MANIFIESTO POR EL ESTADO DE DERECHO Y LA DEMOCRACIA 

Julio 17 del 2024 Los suscritos ciudadanos, movidos por una profunda preocupación por el irrespeto  que observamos frente a las instituciones y a quienes las integran, solicitamos al  Presidente de la República honrar su juramento ante el pueblo colombiano de  respetar la Constitución y las leyes y, en consecuencia, cumplir con el mandato  constitucional de simbolizar la unidad de la Nación, garantizar los derechos y  libertades de todos y cesar sus expresiones agresivas que podrían desencadenar actos de violencia política. 

Es esencial reconocer la independencia de las ramas del poder público que son  autónomas y no apéndices del Gobierno. La Constitución impone la colaboración  respetuosa y armónica entre las distintas ramas del poder público.  

Estos principios cardinales se materializan en una serie de paradigmas tales como  estos: 

(a) Respetar la Constitución y las leyes y gobernar dentro del marco jurídico e  institucional que éstas imponen y que constituyen, por definición, el gran  acuerdo nacional y el elemento unificador de la Nación, que debería permitir  la convivencia pacífica y armoniosa de los colombianos. 

(b) Reconocer que todo ciudadano debe ser tratado de manera respetuosa y sin  discriminación alguna, independientemente de las posturas que tenga frente  al Gobierno. 

(c) Aceptar que el pueblo de Colombia somos todos, independientemente de las  diferencias derivadas de las opiniones políticas y de las condiciones sociales,  económicas, raciales, religiosas o sexuales. Ese concepto no es monopolio  de nadie y los funcionarios del Estado solo pueden actuar para promover  políticas inspiradas en el bien común de todos los colombianos.  

(e) La obligación del presidente de la República de unir a la Nación alrededor de  propósitos superiores, le obliga a abstenerse de una retórica encaminada a  dividirnos y a enfrentarnos. Es deber de todos los funcionarios usar un  lenguaje ponderado y respetuoso, en especial cuando se refieren a otras  instituciones, a los integrantes de órganos judiciales o de control, o a quienes  ejercen el derecho a disentir. 

(f) Respetar y defender los derechos humanos, desplegando esfuerzos reales,  efectivos y eficientes para proteger la vida, la honra y los bienes de los  ciudadanos en todo el territorio nacional. Hacer efectivo el derecho de los  colombianos al desplazamiento en todo el territorio nacional, sin temor a ser  víctimas de atracos, secuestros o asesinatos. Para ello, es necesario  garantizar que el monopolio de la fuerza esté radicado exclusivamente en  cabeza del Estado y combatir su ejercicio por parte de grupos armados  ilegales.

(g) La Constitución consagra que “la actividad económica y la iniciativa privada  son libres dentro de los límites del bien común”. El Estado, y en particular el  Gobierno, tienen la obligación de establecer un clima adecuado para la  inversión privada y para la promoción del desarrollo económico en el contexto  del Estado social de derecho. La situación económica actual y su prospectiva 

futura imponen drásticas correcciones en la acción gubernamental. 

(h) Es imperativo respetar el derecho que tenemos todos a escoger, en un  contexto de sana competencia entre entidades estatales y privadas, aquellas  que nos suministran los servicios públicos domiciliarios y los de salud,  educación y pensiones, entre otros.  

(h) Garantizar la realización de elecciones libres en 2026 en cada uno de los  municipios del país y, en especial, en aquellas zonas sometidas al asedio de  grupos violentos. 

(i) Es perentorio que el Gobierno se abstenga de formular amenazas contra la  Constitución. Si considera necesaria su reforma, debe plantear su contenido ante el Congreso y la manera de realizarla dentro de las alternativas  institucionales.  

En síntesis: los regímenes democráticos son los que promueven políticas incluyentes, el respeto por los órganos judiciales y las opiniones ajenas, la seguridad  ciudadana, la protección de la vida, la gestión económica responsable, la libertad  de empresa y el acceso al trabajo formal. 

Los firmantes de este manifiesto solicitamos un firme compromiso con la estabilidad  institucional, un cambio en el lenguaje, para que éste sea ecuánime, respaldado por  hechos verificables y sólidos argumentos. Reclamamos un gobierno que logre  convertir el discurso de paz en realidades concretas en tantas zonas devastadas  por la violencia. 

Colombia enfrenta retos muy grandes que requieren cambios estructurales. Pero  todos ellos se pueden lograr dentro del marco de la Constitución, que es, en últimas,  el gran acuerdo nacional construido por consenso entre los colombianos. 

 

Firman: