencio y exclusión.

Llamamos a todas las autoridades, instituciones y líderes comunitarios y sociales, defensoras y defensores a unirse en esta lucha por el futuro de nuestra juventud. A quitar el tabú y hablar sin problemas de los estigmas y prejuicios culturales que enfrentamos actualmente.

Nuestro compromiso es claro: proteger y empoderar a nuestros jóvenes, proteger el futuro de nuestra sociedad. Juntos, podemos construir un entorno donde cada joven tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial en todas sus dimensiones y complejidades logrando contribuir de manera significativa al desarrollo y bienestar de nuestras comunidades.

13. Impacto de Sustancias Ilícitas en Familias y Comunidades: Procesos Legales y Apoyo Terapéutico: El consumo y tráfico de sustancias ilícitas, además del narcotráfico, tienen un impacto devastador en las familias y comunidades de Medellín. Datos del Observatorio de Drogas de Colombia muestran que la presencia de drogas ilegales en la ciudad ha contribuido a la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar y el aumento de la delincuencia.

La Fundación Sentir también ha documentado casos de familias afectadas por el consumo de drogas, donde menores quedan en situación de vulnerabilidad y riesgo debido al entorno de adicción y violencia. Es crucial implementar programas de prevención, tratamiento y rehabilitación efectivos para abordar este problema de manera integral, más allá de las medidas punitivas que criminalizan a las personas que son presas de las estructuras criminales por su condición de vulnerabilidad al ser dependientes de estas sustancias.

14. Protección y Apoyo de las Comunidades Indígenas: Las comunidades indígenas en Medellín y el Valle de Aburrá enfrentan desafíos únicos relacionados con la protección de sus derechos territoriales, culturales y sociales. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las comunidades indígenas en la región han sido afectadas por la violencia armada, el desplazamiento forzado y la falta de reconocimiento de sus derechos ancestrales.

La Fundación Gaia Amazonas ha documentado la situación de vulnerabilidad de estas comunidades, especialmente en contextos urbanos donde enfrentan discriminación, marginalización y falta de acceso a servicios básicos. Es necesario garantizar la participación activa y respetuosa de las comunidades indígenas en todos los procesos de toma de decisiones que afecten sus derechos y territorios.

15.  Apelación a Organizaciones Internacionales por la Protección de los Derechos Humanos: Es crucial que nos sumemos en el llamado urgente a las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), para respaldar nuestras demandas y presionar a las autoridades locales a cumplir con su deber de proteger a los defensores de derechos humanos.

Estas organizaciones internacionales tienen un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos, y su apoyo puede ser crucial para lograr cambios significativos en nuestra región. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos son documentos internacionales que respaldan nuestras demandas y normas que pueden utilizarse para exigir el cumplimiento obligatorio de las autoridades locales en la protección de los defensores de derechos humanos.

Además, la CIDH ha establecido un Mecanismo Especial de Seguimiento para Colombia (MESENI), que tiene como objetivo promover y proteger los derechos humanos en el país. Podemos solicitar su intervención y apoyo en la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en nuestra región.

• Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, 1948.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos, OEA, 1969.
• Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, ONU, 1998.
• Mecanismo Especial de Seguimiento para Colombia (MESENI), CIDH, 1999.

16. Compromiso Urgente de los Medios de Comunicación en la Defensa de los Derechos Humanos: Como lideres sociales y comunitarios, defensoras y defensores de derechos humanos, nos vemos en la urgente necesidad de exigir la participación activa y responsable de los medios de comunicación en nuestra región, frente a las violaciones flagrantes de derechos humanos que están ocurriendo. Nos basamos en situaciones reales y alarmantes que requieren atención inmediata:

Violencia contra Defensores de Derechos Humanos: Lamentablemente, estamos presenciando un aumento preocupante en los ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos en nuestra región. Estas acciones buscan silenciar las voces valientes que luchan por la justicia social y la dignidad de todas las personas.

Impunidad y Falta de Visibilidad: La impunidad imperante frente a estos crímenes y la falta de visibilidad en los medios de comunicación perpetúan la vulnerabilidad de quienes defienden los derechos fundamentales. Es crucial que los medios cumplan su rol en la sociedad al visibilizar y denunciar estas situaciones.

Por ello, instamos a los medios de comunicación locales a asumir su responsabilidad ética y social y comunitaria mediante:

Difusión Prioritaria de Casos de Violaciones de Derechos Humanos: Solicitamos que se dedique un espacio diario en horario de alta audiencia para informar de manera gratuita sobre las violaciones de derechos humanos en nuestra región. Esto contribuirá a sensibilizar a la población y a promover acciones de cambio.

Enfoque Ético y Respetuoso: Pedimos un enfoque ético y respetuoso en la cobertura de estos temas, garantizando el respeto a la dignidad de las víctimas y evitando la revictimización. Los medios tienen el poder de influir en la opinión pública y deben usarlo de manera responsable.

Promoción de la Defensa de los Derechos Humanos: Los medios tienen la capacidad de ser aliados en la defensa de los derechos humanos al promover la cultura de la justicia social y la verdad. Su participación activa es clave para combatir la impunidad y generar conciencia en la sociedad.

Apoyo Integral a Medios Alternativos Periodísticos y sus Miembros: Abogamos por el apoyo integral, tanto en términos de protección como de financiamiento, a los medios alternativos periodísticos y sus miembros. Reconocemos el papel fundamental que desempeñan estos medios en la diversificación de la información y en la promoción de la libertad de expresión, aspectos vitales para el fortalecimiento de nuestra democracia y la defensa de los derechos fundamentales.

Es momento de que los medios de comunicación asuman su rol protagónico en la construcción de una sociedad más justa, informada y comprometida con la defensa de los derechos humanos. Con su apoyo y compromiso podemos generar un impacto positivo y contribuir a la transformación de nuestra realidad hacia una más digna y respetuosa de los derechos fundamentales de todas las personas.

17. Tutela de los Derechos, Libertades, Dignidad y Deberes de las Autoridades Locales: Es imperativo que tutelamos los derechos y deberes de las autoridades locales, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y compromiso real en la protección de los defensores de derechos humanos y en la promoción de la paz y la justicia social en el Valle de Aburrá.

Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos: Es fundamental que las autoridades locales cumplan con su deber constitucional de proteger y respetar los derechos humanos, especialmente de los defensores de derechos humanos. La falta de protección efectiva ha llevado a numerosos casos de violencia y persecución contra activistas y líderes comunitarios en nuestra región, lo cual requiere medidas urgentes y eficaces.

Implementar medidas efectivas de protección: Las autoridades locales deben establecer y ejecutar medidas concretas de protección para los líderes y defensores de derechos humanos. Esto incluye la creación o en este caso puntual, el fortalecimiento de rutas claras y eficientes para la promoción, defensa y garantía de sus derechos, como lo establecen los estándares internacionales y la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos.

Respetar los estándares internacionales: Es crucial que las autoridades locales respeten los estándares mínimos establecidos en las normas internacionales de derechos humanos, como la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto implica garantizar la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos, así como su libertad de expresión y asociación.

Asumir responsabilidad y compromiso real: Las autoridades locales deben asumir su responsabilidad en la promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Esto va más allá de simples declaraciones y exige acciones concretas, como investigar y sancionar a quienes perpetúan actos de violencia y persecución contra los defensores de derechos humanos, pero también el establecimiento de protocolos claros y suficientes para atender las situaciones de vulnerabilidad presentadas.

Es momento de que las autoridades locales demuestren un compromiso real y efectivo en la protección de los derechos humanos y la promoción de la paz y la justicia social en nuestra ciudad. Su acción o inacción impacta directamente en la vida y seguridad de quienes trabajan incansablemente por un mundo más justo y equitativo.

18. Exigir Investigación de la Fiscalía General de la Nación y Contraloría: Como lideres sociales y comunitarios, defensoras y defensores de derechos humanos, demandamos a la Fiscalía General de la Nación y Contraloría realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales en la protección de los derechos humanos y la seguridad de los defensores.

Normativas Internacionales y Estándares de Derechos Humanos: En términos de normas internacionales, la Fiscalía General de la Nación debe cumplir con los estándares establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Estas normativas establecen claramente las responsabilidades de las autoridades en la protección de los derechos humanos y la seguridad de quienes los defienden.

Investigación Exhaustiva y Efectiva: Exigimos a la Fiscalía General de la Nación que lleve a cabo una investigación exhaustiva y efectiva sobre el cumplimiento de estas obligaciones. Es necesario que esta investigación garantice la participación activa de las víctimas y sus representantes en el proceso de investigación y sanción de los delitos. La falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades locales ante actos de violencia y persecución contra defensores de derechos humanos es una preocupación urgente que debe ser abordada con seriedad y responsabilidad.

Garantía de Justicia y Protección: La investigación de la Fiscalía debe garantizar que se haga justicia y se proteja efectivamente a los lideres sociales y comunitarios, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones, proyectos y procesos que trabajan por la Paz. Esto implica identificar y sancionar a quienes perpetúan actos de violencia y persecución, así como implementar medidas de protección efectivas para prevenir futuros ataques y garantizar un ambiente seguro para quienes trabajan en la defensa de los derechos fundamentales.

Es hora de que las instituciones encargadas de velar por la justicia y protección de los derechos humanos actúen de manera contundente y eficiente. La vida y seguridad de los lideres sociales y comunitarios, defensoras y defensores de derechos humanos dependen de la efectividad de estas investigaciones y medidas de protección.

Convocamos de manera urgente a la creación y fortalecimiento de una mesa REAL Y ACTIVA de observación, análisis, protección, atención, prevención y mitigación de las problemáticas expuestas en este manifiesto. Esta mesa debe estar integrada con las organizaciones de derechos humanos, mesas de paz, memoria, victimas, grupos etarios, empresarios, academia, instituciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, líderes comunitarios y sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, firmantes de paz, así como representantes de la sociedad civil. Es vital unir esfuerzos y trabajar de manera coordinada para abordar las causas profundas de la violencia, la persecución y la vulneración de derechos que asolan nuestras comunidades en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.

La realidad es cruda y evidencia la urgente necesidad de acciones concretas y compromisos firmes en pro de la paz, la justicia social y el respeto a los derechos humanos, responsabilidades que incumben a toda la ciudadanía. 

Este manifiesto es un grito desesperado a la acción y la solidaridad de todos aquellos comprometidos con la paz y la dignidad humana. Exigimos enérgicamente el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, la seguridad de los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios que día a día arriesgan sus vidas por un mundo mejor. Demandamos políticas efectivas de prevención de las violencias basada en género, así como el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

La crudeza de la realidad en el Valle de Aburrá y Medellín nos golpea con fuerza. La violencia, la discriminación y la exclusión continúan siendo flagelos que afectan especialmente a los más vulnerables y marginados de nuestra sociedad. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta tragedia humana. Las autoridades y la sociedad en su conjunto deben tomar medidas concretas y efectivas para garantizar la protección y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que han sido históricamente marginados y silenciados.

Nos solidarizamos con las víctimas de violencia, con los líderes comunitarios y sociales que enfrentan riesgos inimaginables, con los defensores de derechos humanos que son amenazados y perseguidos por su valiente labor, con las mujeres y personas de los sectores LGTBIQ+ que sufren violencias basadas en género y discriminación, estigmas y prejuicios y con todas las personas que anhelan un mundo más justo y pacífico. Es hora de dejar atrás la indiferencia y la pasividad, y unirnos en la construcción de un futuro donde la paz, la justicia social y los derechos humanos sean pilares inquebrantables de nuestra convivencia.

Este manifiesto será transformado en una grabación para su difusión como podcast y en otras plataformas digitales, ampliando así su alcance y llegando a un público más diverso.

Con copia a las Administraciones Municipales del Valle de Aburrá, Fiscalía, Contraloría, Personería, Defensoría del Pueblo, Medios de Prensa, Fuerza Pública y a los Organismos del Esclarecimiento de la Verdad en el País, así como a las instancias internacionales de paz. Dirigido también a los Liderazgos Comunitarios y Sociales, Organizaciones Sociales (ESAL), Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Activistas y a todos los grupos, sin importar sus orígenes o circunstancias; este mensaje es para toda la Ciudadanía Nacional.

SOS ¡Un Grito Por la Justicia Social y la Protección de los Derechos Humanos en el Valle de Aburrá y la Ciudad de Medellín, por una ciudad más justa, pacífica y solidaria!

Esta iniciativa surge de los líderes comunitarios y sociales, defensores de derechos humanos, firmantes de paz, Mesas de Víctimas, Mesas de Derechos Humanos, Veedurías, Juntas de Acción Comunal, la Agenda Ciudadana de Paz, Diálogos y Construcciones de Paz de Medellín y del Valle de Aburrá, Organizaciones de Verdad y Memoria del Valle de Aburrá y Medellín, y todas las personas y organizaciones que se unen a través de nuestro formulario oficial.